En la recta final de la Glosa con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, hay diputados y diputadas y hasta servidores públicos que no dejan de sorprendernos con sus declaraciones, más cuando desvirtúan indicadores para justificar una propaganda política electoral, demostrando que no entienden que no entienden.
Fue el caso del diputado Jaime Esquivel, quien durante la comparecencia del secretario del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Millán, tuvo la audacia de asegurar casi casi por la capita roja del Santo Niño de Atocha que el incremento en el flujo de remesas recibidas por Zacatecas se debía a que hoy los migrantes «tienen confianza» en el Gobierno federal y el Gobierno del Estado.
Se lo vamos a poner con peras y manzanas para ver si entiende. La Encuesta Nacional sobre el Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH) que elabora el INEGI y que sirve de base para la medición multidimensional de la pobreza (que antes hacía el CONEVAL), en su actualización de 2024, señala que las transferencias de recursos representaron hasta 78% de los ingresos en los deciles más bajos; es decir, los de menores ingresos en el estado de Zacatecas.
Esas transferencias de recursos incluyen programas de gobierno, ingresos por pensiones y jubilaciones, y también las remesas familiares, esas que llegan en mayor proporción a los hogares de menores ingresos, a diferencia de los hogares en los deciles más altos, cuyas transferencias se componen mayormente por pensiones y jubilaciones y programas de gobierno (otro indicio de que los programas del Bienestar no están llegando a los que menos tienen).
En lo relativo al gasto, mientras en los hogares de mayores ingresos priorizan temas como la alimentación, transporte y servicios de educación (en ese orden), en los hogares de menores ingresos (mayormente compuestos por las remesas que reciben) la prioridad está, sí, en alimentos y transporte, pero también en vivienda y el pago de servicios.
Pero veamos específicamente la prioridad alimenticia. Mientras en los hogares de mayores ingresos representa apenas el 26.4% de su gasto, en los hogares de menores ingresos (con mayor proporción de transferencias provenientes de las remesas) este gasto representa hasta el 45.6 por ciento.
Es decir, entre los más pobres, casi la mitad de su gasto se concentra en una necesidad básica (la alimentación) que no sólo no es atendida por los gobiernos, sino que también reduce su capacidad de inversión productiva para incrementar sus ingresos, a diferencia de los hogares con mayores ingresos. Pero sigamos viviendo la mentira del bienestar y la transformación.
Continuando con la comparecencia de la SEZAMI, Iván Reyes Millán expuso los diversos programas y acciones emprendidas (ojo, principalmente el acumulado de cuatro años y no lo correspondiente al último año de gobierno), particularmente en respuesta a las políticas migratorias en Estados Unidos, que aunque han derivado en menos deportaciones que en la administración de Barack Obama, han sido más escandalosas (y hasta violatorias de derechos humanos).
Sin embargo, la percepción generalizada es que no se está haciendo lo suficiente para apoyar a las y los connacionales. Por el contrario, desde el oficialismo el discurso está más concentrado en celebrar el envío de remesas a niveles históricos (eso también es relativo, sobre todo considerando que hoy el dinero rinde menos) y el Programa 2×1 en el que ya no participa la Federación luego de una «cruzada anticorrupción» que a siete años de la Cuarta Transformación no ha llevado a la cárcel a los presuntos responsables de que dicho programa (el 3×1) se corrompiera.
Cierto es que la Constancia de origen contribuye a garantizar ciertos derechos a nuestros paisanos, más en un entorno migratorio complicado en Estados Unidos; sin embargo, nada se dijo sobre las y los zacatecanos que en busca del llamado «sueño americano» se quedan varados en la frontera sin recibir los servicios del gobierno. ¿No es momento de reactivar la oficina de representación de la SEZAMI en Tijuana, Baja California, que decidieron cerrar porque «costaba mucho»?
Al menos se mantiene el programa humanitario denominado Corazón de Plata para el reencuentro de familias, aunque su efectividad ya está en manos de autoridades estadounidenses.
Muy bonito eso de los viajes culturales para hijos e hijas de migrantes, nada más que no se precisaron las acciones para el arraigo en comunidades y municipios con altos índices de migración, un fenómeno que ciertamente no surgió en los últimos cuatro años con la «nueva gobernanza», pero que ha ampliado los factores que lo motivan, pues ya no sólo implica migrar por tradición o por falta de oportunidades, sino también por la violencia y el desplazamiento forzado de las familias.
Por supuesto que no podía falta la pregunta obligada: ¿tiene o no tiene el gobernador David Monreal su visa vigente? Reyes Millán fue evasivo y se limitó a responder que él mismo no tiene una visa vigente. Ah, bueno…
Nada más que tampoco respondió en el último año cuántas visitas ha hecho el gobernador a la comunidad migrante en Estados Unidos, porque se puede entender la realización de manera híbrida de las Expo Ferias Agropecuarias para evitar alguna redada y exponer a los connacionales. ¿Pero ni una visita, ni siquiera por ser estado binacional? Pues, cada quién…
La SFP sí tiene dientes… de leche
Para no variar, en la comparecencia del secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, salió a colación la cruzada personal contra el exgobernador Miguel Alonso Reyes, aunque nunca se mencionara su nombre.
Desde la destrucción de las «Glorietas de la Muerte» hasta las más de 5 mil visitas al Museo Virtual de la Corrupción, o la revisión «por tómbola» de declaraciones patrimoniales (en la que casualmente salió sorteada la declaración del exgobernador y hoy diputado federal), Alonso Reyes sigue estando entre ceja y ceja del zar anticorrupción.
Si bien las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se redujeron a sólo 0.09% del presupuesto en 2023, no quedó claro el estatus de la s371 denuncias presentadas por posibles hechos constitutivos de algún delito, o el resultados de las 646 investigaciones rezagadas de años anteriores.
Tampoco quedó claro cuántas de las 412 sanciones impuestas ya están en firme o si han sido impugnadas; lo mismo para el caso de 364 inhabilitaciones que dicen que representan hasta 360 años de inhabilitación acumulados. ¿Cada inhabilitación corresponde a un servidor público, o son varios procedimientos por servidor público?, ¿las sentencias se pueden acumular (¿en qué legislación se establece tal disposición?) o son para periodos simultáneos?
Más escueto fue González Romo respecto a la corrupción del presente, y aunque se entiende que hay que respetar el debido proceso (y que hasta dichos procesos son todavía largos), sigue muy clara la narrativa en contra del pasado y un «hacerse de la vista gorda» con el cochinero del presente. Pero, pues, cada quién…
