La austeridad simulada

Desde campaña, David Monreal replicó en Zacatecas el discurso de una pretendida «austeridad republicana» que ha promovido durante casi cinco años la 4T; un discurso que reiteró en su toma de protesta como gobernador, y le hizo segunda la vocería oficialista en la 64 Legislatura con la aprobación del Paquete Económico 2022.

Ese discurso ha mantenido la misma línea en lo que va de la actual administración, a tal grado que los despidos producto de un «terrorismo laboral» (y que hoy se traducen en laudos millonarios) fueron justificados como «medidas de austeridad en materia de recursos humanos».

Así consta en el Suplemento del Periódico Oficial publicado el pasado 8 de enero del 2022, donde se da a conocer el «Acuerdo que modifica los Lineamientos de Austeridad Republicana en Materia de Recursos Humanos, para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas».

Y siguiendo con esta línea de la pretendida «austeridad», el 26 de enero del mismo año se publicó el «Acuerdo Administrativo que Fomenta la Austeridad Republicana para el Estado de Zacatecas en Materia de Parque Vehicular» y el «Acuerdo mediante el cual se reforman y derogan diversos artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Estado de Zacatecas».

Desde entonces, en Lalalá News ya advertíamos que con estas medidas con las que se pretendía reducir en más del 30% el parque vehicular, además de desaparecer los talleres mecánicos del Gobierno del Estado, implicarían el arrendamiento de vehículos en condiciones muy poco honestas.

De hecho, en esta materia, el «gobierno de la transformación» ha tenido particular inclinación por contratar los servicios de Deral Automotriz, propiedad de César Deras, uno de los principales patrocinadores de la campaña de David Monreal para la gubernatura, y así consta en los registros de contratos disponibles para consulta pública en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

La audacia del «gobierno de la transformación» llegó a tal grado que, en la glosa del primer informe de gobierno, la secretaria de Administración, Verónica Yvette Hernández López de Lara, informó ante el pleno de la 64 Legislatura que producto de estas medidas de «austeridad» se había contenido el gasto en combustible en un 45 por ciento.

Sin embargo, los informes financieros de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) demuestran todo lo contrario. Por ejemplo, en el 2021, el gasto en combustible ascendió a 99 millones 863 mil 993 pesos, y el año pasado este gasto aumentó a 100 millones 519 mil 268 pesos. Eso significa que en lo que va de la actual de la administración, el gasto en combustible ha aumentado en 19 millones 147 mil 771 pesos.

Pero la «austeridad» simulada no se limita a ese concepto. Según los mismos informes financieros de la SEFIN, el gasto en Servicios de arrendamiento pasó de 46 millones 547 mil 421 pesos en 2021 a 111 millones 340 mil 636 pesos. Es decir, más del doble en tan solo dos años.

Y si nos vamos al gasto en Vehículos y equipo de transporte, este gasto se reduce drásticamente: mientras en 2021 se habían devengado 56 millones 309 mil 364 pesos en este concepto, para este apenas se habrían asignado unos 11 millones 591 mil 139 pesos. Un recorte de casi 45 millones de pesos que seguramente se trasladaron a los Servicios de arrendamiento.

El tema viene a colación porque este viernes 2 de junio, en las oficinas de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración, se firmará el contrato correspondiente a la Licitación pública estatal LPE-SEDUZAC-932049954-03-2022, relativa al «arrendamiento puro de 30 camionetasnuevas tipo pick up y una camioneta SUV nueva«, solicitados por la Subsecretaría Administrativa de la Secretaría de Educación (SEDUZAC).

Desde el acta de la Junta de Aclaraciones, celebrada el pasado 16 de mayo, se advertía que había al menos cuatro empresas interesadas en participar en el concurso: Deral Automotriz SA de CV (no podía faltar la empresa favorita del «gobierno de la transformación»); Servicios y Arrendamientos GOB SAPI de CV; Grupo Turbofin SAPI de CV; e Integra Arrenda SA de CV SOFOM ENR.

En dicha acta, resulta interesante ver la coincidencia de preguntas entre las primeras dos empresas, las cuales continuaron en la siguiente etapa del proceso de licitación con la presentación de propuestas técnicas y económicas, junto a Integra Arrenda.

Sin embargo, ya en el acta de apertura de propuestas técnicas y económicas se advertía que algo no estaba bien con la licitación y estas inconsistencias se confirman en el acta de fallo, dictado el pasado 26 de mayo, en la que se informa que Deral Automotriz y Servicios y Arrendamientos GOB no cumplieron con lo solicitado en el Anexo 1 de las bases, en lo relativo a  contar con un call center, administración web de flotilla y localización GPS. Las dos empresas con la misma falta.

