Falló el sistema… por podrido

Muy quitado de la pena, como si no hubiera sido sentenciado como agresor sexual contra una menor de edad y quizá sin un mínimo de remordimiento, el todavía rector espurio de la Universidad Autónoma de Zacatecas(UAZ), Rubén Ibarra Reyes, fue visto un día después de salir de prisión en la Plaza Altaria, en el estado de Aguascalientes, de compras junto a su cónyuge Perla Trejo Ortiz, hoy electa como secretaria general para el próximo rectorado que encabezará Ángel Román.

Su caso no es el único. En lo que va de este año se han documentado al menos 102 denuncias por abuso sexual y 84 por violación en Zacatecas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta abril de este año. Entre esas víctimas probablemente se encuentran menores de edad, niñas como a la que Rubén Ibarra interrumpió su infancia y marcó su vida como el monstruo que es.

Ser funcionario público ayudó a visibilizar lo que miles de víctimas viven día a día en las fiscalías y en los juzgados: revictimización, discriminación, violencia institucional y, en última instancia, la injusticia de un sistema que no protege a las víctimas. Pero visibilizarlo no es garantía de que las instituciones harán lo justo para corregir el rumbo y que la impunidad no sea más un beneficio para los agresores.

En todo este entramado hay una red compleja de sucesos y complicidades que es necesario poner en perspectiva para dimensionar hasta dónde se ha podrido el sistema, un sistema que protege a quien vulnera los derechos de las víctimas, y particularmente de las infancias.

Una vez más, queda claro que con Claudia Sheinbaum no llegaron todas, porque con ella no llegó la menor víctima de una agresión sexual a manos de quien se ostentaba como cabeza de nuestra Máxima Casa de Estudios, lo que ya de por sí deja en rídiculo el triste papel de la Universidad en tiempos de la «nueva gobernanza».

Pero la UAZ no es únicamente Rubén Ibarra. La UAZ es una amplísima comunidad que hoy ha logrado la unidad que no ha podido conseguir el rector electo Ángel Román, quien ha guardado silencio ante un caso tan aberrante.

Hoy las voces universitarias (y de la sociedade zacatecana) se han sumado en una sola exigencia: fuera el rector de la UAZ; fuera el pacto patriarcal; fuera los agresores sexuales; fuera quien vulnera a las infancias.

Noviembre-Diciembre de 2024

Durante el mes de noviembre se presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) una denuncia en contra de Rubén de Jesús Ibarra Reyes marcada con el Expediente No. 12305/2024, por el delito de «Violación sexual y lo que resulte», cometido en contra de una niña.

En el mismo mes se concretó la compra de un bien inmueble al ISSSTE a favor del Sindicato de Personal Académico de la UAZ (SPAUAZ), encabezado por la secretaria general Jenny González Arenas.

Al cierre de 2024,en sesión del 27 de diciembre, la 65 Legislatura aprobó la llamada Reforma Judicial a fin de que Zacatecas pudiera participar en la elección judicial de este 2025 y así renovar por voto popular diversos cargos en el Poder Judicial del Estado de Zacatecas.

Febrero de 2025

Para el día 18, luego de un largo proceso de emplazamiento y tras realizar un plebiscito, estalló la huelga en la Máxima Casa de Estudios. Al mismo tiempo, opositores a la dirigencia sindical comenzaron un proceso legal en contra de la secretaria general del SPAUAZ, Jenny González Arenas, por presunta administración fraudulenta en la compra de un bien inmueble al ISSSTE.

En este periodo, la secretaria general del sindicato habría solicitado un amparo que posteriormente sería sobreseído al no haber materia, aunque el proceso judicial aún continuaba abierto.

Marzo de 2025

Luego de 23 días de huelga, a mediados de febrero se llegó a un acuerdo entre autoridades centrales de la Rectoría y el SPAUAZ para terminar el conflicto. Las clases se reanudarían el 18 de marzo, con diversas acciones a las que aún darían seguimiento, como las convocatorias para recategorizaciones. En todo momento, las mesas de trabajo fueron encabezada por el secretario general de la UAZ, Ángel Román, y la secretaria general del SPAUAZ, Jenny González.

