El pasado 28 de junio, en el mero Día del Orgullo LGBTTTIQ+ que pasó de noche para la «nueva gobernanza», la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) celebró sesión ordinaria y aprobó por mayoría de votos un incremento del 12% a la tarifa del agua potable.
El director del organismo, David Octavio García Flores, argumentó que en 2023 y 2024 no se aplicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor, una inflación que osciló entre 4.66% y 4.21%, respectivamente. Y que este incremento vendría a solventar el costo del saneamiento, siguiendo con lo establecido por la NOM-001-SEMARNAT-2021 para «mejorar la calidad del agua que se reutiliza o se descarga a cuerpos receptores«.
A este incremento se habría opuesto el Ayuntamiento de Zacatecas, a través de su representante Erik Muñoz, secretario de Gobierno municipal, pero un voto en contra no hizo diferencia frente al resultado final, lo que tampoco evitó dar herramientas para otra campaña de victimización de quien aspira a la gubernatura en el 2027.
El episodio, sin embargo, recuerda a otra escena bastante similar hará cosa de cinco años, cuando el quinquenio de Alejandro Tello estaba en su ocaso.
En aquel entonces, también por mayoría, se aprobó un incremento a las tarifas para incluir el cobro por alcantarillado, casi casi con los mismos argumentos que hoy esgrime el actual director de la JIAPAZ, en un tiempo en el que Ulises Mejía Haro y Julio César Chávez Padilla eran alcaldes de Zacatecas y Guadalupe, respectivamente.
El voto en contra provino del alcalde de Guadalupe, quien ya desde entonces le hacía el caldo gordo a una secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas. Pero su negativa no se quedó únicamente en el voto en contra.
Cómo olvidar el show del alcalde de la «honestidad y acciones firmes», años antes de convertirse en prófugo de la justicia por su coparticipación en el homicidio del abogado Raúl Calderón Samaniego.
Aquel incremento a las tarifas de agua potable por el cobro del servicio de alcantarillado fue utilizado como golpeteo político y con fines electorales por Chávez Padilla, no sin la ayuda de un Ernesto González Romo, hoy secretario de la Función Pública, pero que en aquel entonces era aviador en el Senado y buscaba la postulación para la candidatura a la presidencia municipal de Zacatecas en el proceso electoral 2020-2021 (y ya de paso, tumbar las aspiraciones de Mejía Haro que sigue soñando con la gubernatura).
No lo logró, pero el zar anticorrupción tuvo su premio de consolación con una diputación local en la 64 Legislatura, en parte gracias al espectáculo ruinoso derivado de aquella sesión de la JIAPAZ en la que se autorizó el incremento a las tarifas, un show que incluyó la promoción de amparos frente a este incremento y hasta un circo llevado a la presidencia municipal de Zacatecas.
Del otro lado, en el municipio de Guadalupe, las cosas no podían ser diferentes. Siguiendo las instrucciones de esa secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas, Julio César Chávez incluso hasta amenazó con salirse de la JIAPAZ e independizar las redes de agua potable y drenaje de Guadalupe de la infraestructura de la Junta. Pero nunca lo hizo. Obvio: el pataleo hubiera costado miles de millones de pesos, mucho más que un Viaducto elevado que nadie pidió.
Hoy el escenario es el mismo, pero con diferentes actores, y seguramente vendrá un Miguel Varela con la misma dinámica que en su momento aplicó Julio César Chávez antes de ser Julio «N»: victimizarse.
Nada más que las amenazas que pudiera vertir el tlaltenanguense carecen de credibilidad. Ya en su momento amagó con salirse del Issstezac, ¿y qué cree? No lo ha logrado. ¿Pero qué tal engañó a la base trabajadora del municipio?
Pero más allá de que estemos en la antesala de otro show ridículo como el vivido hace un lustro, más o menos, y de que quienes en aquel entonces cuestionaban los incrementos pero hoy son gobierno y los avalan, habrá que preguntarse si la JIAPAZ de verdad está cumpliendo con garantizar el derecho humano al agua y bajo qué condiciones lo hace.
No es secreto que el organismo depende totalmente de aguas subterráneas para abastecer del servicio a la población de Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande. Y que ante la escasez del vital líquido, los pozos se perforan cada vez a mayor profundidad, lo que encarece el servicio, pues la mala calidad del agua por los metales pesados exige la creación de plantas potabilizadoras.
En el traslado del agua, ¿se sigue perdiendo entre 40% y 60% del vital líquido por fallas en las líneas de conducción?, ¿cuánto se pierde por fugas al interior de los hogares?
Y aunque está en su última etapa el parque fotovoltaico con el que se alimentarán los pozos de la JIAPAZ para reducir los costos por consumo de energía eléctrica, gracias a una gestión de la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle, no dejan de llamar la atención las tarifas diferenciadas en el cobro de agua potable (incluso si se tuvo un consumo nulo) y si en realidad se está cobrando a precio justo el agua que llega a los hogares (cuando llega).
Porque algunos dirán que en Zacatecas (o al menos en los municipios que integran la JIAPAZ) el agua sale a precio de regalo, lo que poco abona a valorar en recurso natural finito y escaso en esta entidad semidesértica y cuyo futuro queda en manos de quienes no han podido concretar el megaproyecto de la Presa Milpillas. Y aunque lo lograran, ¿la población zacatecana valoraría en su justa dimensión esa agua que llegará a sus hogares?, ¿o sería el pretexto para desperdiciarla, como si no hubiera un mañana?
