Durante la pandemia por el COVID-19, el campo fue la única actividad que mantuvo a flote la economía de Zacatecas mientras la industria y los servicios se veían paralizados. Y aunque con la llegada de la «nueva gobernanza» se prometía en el discurso que el campo era uno de los «ejes tractores» (cualquier cosa que eso signifique) para la administración, a cuatro años de gobierno ha quedado claro que el campo ha sobrevivido a pesar de la «nueva gobernanza».
Hoy, productores de todo el estado y el país se manifiestan ya no sólo por la falta de apoyos para continuar con su actividad, pues se enfrentan a la poca inversión en tecnificación de los campos de cultivo (mayormente de temporal), títulos de concesión de pozos ya vencidos (algunos incluso desde hace más de 20 años), la entrega tardía de semillas y fertilizantes, una política subsidiaria a costos inflados (para que los productores absorban todos los gastos), las altísimas tarifas de la CFE, la apertura tardía de ventanillas y centros de acopio de frijol, sin olvidar una política de «precios de garantía» que sólo garantizan la precarización del campo, y ahora hasta el llamado «impuesto del crimen organizado».
En ese contexto, el Poder Legislativo se ha convertido en tribuna de buenas intenciones para dorar la pílora a quienes arriesgando todo lo que tienen en cada siembra, llevan el alimento a la mesa de las familias.
Por ejemplo, este martes en sesión ordinaria de la 65 Legislatura, por unanimidad diputados y diputadas locales aprobaron un dictamen (que aglutinaba diversas iniciativas) con diversas reformas y adiciones a la Ley para el Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Zacatecas.
Entre los cambios aprobados destacan disposiciones sobre asistencia técnica a productores, reconversión de cultivos, infraestructura agropecuaria, desarrollo de unidades de producción, vinculación productiva, asistencia técnica en invernaderos, capacitación para el emprendimiento en el sector agropecuario, entre muchas, muchas otras disposiciones.
Como se trata de buenas intenciones, no era de sorprender que el dictamen especificara que las reformas y adiciones propuestas no implicaban impacto presupuestal. Porque, claro, en la «nueva gobernanza» son el mejor ejemplo de que se puede hacer más con el mismo presupuesto.
Nada más que esas buenas intenciones con el dictamen aprobado pueden quedar en letra muerta, como otras iniciativas emanadas del Poder Legislativo. No nos vayamos muy lejos. Recordemos aquella sesión del 27 de diciembre de 2022, cuando el Pleno de la 64 Legislatura aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2023.
En aquel entonces, el artículo Décimo Sexto Transitorio establecía que: «En el ejercicio fiscal 2023 se establecerán las bases para la constitución de un Fondo de Financiamiento para pequeños y medianos productores, con la finalidad de ofrecer créditos de avío y refaccionarios, compra de semilla, fertilizantes y otros, que se determinen en las reglas de operación o lineamientos que para efecto emita la Secretaría del Campo. Dicho Fondo, en su caso, iniciará funciones en el ejercicio fiscal 2024«.
Sobra decir que dicho fondo nunca fue creado y que fue otra más de las buenas intenciones emanadas del Poder Legislativo dizque para apoyar al campo. Porque al cierre de 2022 sólo se tenían tres fideicomisos alusivos: el Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Zacatecas; el Fondo de Apoyo Especial a la Inversión del Frijol; y el Fondo Ganadero del Estado de Zacatecas.
Al segundo trimestre de este 2025 seguía sin reportarse la existencia del Fondo establecido en el artículo Décimo Sexto Transitorio del Presupuesto de Egresos 2023. Y de los tres Fondos ya existentes, los saldos reportados muestran la poca voluntad para inyectarle recursos al campo.
Por ejemplo, del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Zacatecas, en dos años y medio apenas pasó de 5 millones 719 mil 188.52 pesos a 5 millones 526 mil 207 pesos, lo que significa que sólo se aplicaron menos de 200 mil pesos a los objetivos del fondo.
En el caso del Fondo de Apoyo Especial a la Inverisón del Frijol, en el mismo lapso apenas pasó de 24 mil 584.10 pesos a 26 mil 985 pesos (sí, así como lo lee); es decir, en dos años y medio apenas se le inyectaron 2 mil 400 pesos para apoyar la producción de frijol en el estado.
Respecto al Fondo Ganadero del Estado de Zacatecas, los saldos pasaron de 5 millones 426 mil 71.57 pesos a 6 millones 74 mil 852 pesos; o sea, en dos años y medio apenas se le inyectaron 648 mil 780.43 pesos.
No es gratuito el enojo de productores zacatecanos que se han sumado a las protestas a nivel nacional, y que incluso han llegado a manifestarse en el recinto legislativo tirando kilos y kilos de cebollas (por poner un ejemplo) ante la renuencia a ofrecer un programa de Precios de Garantía que realmente cubra las pérdidas que hoy enfrenta el sector agrícola.
Ciertamente, es un avance el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para la regularización de títulos de concesión vencidos, pues en Zacatecas beneficiaría a unos 3 mil de los más de 4 mil títulos vencidos.
Sin embargo, ¿qué harán el estado o la Federación para cubrir las otras demandas (históricas) de nuestros campesinos, y que requieren que de verdad se inyecten recursos al campo? De otro modo, iniciativas como las aprobadas este martes en la 65 Legislatura seguirán siendo buenas intenciones que terminan en letra muerta. Pero, pues, cada quién…
