La diputada Renata Libertad Ávila Valadez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la LXV Legislatura del Estado, presentó este jueves dos iniciativas legislativas de gran trascendencia para fortalecer el marco jurídico estatal en materia de justicia digital e inclusión social.
En su primera propuesta, la legisladora planteó una reforma de fondo al Capítulo II del Título Octavo del Código Penal del Estado de Zacatecas. Esta iniciativa responde a la urgente necesidad de enfrentar el crecimiento de la ciberdelincuencia, el uso indebido de inteligencia artificial y la vulneración de datos personales en el entorno digital.
Entre las nuevas conductas sancionables, explicó, se encuentran el ciberespionaje, el acceso ilícito a sistemas informáticos, el robo de bases de datos, la manipulación de información mediante IA y el uso de dispositivos no autorizados para fines delictivos.
Además, añadió, se prevé el aumento de penas cuando los delitos afecten a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad o instituciones clave como las de salud, justicia o seguridad pública.
Con esta reforma, afirmó la diputada, Zacatecas se alinea con estándares internacionales como el Convenio de Budapest y con avances legislativos en países como España, Chile y Colombia, al tiempo que llena vacíos normativos en el ámbito nacional, especialmente en lo relacionado con inteligencia artificial y nuevas tecnologías.
La segunda iniciativa presentada por la diputada propone modificar la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas para establecer dos nuevas figuras dentro de la administración pública municipal: la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual y la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad.
Ávila Valadez explicó que estas instancias estarán encargadas de diseñar políticas públicas, brindar acompañamiento y atención directa, promover campañas de sensibilización, capacitar al personal municipal y garantizar la accesibilidad en los servicios públicos. La propuesta también busca que estas oficinas estén coordinadas con organismos estatales, federales y de la sociedad civil.
Asimismo, destacó que, aunque algunos municipios, como la capital del estado, ya cuentan con oficinas similares, no existe una base legal que asegure su permanencia o réplica en el resto del territorio.
Esta reforma, enfatizó, busca institucionalizar su funcionamiento, para que ningún municipio quede sin atender a estas poblaciones históricamente excluidas.
Las iniciativas fueron suscritas por legisladoras y legisladores de diversas fracciones parlamentarias y fueron turnadas respectivamente a las comisiones de Hacienda y Fortalecimiento Municipal y de Justicia, para someterse a discusión y posterior dictamen.
Finalmente, en Asuntos Generales de la sesión, la diputada expresó su respaldo al movimiento estudiantil de la Universidad Autónoma de Zacatecas y reconoció “la dignidad, valentía y conciencia ética con la que se han manifestado en defensa de una universidad libre de violencia e impunidad: “No puedo, ni quiero, guardar silencio”, afirmó, tras denunciar que varios estudiantes han sido amenazados por ejercer su derecho constitucional a la protesta pacífica.
Por lo anterior, exigió a las autoridades estatales y universitarias detener de inmediato las represalias y amenazas contra estudiantes y docentes, y llamó a instalar una mesa pública de diálogo sin simulaciones. “Hoy, como ayer, las y los estudiantes, las mujeres que rompen el silencio, y el magisterio que alza la voz con dignidad, nos recuerdan que sin justicia no hay comunidad, y sin memoria no hay universidad posible”, concluyó.