
El diputado Alfredo Femat Bañuelos, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del Estado, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de incorporar en la legislación local lo establecido por la federación en torno al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, un instrumento clave para garantizar el derecho a una alimentación digna, la protección efectiva y el desarrollo integral de la infancia en Zacatecas.
Durante la exposición de motivos, el legislador señaló que, si bien desde el 8 de mayo de 2023 se publicó a nivel federal la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, y se otorgó a los Congresos locales un plazo de ciento veinte días hábiles para armonizar su marco normativo, el estado de Zacatecas aún no ha cumplido con dicha obligación. Esto significa que no forma parte de las veintiséis entidades federativas que ya aparecen en la plataforma nacional, lo cual implica una omisión que deja en la indefensión a niñas, niños y adolescentes ante el incumplimiento de obligaciones alimentarias por parte de sus progenitores o tutores.
El diputado explicó que la falta de armonización representa una deuda legislativa y una barrera concreta que impide el acceso pleno a mecanismos de protección diseñados para salvaguardar derechos fundamentales como el acceso a la alimentación, la vivienda, la educación y la salud. El incumplimiento de la pensión alimenticia no se trata solo de un problema legal, sino de una injusticia social profunda que impacta directamente en el bienestar y futuro de la niñez y adolescencia zacatecana, enfatizó.
La iniciativa presentada contempla tres reformas principales. La primera es la inclusión del concepto “Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias” en el artículo 4 de la ley estatal, como una figura reconocida oficialmente. La segunda consiste en adicionar un párrafo al artículo 109 para establecer que las autoridades competentes en Zacatecas tendrán acceso a dicha base de datos, a fin de garantizar la protección y restitución de derechos, y que el Tribunal Superior de Justicia será la instancia responsable de sistematizar y actualizar la información correspondiente. La tercera plantea que la Procuraduría de Protección pueda consultar estas bases de datos, conforme a la ley general y las normativas aplicables. Todo ello con el fin de facilitar el intercambio y análisis de información entre instituciones y fortalecer la respuesta del Estado ante casos de omisión alimentaria.
Femat Bañuelos subrayó que esta reforma busca que las obligaciones ya existentes se cumplan, y que ninguna persona que haya incumplido con su deber alimentario pueda permanecer en el anonimato ni evadir consecuencias legales, administrativas o sociales. Destacó que la intención es contribuir a una cultura de corresponsabilidad, donde los derechos de la infancia no dependan de la voluntad individual, sino de un marco institucional sólido que los respalde.
El legislador del PT llamó a sus compañeras y compañeros de legislatura a aprobar esta reforma con sentido de urgencia, ya que mientras no se actualice la ley local, más niñas, niños y adolescentes seguirán desprotegidos y sin acceso a un mecanismo que ya es obligatorio en el resto del país. Reiteró que Zacatecas no puede seguir siendo una de las pocas entidades rezagadas en el cumplimiento de esta política nacional de justicia social y protección a la infancia.