A iniciativa de la diputada del Partido del Trabajo, Renata Ávila Valadez, la LXV Legislatura del Estado aprobó como de urgente u obvia resolución hacer un exhorto al Congreso de la Unión para abrogar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), publicada el 31 de marzo de 2007.
Durante la lectura de la iniciativa la diputada subrayó el carácter regresivo de dicha ley en materia de derechos laborales y seguridad social, ya que “sustituyó el sistema solidario de pensiones por un modelo individualista, administrado por el sistema financiero, lo que ha precarizado el retiro de miles de trabajadores y debilitado la función redistributiva del Estado”.
Ávila Valadez recordó que el derecho a una pensión digna forma parte del derecho humano a la seguridad social, consagrado en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En ese sentido, afirmó que “ninguna legislación puede implicar una regresión en derechos sociales ya reconocidos”, tal como lo establece el artículo primero de la Constitución mexicana.
Según datos del CONEVAL, señaló, más del 60% de las personas jubiladas bajo el régimen de cuentas individuales recibe una pensión inferior al salario mínimo, situación que coloca a miles de adultos mayores en estado de vulnerabilidad.
A ello, agregó, se suman las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que ha señalado una “rentabilidad limitada, opacidad en el sistema y pérdidas recurrentes en las cuentas individuales”, lo que incrementa la incertidumbre financiera de las personas pensionadas.
La diputada también enfatizó que esta legislación ha tenido un impacto especialmente negativo para las mujeres, al ignorar condiciones estructurales como la maternidad, el trabajo de cuidados no remunerado y la discriminación salarial. “Este modelo profundiza la desigualdad de género y castiga las trayectorias laborales fragmentadas”, lamentó.
Explicó que la iniciativa aprobada responde a una demanda legítima del magisterio y del sector público organizado y fue solicitada por sindicatos como la Sección 58 del SNTE, el SITTEZ, el Movimiento de Bases y la Asociación de Jubilados, luego de una mesa de trabajo realizada el pasado 22 de mayo donde se firmó una minuta con el compromiso legislativo de promover formalmente este exhorto.
“Esta iniciativa no es de una sola persona, es el eco de cientos de voces que durante años han exigido justicia laboral y dignidad para su vejez (…) Hoy el Congreso de Zacatecas se suma con decisión a esa causa”, afirmó Ávila Valadez.
Con la aprobación de este punto de acuerdo, la Legislatura local exhorta al Congreso de la Unión a derogar la Ley del ISSSTE de 2007 y a iniciar un nuevo proceso legislativo que derive en una ley de seguridad social integral, que observe los mandatos constitucionales y convencionales en la materia.