A ello hay que agregar que las propuestas económicas de dichas empresas eran muy similares: Deral Automotriz, con una oferta por 11 millones 508 mil 220.80 pesos (IVA incluido); y Servicios y Arrendamientos GOB, por 11 millones 316 mil 124.80 pesos. Una diferencia de apenas 192 mil 96 pesos.

Qué casualidad que la tercera empresa que participó en la licitación cumpliera con lo establecido en las bases de la licitación y presentara la oferta más económica, por 7 millones 317 mil 282.20 pesos (IVA incluído). Es decir, una diferencia de hasta 4 millones 190 mil 938.60 pesos respecto a la propuesta de Deral Automotriz, y de hasta 3 millones 998 mil 842.60 pesos en relación con la oferta de Servicios y Arrendamientos GOB.

La empresa que ganó el fallo de la licitación es nada menos que Integra Arrenda SA de CV SOFOM ENR, filial de Grupo Andrade, perteneciente a Ángel Mieres Zimmermann, presidente del Consejo de Administración de El Heraldo de México. Además, el CEO de Integra Arrenda es José Alfredo Abascal, cuyas actividades reciben mucha atención por parte de los medios que conforman el grupo El Heraldo de México.

Pues bien, Grupo Andrade se ha convertido en el principal proveedor de vehículos del Gobierno federal en este sexenio. De hecho, recientemente ganó 2 licitaciones de SEDENA por un total de 8 mil 147 millones para el arrendamiento de vehículos.

Se trata de un corporativo con varias irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), especialmente por el incumplimiento de contratos y la presunta simulación de operaciones, al no comprobar la entrega de los vehículos adquiridos o arrendados.

En el caso de Integra Arrenda, se ha visto favorecida con al menos 150 contratos en los últimos cinco años, según los registros en la PNT, de los cuales 86 corresponderían con la Federación y el resto, con instituciones de las entidades federativas.

Se trata de la misma empresa que en el primer trimestre de este año ganó una licitación de la Secretaría del Bienestar, por «Servicio de Arrendamiento Transporte Vehicular Terrestre dentro del Territorio Nacional», hasta por 3 mil 641 millones 577 mil 670 pesos.

Pero volvamos al caso de la Licitación pública estatal LPE-SEDUZAC-932049954-03-2022, cuyas condiciones son muy similares a un caso registrado en Baja California Sur en 2019, en el contrato 2019/35LP-GBCS-SFA-SSA-DRM-056, un «contrato multianual para la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos» firmado con Integra Arrenda.

Dicho contrato consistía en la renta de 49 vehículos con diferentes características que serían utilizados por la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario; la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Educación Pública.

La vigencia del contrato sería del 15 de mayo de 2019 al 31 de agosto de 2021, periodo durante el cual el gobierno pagaría 23 millones 667 mil 248 pesos. Sin embargo, en los 7.5 meses que abarcaba el contrato del 2019, únicamente se pagarían 6 millones 454 mil 704 pesos. Una cantidad menor por la renta de más vehículos en un mismo lapso que la licitación para el caso de Zacatecas.

De hecho, las características de este contrato en Baja California Sur son muy similares a la de la licitación de la SEDUZAC, incluyendo el origen de los recursos: el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), además de las características del servicio a contratar:

  •  Esquema de arrendamiento puro bajo la modalidad “todo incluido” con rentas mensuales vencidas.
  •  Localización satelital de gps
  •  Pago de derechos tales como alta de placas, alta y baja por extravío y/o robo de placas, tenencias, verificaciones.  Todas las unidades deberán contar con un seguro de cobertura amplia
  •  Auto sustituto (vehículo de gama similar en caso de pérdida total)
  •  Mantenimiento preventivo de acuerdo con lo establecido por el fabricante.
  •  Mantenimiento correctivo
  •  Neumáticos (cambio por desgaste)
  •  Deberán contar con taller de servicio en la cuidad de Zacatecas o Guadalupe, Zac.
  •  Trámite y gestoría vehiculares
  •  Garantía de vehículos emitidas por el fabricante
  •  Centro de atención telefónica 24/7

Tomando en cuenta estas circunstancias, no sorprendería que el «gobierno de la transformación» empezara a rentar patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública simulando licitaciones donde el fallo favorece a Integra Arrenda, como ya ha ocurrido en infinidad de casos en otras entidades del país (y así consta en los registros de la PNT).

En el fondo, el análisis de gastos en los informes financieros a los que hemos aludido solo demuestran que la pretendida «austeridad republicana» es mera fantasía demagógica del «gobierno de la transformación». Y este esquema de presunta corrupción se extendería hasta la Delegación de Programas para el Desarrollo. Al tiempo…

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