Entre todo el desastre que ha representado la «nueva gobernanza» para Zacatecas desde que David Monreal rindió protesta como gobernador en septiembre de 2021, quizá de los pocos resultados positivos que pueda presumir la actual administración es la reducción constante y sostenida de la deuda pública.
Fue una de las llamadas «herencias malditas» con las que el entonces candidato a la gubernatura buscaba el cargo para resolver, aunque ya desde el primer día nos recetó demasiados pretextos para la ineficiencia de su gabinete en el ejercicio del presupuesto.
La transición en la Secretaría de Finanzas fue diferente al resto de las dependencias, pues el primer titular de la dependencia con David Monreal fue el mismo con el que concluyó su quinquenio Alejandro Tello.
Ya desde antes del proceso de entrega recepción, Ricardo Olivares Sánchez había implementado una política de cero deuda de corto plazo, además de otras medidas de disciplina financiera que permitieran al estado transitar en sus finanzas.
Si bien esta disciplina no evitó los conflictos magisteriales y de pago de proveedores en el arranque de la administración, esto no se debió a la ineficiencia en el trabajo realizado en la SEFIN, sino a la ineptitud del gabinete con el que inició la «nueva gobernanza» y principalmente a decisiones tardías que sólo abonaron a acrecentar el conflicto magisterial.
Sin embargo, más allá de los flujos financieros, la principal presión para Zacatecas ha sido la deuda pública y su alto costo, pues además de comprometer casi una tercera parte del presupuesto total del estado (recordemos que en algún momento llegó a superar los 8 mil 300 millones de pesos), limitaba los recursos que se podían invertir en infraestructura o en programas sociales.
Gran parte de la labor realizada por Olivares Sánchez se centró en sanear las finanzas y generar nuevos instrumentos legislativos que evitaran futuros endeudamientos, una tarea a la que hoy da continuidad la actual titular de la SEFIN, Ruth Angélica Contreras, no sin importantes retos para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Al inicio de la actual administración el saldo de la deuda pública de Zacatecas ascendía a 7 mil 61 millones 278 mil 197.60 pesos y la presión que representaba pudo ser mayor luego de atravesar por el impacto que generó la pandemia del COVID-19 y la inestabilidad en las tasas de interés, de no ser porque desde la administración anterior se habían contratado los seguros financieros llamados SWAPS para aminorar los costes en el pago de intereses.
Desde aquel septiembre de 2021 a la fecha, Zacatecas ha pagado 3 mil 213 millones 106 mil 376.90 pesos en deuda pública, pero de ese monto sólo 537 millones 566 mil 327.70 pesos se han ido en amortizaciones (pago a capital) y el resto, unos 2 mil 675 millones 540 mil 49.20 pesos, corresponden al pago de intereses.
Lo anterior deja ver el altísimo costo que está pagando el estado por una deuda heredada, que tampoco se tradujo en mejores condiciones de bienestar para Zacatecas, pues en cuatro años de administración el pago de intereses ha representado cinco veces más que lo que se canaliza al pago de capital para amortizar esta deuda pública.
Y según el último reporte del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al segundo trimestre de este año, Zacatecas hoy es la entidad que paga la tasa de interés más alta en todo el país, de un 9.2 por ciento.
El mismo reporte de la SHCP muestra el impacto que ha tenido la política de no contratar deuda de corto plazo, además de reducir el pasivo circulante (que incluye el pago a proveedores y contratistas), pues mientras al inicio de la administración las obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas representaban 1.5% de los ingresos totales, para el segundo trimestre de este año este indicador se redujo a (-)8.2 por ciento.
Más importante aún es el indicador correspondiente a la deuda y obligaciones sobre los ingresos de libre disposición porque es el margen que da al estado para realmente incidir en programas y acciones.
Al inicio de la administración la deuda y las obligaciones representaban el 57.7% de los ingresos de libre disposición, pero para este año apenas representan 41.8%; es decir, en cuatro años se ha logrado una eficiencia en 15.9 puntos porcentuales para contar con más ingresos de libre disposición que se puedan invertir en otras prioridades que no sean la deuda pública. Que así lo hagan, ya es otro cantar…
Por encima de todo, no hay que perder de vista que esos 3 mil 213 millones 106 mil 376.90 pesos que se han pagado en deuda pública en los últimos cuatro años equivalen casi casi a la inversión que representaba el Viaducto elevado que nadie pidió, pero también significan casi la mitad de lo que implicaría invertir en la Presa Milpillas.
De ese monto, si nos centráramos únicamente en lo que se ha ido al pago de intereses en estos cuatro años (más de 2 mil 675 millones de pesos), con ese monto se podría solventar el déficit en la nómina educativa que hoy se gestiona a través del Programa U080 y que para este año representa unos 2 mil 500 millones de pesos.
Y aunque la mejora en la calificación crediticia de Zacatecas también se trate de buenas noticias que reflejan ese saneamiento financiero, no hay que perder de vista que incluso sin recurrir a deuda de corto plazo, la deuda de largo plazo aún se pagará durante las próximas tres administraciones, si bien nos va (y si las siguientes administraciones no recurren a nueva deuda).
Eso sí, garantizar estabilidad financiera en un entorno complicado para Zacatecas es muy diferente a ser eficientes en el gasto, porque con este gabinete (sobre todo en algunas dependencias como la SEDUZAC, la SEDESOL o el SEDIF) ya hemos visto que priorizan el robo por encima de la inversión en el bienestar de la población, especialmente en el «Año del Bienestar». Pero, pues, cada quién…
