Delegación del Bienestar, bajo auditoría

Desde que la hoy senadora Verónica Díaz Robles se encontraba al frente de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Zacatecas, en este espacio informábamos con datos oficiales que los dichosos Programas del Bienestar tenían serias irregularidades que en su momento observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

No fueron pocos los casos de corrupción en el cobro de Pensiones del Bienestar para Adultos Mayores, con observaciones por más de 70 millones de pesos en el estado de Zacatecas, acumulando diversos casos en los que se realizaron pagos duplicados o donde las pensiones eran cobradas por personas ya difuntas.

También expusimos en su momento que los cacareados Programas del Bienestar no estaban llegando a los que menos tienen, con base en lo que revelaba la Encuesta Nacional del Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH) y la medición multidimensional de la pobreza que realizaba en su momento el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Una dinámica que se ha mantenido hasta la fecha, según las últimas mediciones del INEGI.

Eso también lo demostramos en este espacio, al evidenciar que los multicitados Programas del Bienestar no estaban dando los resultados que se esperaban, mucho menos cuando había tanta disparidad en los datos reportados desde la Federación y la propia Delegación de Programas para el Desarrollo en Zacatecas (vaya, hasta reportaban mayor número de pensiones para adultos mayores entregadas que el número de adultos mayores en la entidad).

Pues esa dinámica de presunta corrupción, en la que artificialmente se reporta una disminución de 17% en los índices de pobreza en nuestra entidad, ha continuado bajo la conducción de Adilene Rosales al frente de la Delegación, con las mismas prácticas de su antecesora, incluyendo el terrorismo laboral al que están sujetos Servidores de la Nación.

Sin embargo, hoy se sabe que la Delegación de Programas para el Desarrollo en Zacatecas está bajo un proceso de auditoría muy exhaustiva debido a que se detectó un faltante de más de 500 tarjetas del programa Pensión Universal para Personas con Discapacidad, ese donde el estado aporta hasta el 50% de la inversión y que no es poca cosa, considerando que para este año se etiquetaron 240 millones de pesos de inversión estatal para tal fin.

No obstante, pese a estar extraviadas (es un decir), se sabe que dichas pensiones sí se cobraron al menos en el último año. Eso significaría que alguien se habría quedado con 9 millones 450 mil pesos en ese lapso.

La sospecha de este presunto desvío de recursos se refuerza luego de las diversas manifestaciones entre la población susceptible de recibir el beneficio, como la más reciente en junio de este año por parte de habitantes del municipio de Fresnillo, que tenían más de un año se haberse registrado en el programa y sin haber recibido el apoyo federal.

Esta dinámica ha sido similar a otros Programas del Bienestar: población que lleva su documentación para hacer el registro, pero les demoran los trámites, dicen haber extraviado algunos documentos, piden nueva documentación, y así les traen a vuelta y vuelta.

En el fondo, se sospecha que dichos registros sí se llevan a cabo en tiempo y forma, pero durante un lapso que podría oscilar entre seis meses y un año alguien cobra dicho programa hasta que se reporta un extravío de tarjeta para ser repuesta. Es entonces cuando ya se les hace entrega a los beneficiarios del programa. ¿Y quién vio?

En el caso de la Pensión Universal para Personas con Discapacidad, el presunto desvío de recursos podría ser mayor, considerando que las denuncias ciudadanas que datan desde que la senadora Verónica Díaz Robles se encontraba al frente de la Delegación en Zacatecas.

Suponiendo que esta práctica se hubiera mantenido en los últimos cuatro años, estaríamos hablando de unos 33 millones 585 mil pesos aproximadamente que no habrían llegado a sus beneficiarios, pero que alguien en posesión de dichas tarjetas los habría cobrado. Y hablamos únicamente del supuesto en el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, pues aún faltaría por contabilizar las presuntas irregularidades en los demás Programas del Bienestar.

Eso sí, al interior de la Delegación (e incluso exservidores de la nación) comentan que algunas de estas tarjetas se encuentran en posesión de actuales subdelegados regionales e incluso exsubdelegados que hoy ocupan algún cargo público fuera de la administración federal, como el actual diputado José Luis González Orozco, a quien señalan de tener en su poder unas 50 tarjetas de la Pensión para Personas con Discapacidad.

Si se confirmaran estos desvíos durante la auditoría a la que hoy está sujeta la Delegación que hoy encabeza Adilene Rosales, uno se preguntaría ¿y dónde está el dinero presuntamente desviado?

La respuesta es sencilla: inversiones a través de terceros. Pues según las denuncias que han llegado a nuestro espacio (y las evidencias que hemos podido recabar), hay personal en la Delegación (incluyendo servidores de la nación) a quienes han obligado a adquirir vehículos y registrarlos a su nombre, con pagos en efectivo. Así difícilmente se podría rastrear las operaciones que hay detrás debido a que se trata de servidores públicos por honorarios que no están obligados a hacer declaración patrimonial.

Además, llama la atención el emporio en el que han convertido el complejo de Colinas del Padre, que hoy parece más la residencia oficial de quienes integran la secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas.

Y las irregularidades en la Delegación de Programas para el Desarrollo en Zacatecas van todavía más allá, pero de eso hablaremos en próximas entregas. Por lo pronto, a disfrutar lo votado con la reforma judicial, y el pan y circo con el puente patrio. ¡Nos leemos hasta el próximo miércoles!