Siete meses han transcurrido desde que la 65 Legislatura de Zacatecas aprobó por mayoría de 26 votos (y seis en contra) la despenalización del aborto con una reforma al Código Penal del Estado de Zacatecas por el que se eliminaban conceptos anacrónicos que criminalizaban a las mujeres por decidir sobre sus cuerpos, pero además establecía las bases para garantizar la interrupción legal del embarazo.
En aquella sesión que debió desarrollarse en sede alterna debido a manifestaciones de grupos provida mucho se enfatizó que nadie estaba a favor del aborto, pero debía considerarse en el marco normativo como última alternativa ante embarazos no deseados, y cuando se hubieran agotado otras opciones.
La iniciativa, además de buscar que se dejara de criminalizar a las mujeres, pretendía insertar a Zacatecas en una realidad imposible de negar, más cuando ya existía un mandato judicial para legislar al respecto y nuestra entidad iba muy, pero muy rezagada.
Porque mientras en la Ciudad de México tienen clínicas especializadas para la atención segura, gratuita y con carácter público desde hace por lo menos una década, en Zacatecas apenas se dio el primer paso en la interrupción legal del embarazo.
La iniciativa, originalmente promovida por colectivas del Movimiento Feminista, era más integral porque incluía no sólo reformas al Código Penal, sino también a la Ley de Educación del Estado de Zacatecas y a la Ley de Salud.
El tema llevaba por lo menos una década en la discusión pública, y habían transcurrido ya cuatro Legislaturas sin que alguna asumiera la responsabilidad de dar ese primer paso en garantizar uno de los derechos más reclamados por las mujeres y personas gestantes.
Sin embargo, con la aprobación de la reforma al Código Penal y a la Ley de Salud (falta la reforma a la Ley de Educación) no terminó la lucha, por el contrario, además de que faltan reformas a otros ordenamientos legales, ha sido imperativo vigilar el cumplimiento de las nuevas disposiciones en materia de interrupción legal del embarazo. Y ahí es donde hasta la 4T le ha fallado a las mujeres de Zacatecas.
Esta semana, colectivas del Movimiento Feminista dieron a conocer que a pesar de la reforma aprobada por la 65 Legislatura, sigue sin garantizarse la interrupción legal del embarazo en unidades médicas públicas con el argumento de que no hay medicamentos y si la solicitante quiere continuar con el procedimiento, los deberá costear de su propia bolsa. Así se incumple con la ILE de manera segura y gratuita.
Pero el problema va más allá. El pasado 26 de abril de 2025, en el Suplemento del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas se publicó el Convenio Segundo Modificatorio al Convenio Específico en Materia de Transferencia de Insumos y Ministración de Recursos Presupuestarios Federales para realizar Acciones en Materia de Salud Pública en las Entidades Federativas , que celebran, por una parte, el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.
Dicho convenio, aunque corresponde al ejercicio fiscal 2024, da una idea de la importancia que incluso desde la Federación se le da a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, particularmente en lo que toca a la interrupción legal del embarazo.
De acuerdo con el documento, el año pasado la Federación debió destinar a Zacatecas unos 10 millones 365 mil 18.55 pesos en insumos (en especie) para la atención de la salud sexual y reproductiva. De ese monto, 190 mil 855.04 pesos corresponden al programa Aborto Seguro. Es decir, apenas el 1.8% del total de insumos para salud sexual y reproductiva, cuya mayor inversión la acapara la salud materna (más del 60%).
Además, según el Anexo 5 del mismo documento, para el caso del programa Aborto Seguro la Federación únicamente considera para Zacatecas la ministración de sólo 78 unidades de Mifepristona con una inversión total de 61 mil 230 pesos, así como 24 jeringas de plástico de grado médico para aspiración manual endouterina, con inversión de 97 mil 440 pesos.
También se incluyen 3 mil trípticos para difusión del procedimiento, con costo de 14 mil 268 pesos; y 268 carteles en el mismo sentido, con inversión de 7 mil 417 pesos. En total, 180 mil 355.04 pesos de inversión federal para la atención del Aborto Seguro en Zacatecas durante el ejercicio fiscal 2024.
Y aunque al estado le debería corresponder complementar estas inversiones para garantizar la interrupción legal del embarazo de forma segura y gratuita, en los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ) que dicen que encabeza Uswaldo Pinedo Barrios hacen como que la Virgen les habla, pues ni siquiera contemplan en su programación presupuestal algo relativo a la ILE, a diferencia de la atención a la salud mental, a cuyas acciones les destinan más de 93 millones de pesos sin que hasta el momento se haya publicado la reforma y el reglamento en la materia.
Lo dijimos en su momento: no basta con que se hayan aprobado las reformas para despenalizar el aporto y para la interrupción legal del embarazo, mucho menos que la 4T o la «nueva gobernanza» se precien de ser progresistas por haber respaldado las iniciativas.
Porque si de verdad fueran progresistas, la interrupción legal del embarazo de forma segura y gratuita estaría, antes que todo, en su programación presupuestal de este ejercicio fiscal y formaría parte de sus políticas públicas. Como dijera sabe quién: ¿somos o no somos progresistas?
