Desde que en noviembre de 2024 inició el procedimiento de extinción del entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ya se anticipaba el resultado dizque en aras de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas para el pueblo. Porque mientras el pueblo sepa menos, más funciona la 4T.
A casi cinco meses de extinto el que fuera el organismo garante del derecho al acceso a la información y la protección de datos personales, la tendencia a la opacidad es más que evidente desde el gobierno federal, con más de 90% de resoluciones de rechazo a solicitudes de información.
Y hablamos de casi 100 mil asuntos que estuvieron detenidos por varios meses, mientras en la Federación trataban de dar certeza al nuevo órgano garante dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno al que denominaron algo así como Transparencia para el Pueblo.
Zacatecas no se quedó atrás. A mediados de junio se consumó también la extinción del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), luego de la reforma constitucional en la materia y tras la instalación del proceso de entrega recepción. Y los problemas desde entonces no distan mucho del escenario nacional.
En este espacio advertíamos desde entonces la preocupación por ciertas disposiciones a las nuevas leyes de Transparencia y la de Protección de Datos Personales del Estado de Zacatecas, y la incertidumbre que generaba la falta de marco reglamentario para el nuevo órgano denominado Transparencia para el Pueblo de Zacatecas.
Pero pasó la extinción del IZAI, se dio la transición (y el cambio de estafeta) al nuevo órgano garante, y el derecho a la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales quedaron en el olvido, más cuando el propio secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, continuó en su papel de guiñapo de la «nueva gobernanza» atrayendo los reflectores a llamaradas de petate y su pleito casado con el exgobernador Miguel Alonso Reyes.
Sin embargo, para quienes aún creemos en la transparencia y el acceso a la información como una forma de democratizar los gobiernos y la toma de decisiones con recurso público, no se olvida que las obligaciones en materia de transparencia no desaparecieron con la extinción del IZAI ni del INAI. Ni se olvida que el pasado 31 de julio venció el plazo para que los sujetos obligados publicaran en la Plataforma Nacional de Transparencia sus obligaciones correspondientes al segundo trimestre del año.
¿Y qué cree? Que la desaparición de los organismos autónomos trajeron como consecuencia un serio retroceso en la materia, aunque no era de sorprender, menos con una «nueva gobernanza» caracterizada por la opacidad.
Pero vamos más allá. En un ejercicio como los realizados por el IZAI para la evaluación de obligaciones a sujetos obligados, revisamos cuántos municipios habían publicado mínimamente sus informes financieros al segundo trimestre de este 2025, ya no digamos el resto de sus obligaciones de transparencia.
En términos llanos, únicamente 12 municipios han cumplido al 100% con la publicación de su información financiera de los primeros dos trimestres de este año en la PNT, mientras 23 municipios no han cargado un solo documento a la plataforma en dos trimestres consecutivos.
Entre los sujetos obligados que sí cumplieron en tiempo y forma, pese a la extinción del IZAI y la indiferencia de la SFP y Transparencia para el Pueblo de Zacatecas, están los municipios de Atolinga, Fresnillo, Pánfilo Natera, Jerez, Juchipila, Río Grande, Saín Alto, Tepechitlán, Trancoso, Valparaíso, Villa González Ortega y Villa Hidalgo.
En contraparte, entre los sujetos obligados que hoy desprecian el derecho de acceso a la información (y todo indica que se oponen a la transparencia) destacan los municipios de Apozol, Apulco, Calera, Cañitas de Felipe Pescador, Concepción del Oro, Cuauhtémoc, Florencia de Benito Juárez, Gral. Francisco R. Murguía, Huanusco, Jiménez del Teul, Loreto, Luis Moya, Mazapil, Mezquital del Oro, Miguel Auza, Monte Escobedo, Moyahua, Ojocaliente, Pánuco, Sombrerete, Teúl de González Ortega, Vetagrande y Villa García.
Estos 23 municipios que no han transparentado su información financiera no quieren que el pueblo zacatecano sepa cuánto dinero recaudaron en los primeros seis meses del año, y mucho menos que se enteren cómo y en qué se gastaron ese presupuesto, o incluso si hicieron modificaciones al presupuesto aprobado. Y a la SFP tampoco le interesa que cumplan, de lo contrario, ya estarían emitiendo las medidas de apremio que señala la nueva normatividad.
Además, tenemos a seis municipios que cargaron sus informes financieros a la PNT, pero de manera parcial. Por ejemplo, Chalchihuites, Joaquín Amaro, Juan Aldama y Tlaltenango publicaron sus informes de egresos en el primero y segundo trimestres, pero no transparentaron sus informes de ingresos.
Más grave es el caso de Noria de Ángeles, que en ambos trimestres sólo publicó un balance que no dice gran cosa, y mucho menos desglosa ingresos y egresos como el resto de los municipios, mientras en Tepetongo de nada sirve que hayan subido a la PNT su información de manera parcial, pues de todos modos los documentos de consulta son de acceso restringido.
También está el caso de tres municipios que sí transparentaron su información financiera del segundo trimestre del año, pero siguen incumpliendo con la publicación de sus informes del primer trimestre: Genaro Codina, Morelos y Nochistlán.
En cambio, tenemos a 14 municipios que aunque cumplieron con sus informes del primer trimestre, cuando todavía existía el IZAI, ya no hicieron lo propio en el segundo trimestre porque ya no hay órgano garante que les obligue a transparentar su información: El Salvador, Gral. Enrique Estrada, Guadalupe, Jalpa, Melchor Ocampo, Momax, Pinos, Santa María de la Paz, Susticacán, Tabasco, Trinidad García de la Cadena, Villa de Cos, Villanueva y Zacatecas.
Recordemos que los informes financieros trimestrales no sólo corresponden a una obligación en materia de transparencia, sino también a un marco normativo financiero, fiscal y hacendario que obliga a todo ente público a transparentar esta información.
Ante este desprecio a la transparencia y el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, rendir cuentas ya no sólo es una exigencia para el zar anticorrupción Ernesto González Romo, sino también para las y los diputados locales (y federales) que con su voto avalaron reformas para extinguir a los órganos garantes y así, de un plumazo, institucionalizar la opacidad en tiempos del segundo piso de la transformación y de la «nueva gobernanza». Pero, pues, cada quién…
