Aunque hasta el 31 de octubre la Secretaría de Finanzas (SEFIN) publicará sus informes financieros trimestrales correspondientes al tercer trimestre de este año, con la información correspondiente al primer semestre se estima que este 2025 será el de mayor monto en ampliaciones presupuestales para la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) en los últimos nueve años.
En dicho periodo, solamente en dos ejercicios fiscales la Máxima Casa de Estudios ha cerrado el año con menor presupuesto que el ejercicio fiscal anterior: en 2020, el «año de la pandemia», con un déficit de 23.8 millones de pesos (0.94%); y en 2023, por más de 142.3 millones de pesos (5.16%). Y en ambos ejercicios fiscales Rubén Ibarra Reyes se encontraba al frente de la Universidad.
Durante su gestión, el presupuesto anual asignado y modificado (con ampliaciones presupuestales) tuvo un crecimiento promedio del 20%; sin embargo, fue superior el incremento en las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, específicamente en lo correspondiente a cuotas de seguridad social, impuestos y accesorios, entre otros conceptos, como las retenciones que vaya usted a saber si se enteraron a la Federación (todo indica que no).
Entre 2020 y 2025, de acuerdo con las notas a los estados financieros de la Máxima Casa de Estudios, el saldo por estos conceptos tuvo un incremento de 365 millones 843 mil 800.27 pesos, que representan un crecimiento del 21.6 por ciento.
Aunque en el mismo documento de las notas a los estados financieros no se especifican los saldos del adeudo histórico con el ISSSTE, si se consideran las últimas declaraciones del subdelegado Administrativo del ISSSTE, Salvador Estrada González, en las que informa que este adeudo supera los 4 mil millones de pesos, se puede dimensionar en qué medida Ibarra Reyes afectó las finanzas de la Universidad.
Y si a lo anterior sumamos las irregularidades que hoy tienen nuevamente paralizada a la UAZ por basificaciones y asignaciones sin sustento, como acusa el Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ) que encabeza Jenny González Arenas, es evidente que el recurso iba a rendir menos, por más incrementos presupuestales o ampliaciones que le autorizaran a la Máxima Casa de Estudios.
Porque claro que esos movimientos irregulares iban a tener un impacto presupuestal. Y algo de esas irregularidades se reporta en las múltiples observaciones de la Auditoría a la Cuentas Públicas en el rectorado de Rubén Ibarra.
Hoy, el actual rector Ángel Román Gutiérrez no puede argüir que desconocía la situación de la UAZ cuando formó parte de la anterior administración, esa que agudizó la quiebra de la Universidad. Sabía a lo que se enfrentaría cuando decidió postularse a la candidatura a la Rectoría, tal como David Monreal cuando buscaba la gubernatura de Zacatecas.
Pero la situación es aún más grave, pues de no corregir las «herencias malditas» que le dejó su antecesor, se corre el riesgo de que la Universidad enfrente serias observaciones en la revisión a sus Cuentas Públicas, incluso con acciones resarcitorias, en un momento en el que la UAZ no se puede permitir una reducción a su presupuesto, mucho menos si estas irregularidades impactan en la supuesta negociación del adeudo histórico con el ISSSTE.
Está bien que Ángel Román haya prometido diálogo y conciliación ante todo, pero si no va acompañado de transparencia y legalidad, esas promesas habrán quedado en mero discurso y eventualmente se convertirán en decepción, con visos de nunca haber salido de la misma corrupción de la que emanó como secretario general y luego como candidato a la Rectoría. ¿Esperaremos continuidad de ese esquema o de verdad habrá un cambio?
Más denuncias sobre Programas del Bienestar
Luego de dar a conocer en este espacio un presunto desvío por más de 6 mil millones de pesos tan sólo en la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, surgieron más denuncias describiendo un modus operandi en el que advierten más irregularidades que ahora abarcan otros Programas del Bienestar, como la Pensión Universal para Personas con Discapacidad.
De acuerdo con estas denuncias ciudadanas, inicialmente una persona acude a la Delegación de Programas para el Desarrollo en Zacatecas (hoy encabezada por Adilene Rosales) para realizar el trámite de su Pensión para Adultos Mayores; sin embargo, es frecuente que se les demore su trámite (hasta por un año) con diferentes pretextos.
Transcurrido el tiempo, y una vez notificados de que ya fueron dados de alta en el programa, a las y los beneficiarios se les hace entrega de su tarjeta como «reposición», lo que sugeriría que anteriormente el plástico fue declarado como «extravío» o «robo».
Al señalar esta irregularidad, Servidores de la Nación ofrecen a las y los beneficiarios dar de alta a algún familiar en el programa de Pensión Universal para Personas con Discapacidad (con inversión conjunta entre estado y Federación), tengan o no una discapacidad, a cambio de no denunciar la irregularidad detectada en la Pensión para Adultos Mayores. Y el colmo: si acceden a esta oferta, les piden un porcentaje de la Pensión para Personas con Discapacidad.
Lo anterior sugeriría que el cochineron del malestar es más grave de lo que se estima, y como el estado no tiene control sobre los padrones de beneficiarios (y mucho menos sobre el ejercicio de los recursos), la fiscalización queda en manos de la Federación.
He ahí la importancia en la cultura de la denuncia, particularmente contra quienes hoy lucran y sacan provecho de programas que han sido elevados a rango constitucional.
Para ello, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que encabeza Raquel Buenrostro ha dispuesto del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) para que, de manera virtual y anónima, la ciudadanía pueda reportar estas irregularidades y que tengan consecuencias. Y sus antecedentes como principal verdugo de evasores fiscales cuando se desempeñó al frente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueden ser garantía de que sí, efectivamente, habrá consecuencias.
