Mientras en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se pone el ejemplo de «cero tolerancia» contra agresores sexuales, hay otras instituciones públicas donde se niegan a «romper el pacto» y optan por afianzar redes de complicidad e impunidad.
Por eso, el Colectivo de Estudiantes y Docentes denominado «Rompiendo el Silencio» ha anunciado la toma del Centro de Actualización del Magisterio (CAM) luego de que sus denuncias fueran ignoradas por la autoridad educativa, pese a que existen las denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y diversas quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).
El hartazgo y la impotencia no son gratuitos. De acuerdo con el Colectivo, se trata de «años de silencios cómplices y omisiones directivas» ante denuncias de acoso laboral y sexual en la institución que hoy encabeza Honorio Jiménez. Y ante la reiterada negligencia y omisión en atender estas denuncias, hoy se expone un «tendedero virtual» de las personas acusadas de incurrir en estas violencias en una institución formadora de docentes que, paradójicamente, en las aulas deberían enseñar a no permitir estas violencias.
Porque la omisión también es violencia, y en esta omisión parece haber una cadena de protección e impunidad para los docentes señalados en denuncias formales, una cadena que alcanza al Comité de Étca de la Secretaría de Educación (SEDUZAC), pero también a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que encabeza el zar anticorrupción, Ernesto González Romo.
Las víctimas aglutinadas en el Colectivo refieren que sus denuncias ante las instancias oficiales han sido minimizadas o ignoradas, por decir lo menos, pues en muchos casos el área psicopedagógica ha desaparicido los buzones de denuncias, o ha difundido información confidencial, o incluso ha actuado con presunción de culpabilidad hacia las víctimas, incurriendo en una revictimización que deja en la indefensión principalmente a las estudiantes.
La situación ya ha alcanzado límites intolerables, a tal punto que el Colectivo ha expuesto un pliego petitorio muy puntual:
- Destitución inmediata y definitiva de los docentes formalmente denunciados y de los directivos que, por acción u omisión, permitieron un ambiente de violencia, discriminación, favoritismo o encubrimiento institucional.
- Investigación externa, imparcial y con enfoque feminista, realizada por instancias ajenas al CAM, que no tengan conflicto de interés ni vínculos con los servidores públicos denunciados.
- Acompañamiento feminista externo.
- Garantía absoluta de no represalias académicas o laborales.
- Auditoría independiente del manejo histórico de denuncias, que incluya la desaparición del buzón del 8M y la falta de actas de apertura o resguardo; el manejo irregular del buzón psicopédagógico, entregago sin registro ni canalización institucional; la difusión indebida de citatorios «confidenciales» por parte del personal directivo; y las denuncias verbales realizadas ante las autoridades, que nunca fueron registradas, documentadas, ni atendidas.
- Publicación transparente de los resultados de la investigación.
- Capacitación externa obligatoria para todo el personal docente y directivo en ética profesional, límites pedagógicos, prevención de la violencia y perspectiva de género.
- Reconocimiento público del daño institucional y compromiso con medidas de no repetición.
Habrá qué ver si el protocolo que existe en la administración pública contra el acoso y el hostigamiento de verdad es efectivo o si, por omisión, negligencia o complicidad, dicho protocolo es «letra muerta». Y eso sería más grave y más significativo en el marco de la conmemoración del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
¿Qué tendrá que decir sobre esta situación la secretaria de las Mujeres, Karla Guardado Oropeza?, ¿qué tendrá qué decir la titular de la SEDUZAC, Gabriela Pinedo, que va acumulando casos de violencias contra mujeres y niñas en el sector educativo sin que se vean consecuencias realmente contra las personas agresoras?, ¿qué tendrá que decir el zar anticorrupción, Ernesto González Romo, ante este «pacto patriarcal» de complicidad y omisión?
Finlamente, y no menos importante: ¿cuántas serán las víctimas en el CAM que hoy reúnen valor para denunciar públicamente lo que la institución ha callado por tanto tiempo? Porque en su pliego petitorio hay un sentencia incuestionable: «la impunidad NO puede seguir siendo un valor pedagógico».
Más allá de las violencias sexuales que hoy se denuncian en el CAM, no hay que perder de vista que también existen otros casos de violencia y discriminación por xenofibia y homofobia, una señal de que al interior de la institución formadora de docentes hay una crisis más grave de lo que aparenta, con autoridades demasiado permisivas que se niegan a «romper el pacto».
