Cinco meses tardó el Consejo General del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) en resolver la denuncia presentada desde el 4 de junio por académicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) solicitando cancelar el nombramiento de Rubén Ibarra Reyes como investigador nacional derivado de la sentencia por abuso sexual agravado en contra de una menor de edad, estando en funciones de rector de la Máxima Casa de Estudios.
Durante ese lapso, el Consejo General del SNII verificó el contenido de la denuncia reacabando mayor información ante la UAZ y la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y luego de un largo procedimiento, se determinó no sólo darlo de baja del Sistema con el retiro de su nombramiento por su «responsabilidad penal por un delito de carácter sexual».
También se le impuso una inhabilitación hasta por 20 años para volver a formar parte del Sistema, al determinar que su conducta contravino el Reglamento que exige a integrantes del Sistema mantener una conducta ética acorde con la función académica.
Esta resolución del Consejo General del SNII marca un precedente que debería tomarse con mayor seriedad, pues implica no sólo una «tolerancia cero» hacia agresores sexuales en instituciones de educación públicas (algo que deberían aprender y acatar en la Secretaría de Educación de Zacatecas), sino también que jamás debería permitirse ni la complicidad, ni el encubrimiento, ni la protección hacia agresores sexuales (mucho menos contra las infancias), sin importar que ostenten un cargo o incluso si este cargo es de alto rango.
Pero el caso de Rubén Ibarra no concluye con esta resolución (tardía). Por una parte, gran peso recae en el actual rector de la UAZ, Ángel Román, para atender la exgencia de una auditoría a la gestión de su antecesor que, se ha visto, le heredó sendos problemas que le obsequiaron un inicio de rectorado muy accidentado.
Además, la resolución del Consejo General del SNII obliga a la comunidad universitaria a poner mayor seriedad en la aplicación de sus normas, particularmente en la conducción ética y con principios, y a tener «cero tolerancia» hacia agresores sexuales en la UAZ, que no han sido pocos, como sugieren los llamados «tendederos» que suelen colocarse durante las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo.
Pero lo de Rubén Ibarra también debería ser ejemplo (y advertencia) para la administración pública estatal y municipales, para que también apliquen la «cero tolerancia» hacia agresores sexuales, sin importar el cargo que ostenten. Porque de consignas de «no estar solos«, las víctimas ya están hartas, mucho más una sociedad que exige garantías para las mujeres para una vida libre de violencia. Cuantimás las infancias.
A propósito de esta resolución, y de que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la sociedad zacatecana también espera un pronunciamiento de las diputadas que condenaban la agresión sexual contra la presidenta Claudia Sheinbaum, esas que callaron ante el abuso sexual agravado del exrector de la UAZ cometido en contra de una menor de edad.
Porque una cosa es elevar a rango constitucional el interés superior de la niñez (iniciativa del grupo parlamentario del PT) o que este interés rija en el Código Penal del Estado (iniciativa de la diputada Georgia Miranda), pero otra es levantar la voz y exigir justicia ante estos casos que violentan a nuestras infancias.
Que ahora sí serán transparentes
Desde el pasado 10 de noviembre señalábamos en este espacio el incumplimiento de la «nueva gobernanza» con las nuevas disposiciones en materia de transparencia, luego de la extinción del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI).
Porque desde el pasado 5 de noviembre había concluido el plazo para que el gobernador David Monreal designara a la persona titular del nuevo órgano garante, llamado Transparencia para el Pueblo de Zacatecas, órgano que deberá estar constituido a más tardar el 27 de noviembre, según el decreto publicado luego de meses de retraso en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas.
Pero el tema parece no quitarle el sueño al zar anticorrupción, Ernesto González Romo, secretario de la Función Pública, quien durante el Congreso Nacional por la Honestidad dijo que ya se había remitido al gobernador la propuesta de terna para la designación del titular de Transparencia para el Pueblo de Zacatecas, aunque el plazo haya vencido hace dos semanas.
Total, los sujetos obligados pueden seguir en la opacidad con la venia de David Monreal que tampoco parece interesado en garantizar el derecho constitucional de acceso a la información y la protección de datos personales, mucho menos que la gente indague si el recurso público está siendo utilizado con fines proselitistas o incluso que confirme las sospechas de posible desvío de recursos públicos.
Y no parece haber visos de que se cumplan los artículos transitorios del decreto correspondiente a la reforma que dio paso a la extinción del IZAI, cuyo personal sigue en la incertidumbre pese a que se prometió que tendrían prioridad en su integración a la plantilla que se requerirá para poner en funcionamiento el organismo denominado Transparencia para el Pueblo de Zacatecas.
El temor es que mientras siga este vacío institucional en torno a la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, esta incertidumbre se extienda a todas las unidades de transparencia, de las cuales eventualmente se podría prescindir. Total, mientras no exista órgano garante, ¿para qué seguir pagando esa nómina?
