La comparecencia de la secretaria del Agua y Medio Ambiente, Susana Rodríguez Márquez, con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno ha sido hasta el momento la de mayor desaire legislativo si hablamos en términos de participación y asistencia.
Hasta el momento, en promedio las comparecencias ante el Pleno han contado con la asistencia de 25 diputados y diputadas, y en esos niveles ronda el promedio de participaciones en los bloques de preguntas y respuestas.
No obstante, en la comparecencia del pasado viernes en la que rindió cuentas la titular de la SAMA muy apenas estuvieron en el pleno 18 diputados y diputadas (la mayoría del oficialismo y sólo cinco de oposición), con la ausencia justificada de 10 legisladores (Martín Álvarez, Ma. Elena Canales, Roberto Lamas, José Luis González, Ana María Romo, David González, Karla Estrada, Georgia Miranda, Eleuterio Ramos y Maritere López) y sin justificar de otros dos (Ruth Calderón y Carlos Peña).
Pero de esos 18 que asistieron, únicamente 12 legisladores participaron en las rondas de preguntas y respuestas, algo que ni siquiera se ha visto en las comparecencias en comisiones, a las que en promedio han asistido 15 diputados y diputadas.
Con ese desaire legislativo (principalmente de la oposición), Susana Rodríguez rindió cuentas sobre las acciones emprendidas por la SAMA, sin distingo de colores, filias y fobias, con particular énfasis en lo realizado y lo que aún está pendiente para garantizar el derecho humano al agua, uno de los temas más sensibles para la población zacatecana.
Los 200 trabajadores de esta dependencia representan apenas el 2.5% de los 7 mil 745 burócratas en la administración pública estatal centralizada, pero que bien desquitan su sueldo, más que en otras dependencias con una nómina inflada (y sobre la cual el zar anticorrupción se hace que la Virgen le habla), porque en la SAMA sí se trabaja con vocación de servicio público, iniciando por su titular.
El compromiso con el medio ambiente va más allá de las acciones por la educación ambiental, reforestaciones o hasta el manejo de residuos sólidos y el tratamiento de aguas residuales, pues también abarcan las obras para dotar de agua potable y alcantarillado en zonas a las que difícilmente llegan los servicios públicos porque se busca el cómo sí, además de incorporar a sus tareas la protección y bienestar animal.
Pero más allá de estas acciones emprendidas y las inversiones realizadas, o de la insuficiencia presupuestal para las tareas pendientes y hacer justicia a las comunidades más marginadas (como bien se expuso en el caso de Ojocaliente), el tema de temas fue la Presa Milpillas, una obra prioritaria para el Gobierno de México en la que dicen que se invertirán unos 9 mil 600 millones de pesos, de los cuales 2 mil millones ya estarían etiquetados para el próximo año.
Susana Rodríguez fue muy clara: a esta administración le ha tocado dar la cara por los errores del pasado con dicho proyecto hídrico, errores que costaron la desconfianza de pobladores de Jiménez del Teul, uno de los municipios más pobres del país, con apenas 5 mil habitantes y una telesecundaria que atiende a unos 500 adolescentes, y párele de contar.
No mencionó la secretaria si hasta el momento se siguen procedimientos de responsabilidades administrativas o resarcitorias (o incluso penales) por esos errores del pasado. Nadie lo preguntó. Y tampoco es como que el secretario de la Función Pública (SFP), Ernesto González Romo, lo pretenda informar en su comparecencia de este martes si no va el nombre del exgobernador Miguel Alonso Reyes de por medio.
De acuerdo con la titular de la SAMA, hasta el momento se han invertido unos 10 millones de pesos para adquirir parte de la reserva territorial donde se desarrollará el proyecto, y más de 5 millones de pesos para la elaboración del estudio técnico y ambiental, que ya se encuentra en etapa de validación por parte de la SEMARNAT.
