Confiar en que únicamente los programas de transferencias de recursos o de apoyos asistenciales incidirá en una reducción de la población en situación de pobreza y pobreza extrema es pecar de mucha ingenuidad.
Sabido es que no hay recurso que alcance para una política social con tales características, mucho menos que cumpla su objetivo cuando la prioridad en su distribución no está en la población más vulnerable.
Aunque en teoría se contribuye a acortar las brechas de desigualdad (que todos reciban lo mismo, por igual, lo necesiten o no), en el fondo esta política social conduce a una dependencia de los programas del gobierno, lo que convierte al supuesto desarrollo y bienestar en oropel.
Ya la Encuesta Nacional sobre el Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH) que elabora el INEGI daba cuenta de que en los hogares de menores ingresos poco había cambiado la proporción de ingresos provenientes del trabajo, y aunque las transferencias de recursos llegaban a representar hasta 78% de sus ingresos, gran parte correspondían más a remesas que a programas de gobierno, a diferencia de los hogares con mayores ingresos.
Muy bien que los programas sociales hayan sido elevados a rango constitucional, en esa intención de que cada persona tenga derecho a lo mínimo indispensable para su desarrollo. Pero si en la operación de dichos programas prevalece el tufo de corrupción, el segundo piso de la transformación no se distingue mucho de lo que hicieron sus antecesores del PRIAN.
Con este preámbulo, vayamos a lo que fue la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Social, Bennelly Hernández, quien destacó particularmente los apoyos educativos que van desde la entrega de útiles escolares (con todo y mochilas), uniformes y hasta acciones de infraestructura escolar; los convenios con municipios para infraestructura social básica (que corresponden al ejercicio de recursos provenientes del FISE y FAIS) o el reparto de calentadores solares; y hasta la entrega de la Pensión Universal para Personas con Discapacidad, en la que Zacatecas fue pionero en convenir recursos con la Federación (hasta invertir unos 480 millones de pesos por año).
Nada más que la licitación SAD-932079957-15-2025 para la adquisición de paquetes de útiles escolares revela un precio infladísimo, de casi el triple del costo real, y algo similar se podría decir de las licitaciones para adquisición de mochilas, loncheras y hasta calzado escolar, como hemos expuesto en este espacio una y otra vez. ¿Acaso se roba en aras de la justicia social y el bienestar de las y los zacatecanos?
Sobre el reparto de uniformes, no son pocas las quejas en planteles escolares donde Servidores de la Nación (que nada tendrían que ver en el programa) imponen a los proveedores que habrán de surtir las prendas y hasta los constructores que se habrán de encargar de las obras de mejora en las escuelas. ¿Negocio redondo para quién?
Ya si hablamos de los convenios con municipios para infraestructura social básica, sobran las quejas ya no sólo por la discriminación a los gobernados por la oposición, sino porque estas obras no se llevan a las regiones con los índices de desarrollo humano más bajo, como bien apuntó el diputado local Alfredo Femat.
Ahora que eso de pensar que el reparto de calentadores solares (y vaya usted a saber si son gratuitos, subsidiados o a sobrecosto para sacarle provecho) es lo mejor de lo mejor, pues tampoco cuando hay hogares sin conexión a las redes de agua potable o drenaje (y que tendrían el calentador solar nomás de adorno), sin energía eléctrica, sin pavimentación o que sólo representan condiciones de hacinamiento, sin techo firme, y a veces hasta sin certeza jurídica.
Lo de la Pensión para Personas con Discapacidad ya está de más, no sólo por la sospecha de desvío de recursos a través de tarjetas «extraviadas» que se siguen cobrando, sino por la desaparición de apoyos específicos para cada tipo de discapacidad (recordemos que Zacatecas tiene la proporción más alta de personas con discapacidad en todo el país) para suplirlos por apoyos genéricos que no son funcionales para quienes viven esta condición.
Y que le pregunten a la directora del Instituto para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad, Miriam García Zamora, a quien tampoco han consultado para homologar padrones de beneficiarios en el reparto de la pensión, un padrón que acapara la Delegación de Programas para el Desarrollo, con todo el tufo de corrupción que eso pueda significar.
En definitiva, para Bennelly Hernández, fue otra comparecencia con mensaje político más que resultados, en una «nueva gobernanza» acostumbrada a la «burbuja del bienestar» en la que todo parece bonito (más cuando sólo se informa del ejercicio fiscal 2024 y no del 2025), con cifras alegres para justificar la ineficacia en la ejecución de programas que atiendan realmente los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo. Pero, pues, cada quién…
Milpillas, fuera del desarrollo
La comparecencia de la titular de SEDESOL, Bennelly Hernández, también dejó muy claro que el cambio de narrativa sobre el proyecto de la Presa Milpillas al que exhortó la secretaria del Agua y Medio Ambiente (SAMA), Susana Rodríguez, no tiene eco en el resto de las dependencias de la «nueva gobernanza».
Porque hasta el momento nadie ha presentado lo que debería ser un proyecto integral de desarrollo para el municipio de Jiménez del Teul, no sólo por la importancia de la presa, sino por ser de los más pobres del país.
Pensemos: ¿la Secretaría de Obras Públicas (SOP) contempla la construcción y mejora de vialidades en ese municipio?, ¿la SEDUVOT proyecta acciones de certeza jurídica o de mejora de vivienda?, ¿la SAMA ha programado construcción o rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje?, ¿la Secretaría del Campo (SECAMPO) proyecta la entrega de semillas, fertilizantes (aunque ya exista un programa federal para ello), animales, asistencia técnica, o hasta tractores?, ¿la SEDESOL contempla la entrega de ecotecnologías, infraestructura educativa (junto a la SEDUZAC), becas o proyectos de infraestructura social básica?, ¿la Secretaría de Economía contempla proyectos de emprendimiento específicos para este municipio con condiciones preferenciales, vinculación con cadenas de proveeduría o hasta para dar valor agregado a lo que ahí se produce, o incluso pensar en establecer como condición la contratación de mano de obra local en el desarrollo de la Presa Milpillas?, ¿el SEDIF y la SEDESOL contemplan la entrega específica de apoyos alimentarios, comedores comunitarios o infraestructura para la convivencia familiar en Jiménez del Teul?, ¿los Servicios de Salud de Zacatecas (o hasta el IMSS-Bienestar) tienen programada la mejora del centro de salud para dejarlo en condiciones dignas, con abasto de medicamentos e insumos, y personal suficiente para dar atención a la población de este municipio (y esos 10 mil empleos que dicen que se generarán con la obra)?
Si ya en su comparecencia, la titular de SEDESOL (y hasta el propio documento del Cuarto Informe de Gobierno) demostró que Jiménez del Teul no estuvo contemplado en el último año en acciones de infraestructura social básica, ¿qué nos hace pensar que ahora sí llevarán desarrollo a dicho municipio? Esa indiferencia con uno de los municipios más pobres del país no les distingue mucho del abandono del PRIAN.
Por encima de todo, parece tener mayor peso las contradicciones de la «nueva gobernanza», pues aunque se trata de la mayor inversión federal en las últimas décadas (ni con Andrés Manuel López Obrador se logró hacer justicia a Zacatecas), la «nueva gobernanza» y hasta la secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas opera más en contra de que se lleve a cabo el proyecto.
Y así quieren imponer una candidatura para el 2027. Pues, cada quién…
