Cuando hablamos de pobreza va más allá de los ingresos, la pobreza monetaria no es todo, hay que hablar de pobreza multidimensional. Como decía Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, la gente pobre puede sufrir múltiples privaciones.
El proceso de envejecimiento es inevitable y México experimenta un envejecimiento poblacional significativo, un aumento en la esperanza de vida y una tasa de crecimiento poblacional desacelerada, ocasionando que cada vez haya más personas mayores y menos jóvenes. Además, las diferencias entre hombres y mujeres mayores presentan importantes desafíos económicos, sociales y políticos para las sociedades.
Lo anterior conlleva dificultades en áreas como la salud pública, la vivienda, el empleo y la jubilación, la atención médica y los cuidados a largo plazo. Además, los adultos mayores incrementan los riesgos de enfermedades múltiples, discapacidad, demencia y dolencias degenerativas. Esto implica que los gobiernos, a través de sus instituciones, están obligados a realizar acciones en beneficio de las personas adultas mayores.
El 10 de enero de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores por parte de México. En México existe la “Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores”.
El envejecimiento acelerado de la población mexicana presenta desafíos y oportunidades para los gobiernos, ya que es fundamental llevar a cabo reformas sustantivas e implementar políticas públicas específicas que brinden la atención necesaria a los adultos mayores en áreas concretas como la seguridad social, educación, alimentación, servicios de salud, recreación, así como a garantizar la sostenibilidad de las pensiones.
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2025), sólo el 40% de los mexicanos cumplen con la ingesta diaria recomendada de frutas y verduras. Esta situación impacta directamente en el aumento de enfermedades metabólicas como la diabetes y la obesidad.
La alimentación en México en 2025 sigue siendo un desafío crucial para la salud pública. Una alimentación deficiente contribuye al incremento de enfermedades crónicas no transmisibles. Estudios recientes muestran que la mala alimentación está vinculada a un mayor riesgo de hipertensión.
El derecho a la salud es un derecho humano reconocido en declaraciones internacionales como el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas, 1966) que se plantea que “todos los seres humanos tienen derecho al más alto nivel posible de salud física y mental”. En México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, establece el derecho a la protección de la salud.
El derecho a la salud se encuentra vinculado con otros derechos, como el derecho a la alimentación, el agua y el saneamiento adecuado, el medio ambiente no contaminado, ya que la insuficiencia de agua y de saneamiento facilita la difusión de enfermedades, como el dengue y contribuye a la propagación de la diarrea, el tifus y la hepatitis, entre otros.
En el año 2025 el gasto en materia de salud en nuestro país sufrió un recorte de 12.2% o 122 mil millones de pesos (mmdp) frente a 2024. Así, este año se cuenta con el presupuesto más bajo en salud pública desde 2022. Una gran cantidad de mexicanos no cuentan con las condiciones de salud y el acceso a los servicios no se encuentran satisfechas. Desafortunadamente, para una gran mayoría de personas, la vejez es sinónimo de dependencia, de enfermedades físicas y mentales.
El sistema de retiro por vejez en México actualmente enfrenta serios problemas de cobertura, sostenibilidad e inequidad. El presupuesto aprobado a las pensiones en el año 2025 equivale al 23.5% de todo el gasto público, lo que representa el 6% del Producto Interno Bruto (PIB). Este presupuesto destinado a las pensiones se vuelve cada vez más insostenible debido a la baja recaudación de impuestos, que no sólo pone en riesgo las pensiones, sino que limita el desarrollo económico del país.
Por otra parte, ha sido complicado sufragar los gastos que implican los programas sociales. La recaudación fiscal ha crecido 10% respecto al 2024, mientras que el presupuesto destinado a programas sociales “Programas para el Bienestar” pasó de 253 mil millones de pesos en 2019 a 741 mil millones de pesos en 2024 y a 835.5 mil millones de pesos en 2025.
En el año 2024, la “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” representó el 37.0% del presupuesto total destinado a programas sociales. Y concentra el 58% del presupuesto. Un buen sistema de pensiones implica un incremento del salario que se destina al retiro, sin que los trabajadores vean afectados sus ingresos. Pero dentro de poco no habrá dinero que alcance para las pensiones de los próximos a retirarse de sus empleos.
Una población envejecida y la disminución de la fecundidad están afectando la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones. Es así que muchos gobiernos están aumentando la edad de jubilación para hacer frente a la reducción de la fuerza laboral y garantizar la viabilidad de esos sistemas.
