Para hacer efectivo el derecho a la educación de todas y todos, Geovanna Bañuelos propone modificaciones a la Ley General de Educación; la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de Educación Inclusiva y Adaptativa.
La propuesta de la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo busca ajustar los planes y programas de estudio para garantizar una educación inclusiva y adaptativa para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, mediante la eliminación de barreras que dificultan el aprendizaje y la participación.
Plantea la capacitación continua del personal educativo para que docentes y estudiantes conozcan y apliquen enfoques de educación inclusiva y los derechos de las niñas, niños y adolescentes; impulsa la participación activa de los estudiantes en la mejora educativa y en la formulación de políticas públicas, incorporando un enfoque interseccional que contemple la diversidad cultural, social y familiar.
Geovanna Bañuelos explicó que al incorporar en la Ley General de Educación el enfoque de educación adaptativa, implica adecuar contenidos, métodos, evaluaciones y recursos pedagógicos según las características y necesidades particulares de cada educando, sin segregar ni excluir, garantizando trayectorias educativas personalizadas y equitativas.
Señaló que la educación inclusiva y adaptativa no debe entenderse como una concesión del Estado ni como una moda pedagógica, sino como la condición necesaria para garantizar el derecho a aprender de todos los estudiantes, en condiciones de dignidad y justicia.
“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos que México ha dado pasos importantes al incorporar este enfoque en su legislación, no obstante, queda un largo camino por recorrer para traducir las normas en realidades tangibles”, mencionó.
Por lo que Geovanna Bañuelos apuntó que su propuesta establece que la Secretaría de Educación Pública deberá diseñar y ejecutar programas específicos para la educación especial, inclusiva y adaptativa, asegurando un sistema educativo libre de discriminación y accesible, con infraestructura, materiales, apoyos didácticos y personal capacitado para atender a personas con discapacidad en todos los niveles.
Y establece el derecho a una educación de calidad, basada en derechos humanos, igualdad sustantiva y respeto a la dignidad, que favorezca su desarrollo integral y permanencia en el sistema educativo sin discriminación alguna, particularmente a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad o discapacidad.
“La educación inclusiva y adaptativa no puede seguir siendo un enunciado en papel, debe ser una práctica viva, cotidiana y efectiva, que abra puertas, que derribe muros y que coloque al ser humano en el centro de todo proceso educativo”, concluyó Geovanna Bañuelos.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación; de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores, para su análisis y posterior dictaminación.