¿Que (ahora sí) la Fiscalía Anticorrupción está trabajando? Pues eso también está en veremos. No vaya siendo llamarada de petate únicamente para callar las acusaciones del secretario de la Función Pública (SFP), Ernesto González Romo, por no atender su necedad de llevar a la cárcel al exgobernador Miguel Alonso Reyes.
Lo cierto es que, desde entonces, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), a través de la citada fiscalía especializada, ha informado de recientes acciones de vinculación a proceso contra exfuncionarios de administraciones municipales por la presunción de diversos delitos, en gran parte derivados de la no presentación en tiempo y forma de sus respectivas Cuentas Públicas.
Uno de los casos que atrajo mayor atención fue la vinculación a proceso contra Javier «N», Ana «N» y Dulce «N», exservidores públicos del Ayuntamiento de Gral. Francisco R. Murguía (que ahora la 65 Legislatura pretende cambiarle el nombre para quedar sencillamente como Nieves) para el periodo 2021-2024, por omitir la presentación de la Cuenta Pública 2023.
Sin embargo, no es el único proceso penal que enfrentan, pues junto a otros exfuncionarios también fueron vinculados a proceso por el delito de robo calificado, al sustraer documentos de la Tesorería en septiembre de 2023, pese a estar en revisión por parte del Órgano Interno de Control.
Mejor le hubieran hecho como en Guadalupe en la pasada administración de José Saldívar, que haiga sido como haiga sido destituyó a su titular del Órgano Interno de Control, Natalia del Muro, justo en proceso electoral, y a pesar de las denuncias nunca hubo consecuencias… o al menos hasta el momento.
Pero no es el único caso de la Fiscalía Anticorrupción que ha llamado la atención. Ahora surge el caso del Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada, donde al menos tres exservidores públicos (incluyendo el presidente municipal de la administración 2021-2024) fueron vinculados a proceso por motivos similares: la no presentación de la Cuenta Pública 2023.
Más pronto que tarde, Rogelio «N», el exalcalde aludido en la vinculación a proceso, salió en redes sociales a desmentir lo que acusaba la Fiscalía Anticorrupción, al asegurar que la Cuenta Pública 2023 sí fue entregada puntualmente y que eso permitió la revisión de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
También alegó en su defensa que la desinformación institucional y las infiltraciones pueden destruir reputaciones antes de que un juez determine responsabilidades (ajá, sobre todo con el cambio de mando en el Poder Judicial). Y apeló a la presunción de inocencia y a no fabricar culpables o utilizar procesos penales como herramientas políticas.
Sin embargo, la información oficial, con evidencias, muestra una realidad diferente. Porque durante la administarción 2021-2024 del Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada no era el único incidente relacionado con sus Cuentas Públicas.
Como se recordará, a principios de abril de 2023 el Ayuntamiento remitió a la 64 Legislatura una solicitud de prórroga para la presentación de su Cuenta Pública 2022 derivado de restrasos administrativos porque el tesorero había tenido un accidente y por cambios de personal en diversas áreas de la administración municipal.
Aquella prórroga, sustentada en el Artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas que establece el 30 de abril como fecha límite para la presentación de la Cuenta Pública y los requisitos para aprobar una solicitud de prórroga, fue aprobada por el pleno el 3 de mayo de 2023, aunque el Decreto correspondiente fue publicado en el Suplemento del Periódico Oficial hasta el 27 de mayo del mismo año y fue la única prórroga autorizada por la 64 Legislatura con ese motivo.
Hasta ahí, en apariencia, todo bien. Porque incluso no hubo observaciones de la ASE para ese ejercicio fiscal. Pero un año después, cuando se llegó el plazo para presentar la Cuenta Pública 2023, el Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada volvió a remitir a la 64 Legislatura una solicitud de prórroga, con fecha del 15 de abril. Y la solicitud fue aprobada hasta por un mes de prórroga por el pleno de la 64 Legislatura en sesión del 2 de mayo con 17 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones.
Sin embargo, el Decreto 545 relativo a dicha solicitud de prórroga nunca fue publicado en el Suplemento del Periódico Oficial. En cambio, días más tarde, en el Suplemento del Periódico Oficial con fecha del 15 de junio de 2024 sí se publicó el Acuerdo 395 por el que la 64 Legislatura autorizaba a la ASE a iniciar los procedimientos administrativos contra el Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada, por la no presentación en tiempo y forma de la Cuenta Pública 2023, aún con la autorización de la solicitud de prórroga cuyo plazo había vencido el 31 de mayo de ese año.
Es por esta omisión, incluso con una prórroga autorizada por la 64 Legislatura, que la Fiscalía Anticorrupción encontró elementos suficientes para judicializar el caso del Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada y lograr una vinculación a proceso.
Si hubo o no daño al erario, eso ya es competencia de la persona juzgadora, pero lo que es un hecho (y están los documentos probatorios) es que no se presentó la Cuenta Pública 2023 en tiempo y forma, incluso con solicitud de prórroga.
Eventualmente vendrán acciones legales de la 65 Legislatura, si las hubiera, por los mismos motivos contra otros Ayuntamientos. Recordemos que el pasado 6 de mayo, la 65 Legislatura aprobó por unanimidad las solicitudes de prórroga de los Ayuntamientos de Mezquital del Oro y Vetagrande para la presentación de sus Cuentas Públicas 2024, pero no se autorizó para los Ayuntamientos de Cañitas de Felipe Pescador y Zacatecas (aunque este último la presentó en la fecha límite, barridos).
No obstante, el Decreto correspondiente sigue sin publicarse en el Suplemento del Periódico Oficial…
¿Se imagina que estas acciones legales tuvieran las mismas consecuencias para aquellos Ayuntamientos que inclumplen con la publicación de su información financiera (por decir lo menos), como marca no sólo la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Hacienda, sino también la Ley de Transparencia y Acceso a la Información?
Porque sobran los casos de quienes se excusan de cumplir esta normatividad apelando a la carga que implica la integración de sus Cuentas Públicas, como ha hecho el Ayuntamiento de Guadalupe cada primer trimestre de los últimos cuatro años. Pero, pues, cada quién…