Al mismo tiempo, siguiendo con el proceso de Reforma Judicial, el día 15 de marzo fueron publicados los listados definitivos de candidaturas que contenderían para la elección judicial, listados en los que ya no figuró el abogado Darío Gamón, defensor del exalcalde Julio «N» y quien se había inscrito para contender por un cargo de juez en el proceso electoral judicial local.

No hay que olvidar que Darío Gamón no logró ser candidato a un cargo del Poder Judicial por mera suerte, luego de la denigrante tómbola para sortear las candidaturas, porque sí figuró en las listas de perfiles elegibles e idóneos que aprobaron los Comités de Evaluación.

Abril de 2025

A mediados de abril, el abogado Darío Gamón logró que un juez federal concediera una suspensión definitiva a la orden de aprehensión en contra de Julio «N». Para entonces, el abogado ya había sido descartado como candidato para el proceso electoral judicial local.

Por esas fechas, comenzó el proceso electoral en la UAZ, con la etapa de registros y el arranque de campañas en la última semana del mes. Aunque la secretaria general del SPAUAZ (entonces con licencia), Jenny González, aún tenía un proceso judicial abierto, el trámite de un amparo (y sin tener sentencia) le permitió registrarse como candidata a la Rectoría. Únicamente tendría un contricante: Ángel Román, secretario general de la UAZ, también con licencia.

Mayo de 2025

Previo al inicio de votaciones en el proceso electoral de la UAZ en el sistema semiescolarizado (10 de mayo), se informó de la detención del rector Rubén Ibarra para cumplimentar una orden de aprehensión en su contra, derivada de la denuncia presentada en noviembre de 2024. Seis meses tardó la FGJEZ en llevar al presunto responsable ante la justicia.

Para entonces, el abogado Darío Gamón ya se presentaba como defensor del todavía rector de la Universidad, quien apenas un mes antes había logrado la suspensión definitiva a la orden de aprehensión en contra de Julio «N».

Durante la madrugada del 15 de mayo, concluida la jornada electoral de votaciones en la UAZ, se determinó que Ángel Román era el virtual ganador de la contienda por la rectoría, al lograr un 57.08% de la votación. Su contrincante, Jenny González, admitió el resultado, pese a las múltiples incidencias e irregularidades durante el proceso y la jornada electoral.

El día 16 de mayo, luego de más de 20 horas de audiencia y en acuerdo entre las partes para un procedimiento abreviado, el juez Alfredo Sánchez sentenció a Rubén Ibarra a cuatro años de prisión, reparación integral del daño y una multa, luego de reclasificar el delito de violación equiparada agravada como abuso sexual agravado, delito considerado «no grave», lo que permitió que el agresor confeso obtuviera la suspensión condicional de la pena para llevar su proceso en libertad.

El mismo día, 16 de mayo, se informó que el Consejo Universitario definirían sobre la continuidad de Rubén Ibarra en el cargo. Se espera que el Pleno sesione este lunes 19 de mayo a las 17:00 horas para deliberar sobre su situación.

Al día siguiente, 17 de mayo, la secretaria general del SPAUAZ (con licencia), Jenny González, fue vinculada a proceso por el delito de «administración fraudulenta», derivado de la compra de un bien inmueble al ISSSTE.

Omisiones y complicidades

Luego de esta cronología, y en medio de este entramado, no hay que perder de vista varios elementos que exhiben la putrefacción del sistema. Por ejemplo, entre la presentación de la denuncia marcada con el Expediente No. 12305/2024 y la detención de Rubén Ibarra transcurrieron al menos seis meses. ¿Desde cuándo tenía orden de aprehensión? Recuérdese que el delito de violación se persigue de oficio y en esos términos fue presentada la denuncia.

Es curioso que durante el proceso de huelga, entre febrero y marzo de este año, el aún rector de la UAZ ni se presentó en las mesas de trabajo con el SPAUAZ, ni tuvo agenda pública. Desde entonces se rumoraba que se encontraba en el vecino estado de Aguascalientes, donde se le vio este fin de semana luego de la suspensión condicional de su pena por abuso sexual agravado. ¿Allá se escondía para evadir la justicia?

