Aunque Maricarmen Salinas apenas lleva unos meses al frente de la Secretaría de Administración (SAD), seguramente su antecesora Verónica Yvette Hernández López de Lara le heredó sendos problemas sobre el manejo del gasto público, y muchas, pero muchas mentiras institucionales.
Ya desde la primera comparecencia de la entonces secretaria de Administración con motivo de la glosa del primer informe de gobierno, Hernández López de Lara mentía con todos los dientes en el caso de las supuestas economías en el gasto en combustible (una de las mayores vías de fuga de recursos) y los ahorros que generaría un nuevo esquema que impulsarían para el arrendamiento de vehículos.
Desde este espacio, gracias a los informes financieros trimestrales que publica la Secretaría de Finanzas, dimos a conocer en su momento la verdad sobre el dispendio en dichos conceptos que, contrario al discurso oficial, no se traducían en ahorros para la administración pública.
Quizá por esa razón en su última comparecencia ante la 64 Legislatura con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno, que mañosamente no se desarrolló ante el Pleno, la todavía titular de la SAD ya no destacó entre los logros de la «nueva gobernanza» las supuestas economías en el gasto en combustible, sino que concentró su discurso en otra mentira: la pretendida reducción en el gasto en nómina.
Durante dicha comparecencia en octubre del año pasado, Hernández López de Lara había informado que en el periodo correspondiente al tercer informe de gobierno se habían logrado eficiencias en el gasto en nómina por unos 190 millones de pesos y que en tres años de administración ya llevaban economías por 700 millones, dizque por la aplicación de medidas de austeridad y reestructuración orgánica.
Y para rematar, aseguró que si se continuaba con estas medidas, en lo que restaba de la administración se lograrían eficiencias adicionales cercanas a los 600 millones de pesos, que impactarían en una contención del gasto en nómina por unos 1 mil 260 millones de pesos en todo el sexenio.
Sobre estas mentiras mucho tendrá que aclarar ante el Pleno de la 65 Legislatura la actual secretaria de Administración, Maricarmen Salinas, pues los informes financieros trimestrales que publica la Secretaría de Finanzas revelan una verdad muy diferente al discurso oficial.
Por ejemplo, en el caso del gasto en el Capítulo 1000, de «Servicios personales», más que generar economías o eficiencias, la «nueva gobernanza» ha tenido un incremento del 32.59% en el gasto en nómina, equivalentes a poco más de 4 mil 63 millones de pesos en los últimos cuatro años.
En contraste, durante el todo quinquenio de Alejandro Tello el gasto en este concepto apenas tuvo un crecimiento de 15.64%, que representan algo así como 1 mil 686.6 millones de pesos entre el 2016 y el 2021, con todo y el impacto de la pandemia por el COVID-19.
Y no es como que el aunmento en el gasto en nómina durante la «nueva gobernanza» responda al incremento salarial que se negocia año con año con la base trabajadora, mucho menos al costo inflacionario estimado en cada Paquete Económico.
El tema no es cosa menor considerando que, para este ejercicio fiscal, el gasto programado para el Capítulo 1000 representa el 38.15% del total a ejercer en el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas.
En esto de la eficiencia en el gasto público, la titular de la SAD, Maricarmen Salinas, tampoco puede hacerse de la vista gorda en conceptos como el gasto en combustible, servicios de arrendamiento y en la adquisición de vehículos.
En el primer caso, según los informes financieros trimestrales de la SEFIN, la erogación en combustible se ha disparado en 80.24% en lo que va de la actual administración, al pasar de 99.8 millones de pesos en 2021 a casi 180 millones de pesos este año. Y eso que apenas contamos con la información al 30 de junio. Habrá que ver si aumenta el gasto programado para la segunda mitad de este 2025.
Respecto a los servicios de arrendamiento (en cuyo gasto no sólo se contempla la renta de mobiliario, equipo e inmuebles, sino también vehículos de transporte), la erogación ha tenido un crecimiento del 14.15%, equivalente a poco más de 6.5 millones de pesos en lo que va de la actual administración.
Sobre este concepto, no hay que olvidar el «Acuerdo Administrativo que Fomenta la Austeridad Republicana para el Estado de Zacatecas en Materia de Parque Vehicular» y el «Acuerdo mediante el cual se reforman y derogan diversos artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Estado de Zacatecas», con los cuales se justificó la desaparición de los talleres mecánicos del Gobierno del Estado, pero también el arrendamiento de vehículos en licitaciones amañadas, como también dimos a conocer en su momento.
A la par, el gasto programado en la adquisición de vehículos ha acumulado 646 millones 396 mil 953 pesos entre el 2022 y el 2025, con la reserva de que en la segunda mitad del año el gasto en este concepto se incremente para este ejercicio fiscal (usualmente, con la adquisición de patrullas y otros vehículos para labores de seguridad).
Lástima que en este concepto, la adquisición de vehículos, no han sido pocas las investigaciones que han demostrado una y otra vez que el principal beneficiario ha sido César Deras y su empresa Deral Automotriz, con precios inflados y licitaciones por demás amañadas de las que el secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, prefiere hacerse de la vista gorda y concentrar sus energías en suspender a toda la base trabajadora del Centro de Conciliación Laboral tan sólo porque no les dan la razón en los juicios laborales que van perdiendo, luego del desastre en los procesos de despido.
En un estado que lleva casi cuatro años de estancamiento económico porque nunca arrancaron los dichosos «ejes tractores» (cualquier cosa que eso signifique), resulta una burla su pretendida «austeridad republicana» (o como le quieran llamar) cuando el dinero de las y los contribuyentes se despilfarra sin mayores consecuencias.
Porque no se olvida que en casi cuatro años de «nueva gobernanza», esa nómina secreta bajo los denominados «Estímulos por Responsabilidad en el Cargo» aún continúa beneficiando a jefes de gabinete de primer y segundo nivel y algunos cargos menores, representando un gasto anual de entre 7.5 y 12 millones de pesos. Pero, pues, cada quién…
