Ni la visita de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sirvió para que la «nueva gobernanza» siguiera el ejemplo de la Federación en la atención a visos de conflictos que luego se tornarían en manifestaciones, como la vivida este miércoles que paralizó la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe.
Y mientras el besamanos a la funcionaria federal se desarrollaba en el Museo Rafael Coronel para, dicen, recabar propuestas que enriquezcan una eventual reforma en materia electoral, miles de zacatecanos y zacatecanas padecieron las de Caín ante la incapacidad de una Secretaría de Educación (SEDUZAC) para estar en lo que debe estar.
Porque la molestia de estudiantes de la Escuela Normal Rural «Matías Ramos Santos» no fue de un día para otro. Los principales visos del conflicto se dieron desde hace mínimo una semana (aunque los problemas ya venían de meses atrás), como la reiterada queja ante la mala calidad de los alimentos que les ofrecían en el internado, o las becas que se habían dejado de pagar.
Todavía el lunes de esta semana, la titular de la SEDUZAC, Gabriela Pinedo, declaró que «se estaban atendiendo» las demandas de las y los normalistas, y que «se revisarían puntualmente» sus peticiones. Pero por lo visto, dejaron que el problema creciera.
Cuando la bomba ya les había explotado en las manos, y tras varias horas de enojo ciudadano ante el bloqueo de la principal vía de comunicación entre Zacatecas y Guadalupe, alegaron que las y los manifestantes abandonaron las mesas de diálogo y acuerdos y que no se había logrado un solo avance, por lo que el bloqueo continuaría este jueves.
Teniendo tanto subejercicio (o recursos sin devengar, para no entrar en una discusión de tecnicismos) en el Capítulo 4000 a estas alturas del año (nada más unos 11.9 millones de pesos), la SEDUZAC bien podría cumplir con la demanda de becas y apoyos que solicitan las y los normalistas.
Pero en lo relativo a los alimentos de mala calidad, bien podría intervenir la Secretaría de la Función Pública (SFP) que encabeza Ernesto González Romo, para revisar la Licitación Pública LPE-SEZ-932049954-02-2025, relativa a la «Adquisición de productos alimenticios perecederos y no perecederos» para la Escuela Normal Rural «Matías Ramos Santos».
Porque el fallo favoreció a la única propuesta presentada, a nombre de Isabel Estephania Santos García, por tres partidas que en conjunto sumarían 11 millones 805 mil 359.57 pesos.
Nada más que la ganadora de la licitación lo mismo ofrece productos alimenticios (abarrotes) que torres móviles para videovigilancia solicitados por la Secretaría de Seguridad Pública; bicicletas y hasta suministros médicos y sillas de ruedas, como consta en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). ¿Otro caso de facturera? Ya la SFP nos dirá…
Total, que mientras Rosa Icela Rodríguez encabezaba la farsa de un dizque foro de consulta ciudadana para la pretendida reforma electoral (con ponentes previamente seleccionados y a muy a modo), en la SEDUZAC daban un ejemplo muy elocuente de que al interior de la dependencia ni hay comunicación, ni capacidad preventiva (y casi casi, ni de reacción) ante los conflictos que les estallan un día sí y otro también.
Porque ya se han vuelto regulares las tomas de planteles escolares, y el escándalo por violencia sexual digital en la Secundaria Técnica 1 escaló a nivel internacional. Y aunque no es propiamente su competencia, desde hoy comienzan las protestas del magisterio (al menos la Sección 34 del SNTE que lidera Filiberto Frausto) por convocatoria de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con la misma exigencia de principios de año: derogar la Ley del ISSSTE.
Sin embargo, sí es de su competencia ofrecer transparencia y claridad sobre el proceso de federalización de la nómina educativa, una demanda que también ha sido reiterada en el caso de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que encabeza Mareclino Rodarte. A menos que en la SEDUZAC tampoco estén enterados porque nunca fue su gestión, sino de alguien más…
Mientras tanto, a partir de hoy y durante el puente revolucionario por el 20 de noviembre, a las y los zacatecanos les esperan al menos cuatro días de manifestaciones y bloqueos de vialidades, incluyendo toma de casetas. Y lo que se acumule…
Marasmo legislativo
A propósito del caso de la Secundaria Técnica 1, no han sido pocas las iniciativas presentadas en la 65 Legislatura para integrar el uso (o mal uso) de la Inteligencia Artificial en el marco normativo estatal. Sin embargo, ahí parece que no hay temas de urgente y obvia resolución, a menos que se trate de una solicitud de desafuero.
Por ejemplo, en enero de este año la diputada Renata Ávila propuso una iniciativa que adiciona el Código Penal del Estado y reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, en la que no sólo se amplía la definición de violencia digital para integrar el uso de la IA, sino también para tipificar los delitos contra la privacidad, seguridad e intimidad de las personas en el entorno digital.
En marzo, la diputada Isadora Santiváñez propuso también una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, en materia de violencia digital, integrando también los supuestos sobre el uso de la IA.
En abril, la diputada Susana Barragán presentó una iniciativa, igualmente para la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de ampliar la tipificación de la violencia digital, incluyendo el uso de la IA.
En septiembre, nuevamente la diputada Isadora Santiváñez presentó otra propuesta para reformar el Código Penal del Estado en materia de delitos contra la intimidad sexual, donde también se integró el uso de la IA entre los supuestos.
La última iniciativa alusiva fue presentada por el diputado Jesús Padilla (aunque por desinterés, apatía o vaya usted a saber no se dio lectura, sino que directamente se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictaminación), relativa a una adición al Código Penal del Estado en materia de violación a la intimidad sexual con inteligencia artificial.
Todas estas iniciativas fueron mucho antes de que escalara el caso de la Secundaria Técnica 1, y si en todo este tiempo ya hubiera sesionado principalmente la Comisión de Justicia que preside el diputado Martín Álvarez (más concentrado en vigilar la administración del alcalde de Fresnillo, Javier Torres), tal vez las más de 400 víctimas menores de edad hoy tendrían mejores posibilidades de recibir justicia.
Y ni hablar del marasmo en otras comisiones…
