Usualmente, la presidencia de la Comisión de Vigilancia se asignaba a alguna diputación de la primera minoría en el Poder Legislativo, tratándose de algún grupo parlamentario de oposición al partido o coalición que representara al Poder Ejecutivo, en un intento de imprimir cierta objetividad en la revisión de cuentas públicas y en la fiscalización de entes públicos.
Sin embargo, ya desde la 64 Legislatura había visos de romper con esta práctica parlamentaria (incluso excluyendo a diputados de ciertas bancadas), intentos que se consumaron ya en la 65 Legislatura, que no tuvo empacho en asignar la presidencia de la Comisión de Vigilancia a un partido afín a la coalición gobernante desde el Poder Ejecutivo.
De hecho, el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece los casos de excepción para ocupar la presidencia de esta comisión: «no podrá ser ocupada por un diputado o diputada del mismo partido político que haya postulado al titular del Poder Ejecutivo«. Y agrega: «En caso de que el Poder Ejecutivo hubiese sido postulado por dos o más partidos políticos, la restricción se entenderá únicamente para el partido político del que emanó la postulación«.
Así, hoy tenemos en la presidencia a la diputada del PVEM, Lyndi Bugarín, y como secretarios: Karla Estrada (PAN), Martín Álvarez (MORENA), Carlos Peña (PRI), Ana María Romo (MC) y Renata Ávila (PT). Ahí no figura representación del PRD, pese a que la normatividad establece que esta comisión estará integrada por al menos un diputado de cada grupo parlamentario.
Para el caso específico de la revisión de Cuentas Públicas, se establece un trabajo conjunto con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, hoy presidida por la diputada de MORENA Ruth Calderón, y como secretarios: Maritere López (PAN), Marco Vinicio Flores (MC), Lyndi Bugarín (PVEM), David González (PRI) y Alfredo Femat (PT). Ojo: nuevamente no hay representación del PRD.
Pues bien, como parte del quinto periodo extraordinario de sesiones del primer año constitucional, este jueves sesionó el Pleno de la 65 Legislatura a fin de discutir y votar los dictámenes de 38 cuentas públicas del ejercicio fiscal 2023, correspondientes al Poder Ejecutivo estatal, municipios y organismos operadores de agua potable y alcantarillado.
¿Lo llamativo? Que de los 38 dictámenes, 20 no tenían montos observados, mientras los 18 restantes acumulaban observaciones por un total de 55 millones 615 mil 51.02 pesos. Y la diferencia entre dictámenes tampoco pasa desapercibida: el municipio de Trinidad García de la Cadena fue el que tuvo un mayor monto observado, por 11 millones 868 mil 176.50 pesos, en contraste con la cuenta pública del Gobierno del Estado, que apenas alcanzó 1 millón 694 mil 495.91 pesos en observaciones.
Es decir, el monto observado para el municipio de Trinidad García de la Cadena representa el 55.49% de su Presupuesto de Egresos 2023; mientras que en el caso del Gobierno del Estado, el monto observado apenas representa el 0.004% de su Presupuesto de Egresos 2023.
Previamente, durante la sesión de comisiones unidas de Vigilancia y de Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Maritere López había manifestado su rechazo a los dictámenes debido a que no se dio tiempo suficiente para revisarlos y los asuntos se desahogaron en apenas 15 minutos, sin mayor discusión.
Ya en sesión del Pleno, correspondiente al quinto periodo extraordinario, el diputado Jesús Padilla, como presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), solicitó que se dispensara la lectura de dictámenes y se pasara directamente a la discusión y votación. Y que los dictámenes fueran abordados en paquete, no en lo individual.
Al mismo tiempo, la diputada Maritere López solicitó al Pleno le autorización para excusarse de la votación del dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del municipio de Guadalupe (que casualmente no tuvo montos observados) debido a que ella había formado parte de aquella administración y para evitar conflictos de interés.
No siguió su ejemplo el diputado Eleuterio Ramos, de quien se dictaminaba la Cuenta Pública 2023 del municipio de Valparaíso (con apenas 1 millón de pesos en observaciones), del cual había sido alcalde en dicho periodo y tenía evidente conflicto de interés. Claro: la Ley no le obligaba a excusarse de la votación.
Y así, sin discutir el contenido de los dictámenes, en apenas 20 minutos, el Pleno aprobó por mayoría (con el único voto en contra por parte de la diputada Maritere López) el primer paquete de 38 Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2023 haiga sido como haiga sido y con criterios que dejan a la imaginación si tal vez hubo una fiscalización selectiva en esta ocasión.
No se puede omitir el hecho de que se trata de las últimas cuentas públicas que le tocará fiscalizar al actual auditor Superior del Estado (ASE), Raúl Brito Berúmen, quien dejará el cargo en 2026 y posiblemente ésta haya sido su oportunidad para hacerse de un oneroso patrimonio (a cambio de una fiscalización selectiva) antes de dejar el cargo.
Mientras tanto, sigamos disfrutando lo votado. Total: el oficialismo tiene mayoría en el Legislativo para hacer y deshacer a su antojo, en complicidad con la llamada oposición, cuyos yerros son hoy su talón de Aquiles mediante el cual fácilmente pueden vender su voto a cambio de impunidad. Pero, pues, cada quién con sus discursos…