Además, no hay que perder de vista los tecnicismos y términos en los que se desarrolló la larguísima audiencia de más de 20 horas (otra señal de que la justicia sigue siendo ininteligible para el común de la población), principalmente la reclasificación del delito de violación equiparada agravada por abuso sexual agravado.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Zacatecas vigente, el delito de violación amerita no sólo actuación de oficio (en el caso de Rubén Ibarra, se solicitó prisión preventiva justificada y oficiosa), sino que también implica una pena máxima de 30 a 32 años de prisión. En cambio, la pena por el delito de abuso sexual apenas alcanza de 4 a 7 años de prisión, con la posibilidad de duplicar la pena si hubiera violencia física «o moral».

Entre ambos términos hay una diferencia crucial: el delito de violación implica que haya cópula (introducción del miembro viril en la víctima); el delito de abuso sexual no, incluso se menciona la no intencionalidad para llegar a la cópula. Además, el Código Penal señala que para los delitos de violación, no se gozará del beneficio de la libertad provisional bajo caución.

Lo anterior implica que, con la reclasificación realizada por el juez Alfredo Sánchez, el acusado no sólo tendría una pena menor, sino que Rubén Ibarra también podría compurgar su pena en libertad.

Sin embargo, el propio juez omitió una disposición del Código Penal, específicamente lo establecido en el Párrafo III del Artículo 237 Bis: «Las penas y multas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentarán en una mitad en su mínimo y su máximo, cuando (…) El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión utilizando los medios o circunstancias que ellos le proporcionen; además de la pena de prisión, el condenado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión«.

Si el juez Alfredo Sánchez tenía la obligación de acatar esta disposición al momento de dictar sentencia, ¿por qué delegar en el Consejo Universitario la decisión de remover al rector de la UAZ?

Asimismo, no hay que olvidar las acusaciones de «filtración» de la carpeta de investigación, lo que sin duda vulnera el debido proceso y contribuye a la revictimización de la víctima. Como se recordará, Darío Gamón ya había incurrido en esta práctica (junto a la entonces diputada Violeta Cerrillo) desde abril de 2023, cuando en la 64 Legislatura se llevaba el proceso para la declaración de procedencia en contra de Julio «N». En términos llanos, su desafuero.

En ese entonces, la «filtración» del expediente, incluyendo numerosos datos de la carpeta de investigación que debían ser protegidos, sólo tenía la finalidad de tumbar el proceso judicial en contra de su defendido. Dos años después, la situación se repite en el caso de Rubén Ibarra, con el mismo abogado defensor, el mismo que pretendía conseguir un cargo en la elección judicial de este año.

Por otro lado, si la FGJEZ a través de su representante la fiscal especializada Martha Berenice Vázquez no tenía datos de prueba contundentes (o quizá por otros intereses personalísimos), muy probablemente habría sugerido a la víctima optar por el procedimiento abreviado que al menos garantizaría la reparación del daño y así se evitarían meses de audiencias, sin garantía de una sentencia condenatoria.

Para coronar este entramado que aún no llega a su desenlace, se informó que la noche del domingo 18 de mayo Rubén Ibarra presentó ante la Secretaría General de la UAZ su renuncia con carácter de inmediata e irrevocable al cargo de rector de la Universidad, lo que cambia el escenario sobre la decisión que debería tomar el Consejo Universitario en sesión extraordinaria de este lunes.

Luego de este desaseado proceso, en el que lamentablemente aún no se integra el Tribunal de Disciplina Judicial, uno se preguntaría si este caso es el único que carga Rubén Ibarra o si existen más víctimas. ¿Por qué viajaba con tanta frecuencia y regularidad a la Ciudad de México?, ¿de qué manera se relacionan sus visitas a la capital del país con la Casa Hogar que administra el SEDIF?

Finalmente, tras este entramado de intereses de todo tipo, quedó claro que los derechos de la víctima, una niña menor de edad que tuvo el valor de denunciar, fueron el último interés, nada superior, para las instituciones. ¿A cambio de qué?