No obstante, Susana Rodríguez pidió hacer un cambio en la narrativa sobre el proyecto hídrico (un punto de coincidencia con el diputado Alfredo Femat), pues más allá de la histórica inversión federal por 9 mil 600 millones de pesos, o de que con la obra se generarían unos 10 mil empleos directos, representa una oportunidad de desarrollo para las y los habitantes de Jiménez del Teúl, pues mientras se realizan los trabajos esos 10 mil empleos requerirán dónde comer, dónde dormir y dónde divertirse.
Y ante la especulación, la titular de la SAMA también fue clara: «La gente de allá primero quiere su agua y quiere garantías de que no se le va a quitar su río, que sus animalitos van a seguir tomando su agua de ese río«, por lo que hasta el momento «no ha habido ninguna presión, no hemos hecho ningún acto de represión, de avasallamiento (…) hemos estado platicando cara a cara con quienes nos lo han permitido, pero hay quienes se han resistido«. Sin embargo, insistió en que «no habrá inundación ni habrá desplazamiento de comunidades«, aunque enfatizó que «no le podemos negar a las nuevas generaciones la oportunidad de desarrollo«.
Y por si no había quedado clara la postura de la actual administración, remató: «¿Defender su río? Sí, nadie se los está quitando. ¿En el pasado se hicieron las cosas mal? Sí, asumimos lo que nos corresponde, pero hoy queremos hacer las cosas bien«.
Por eso Susana Rodríguez invitó a las y los diputados a abrazar el proyecto y socializarlo en sus respectivos distritos, sin dejar de lado su tarea como legisladores para reformar el marco normativo que rige las demás acciones de la SAMA y, si es posible, mejorarle el presupuesto a la dependencia, pues quedan retos como 79 plantas de tratamiento de aguas residuales que no están en funcionamiento o lo hacen con deficiencias, sin olvidar que 45 municipios no cuentan con un relleno sanitario en regla, sólo tiraderos de basura irregulares o clandestinos.
Finalmente, y más allá de la desairada comparecencia (y eso que nadie recordó el desastre de Cicacalco), desde hace más de un mes se sabe que el principal obstáculo para la Presa Milpillas (y en general para toda la «nueva gobernanza») es un tal «Zuñi«, que no sólo retuvo por meses los decretos que recientemente se han estado publicando en el Periódico Oficial luego del llamado de atención del gobernador David Monreal.
Varias voces al interior del gabinete acusan que el tal «Zuñi» también fue el responsable de extraviar el acuerdo económico al que se había llegado con pobladores de Jiménez del Teul para la compra del 100% de la reserva territorial requerida para el desarrollo del proyecto, y mientras seguía extraviado el acuerdo hubo pobladores que se echaron para atrás, generando una nueva demora y, ya de paso, echando por la borda el enorme esfuerzo de convencimiento que ya había realizado la SAMA en conjunto con otras dependencias federales y estatales.
Con razón hay quien dice que ya se va, ya se va, ya se va. Pero, pues, cada quién…
No le alcanza para la nómina
Qué casualidad que luego de la renuncia de su tesorera, Judith de León, hoy el alcalde capitalino Miguel Varela anuncia que solicitará un adelanto de participaciones hasta por 40 millones de pesos para dizque garantizar el pago de salarios y aguinaldos al cierre de este 2025.
No es como que la diputada Karla Estrada hubiera preguntado si habría adelanto de participaciones durante la comparecencia de la secretaria de Finanzas, Ruth Angélica Contreras, acusando que el año pasado no se le autorizó a la Capital dizque por vendettas políticas (sí se les dio, pero eso ya no les convenía informarlo porque luego ¿cómo se iban a victimizar?).
Lo raro es que al Ayuntamiento de Zacatecas no le hubiera alcanzado el incremento del 10.15% en su Ley de Ingresos 2025, algo así como 76 millones 255 mil 797.24 pesos, de los cuales 33 millones 634 mil 709.75 pesos correspondían a ingresos propios.
Será que en la administración capitalina del tlaltenanguense ni conocen la disciplina financiera, ni la programación del gasto, ni mucho menos de austeridad. Será que ya le hallaron a eso de mentir y victimizarse como estrategia política rumbo al 2027. Pero, pues, cada quién…
