Hará cosa de un año, en noviembre de 2024, que inició el proceso de extinción del entonces llamado Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI), que posteriormente daría paso a reformas locales para extinguir a los órganos garantes en las 32 entidess federativas como los conocíamos hasta entonces.
La serie de reformas aprobadas en el último año darían paso a la creación, a nivel nacional, del órgano denominado Transparencia para el Pueblo, y que en lo local tendría su símil llamado Transparencia para el Pueblo de Zacatecas.
Transcurrido el tiempo, hoy sobran los ejemplos donde la extinción del órgano garante federal, autónomo, para trasladar sus funciones a un órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no necesariamente se tradujo en mayor transparencia.
De hecho, ni siquiera se tradujo en garantizar la mínima transparencia, por el contrario, la principal herramienta de acceso a la información, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se tornó lenta y agravó sus fallas (que ya de por sí las tenía).
En lo local, como se recordará, la extinción del entonces Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) se consumó con la aprobación de las reformas correspondientes a mediados de junio de este año, un mes y medio antes del plazo para que los sujetos obligados publicaran su información correspondiente al segundo trimestre del año.
Los riesgos de estas reformas fueron advertidos desde este espacio en su momento, y se confirmarían llegados los plazos. Porque en lo relativo únicamente a la publicación de su información financiera con corte al 30 de junio, de los 58 municipios sólo 12 habrían cumplido al 100%, 23 sólo publicaron información parcial y 23 más ni siquiera se molestaron en cumplir con esta disposición.
Al no haber órgano garante, crecía el riesgo de que los sujetos obligados continuaran en la opacidad en los trimestres posteriores, y poco ayudó la demora de la Coordinación General Jurídica (entonces, encabezada por Ángel Muñoz) en la publicación de las reformas correspondientes en el Periódico Oficial.
Llegó octubre y con él, la Glosa con motivo del Cuarto Informe de Gobierno y durante la ociosa comparecencia del secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, no hubo siquiera una mención a las nuevas tareas que le habían sido delegadas en materia de transparencia, acceso a la información y la protección de datos personales, mucho menos sobre la creación del órgano desconcentrado, y mucho menos sobre la entrega-recepción durante el proceso de extinción del IZAI.
Y un día después de esta comparecencia, casualmente, en el Periódico Oficial se publicó la nueva la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, por la que se declaraba la extinción del IZAI.
¿Pero qué cree? Que como la opacidad parece la principal política pública en la «nueva gobernanza», ni siquiera se ha cumplido a cabalidad la nueva legislación. Porque de acuerdo con el artículo Cuarto Transitorio: «El titular de Transparencia para el Pueblo de Zacatecas será nombrado por el Gobernador del Estado en un plazo que no podrá exceder de 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto«. Pero ese plazo se cumplió el pasado 5 de noviembre y es fecha que el gobernador David Monreal sigue sin designar a la persona titular del nuevo órgano garante.
No es la única amenaza en materia de transparencia y protección de datos personales. Porque de acuerdo con el artículo Quinto Transitorio: «La Secretaría de la Función Pública realizará la transferencia del personal y de los recursos materiales necesarios para el funcionamiento de Transparencia para el Pueblo de Zacatecas, en un plazo máximo que no podrá exceder de 30 días hábiles a la entrada en vigor del presente Decreto«. Y ese plazo se cumplirá el próximo 27 de noviembre.
Este vacío que parece intencional ha motivado que la opacidad entre los sujetos obligados se agudice, particularmente en los municipios.
Porque si continuáramos con la evaluación de obligaciones comunes que realizaba el extinto IZAI, tan sólo en la publicación de sus informes financieros, para el tercer trimestre de este año (cuyo plazo de carga de información concluyó el pasado 31 de octubre) apenas cumplieron 14 municipios, mientras dos habrían cargado sólo información parcial (que de todos modos sería calificación reprobatoria porque la única calificación positiva era el cumplimiento al 100%), y 42 municipios no han cargado sus respectivos informes.
Los municipios que sí habrían cumplido con la publicación de sus informes financieros en la PNT, correspondientes al tercer trimestre, son: Atolinga, Fresnillo, Genaro Codina, Pánfilo Natera, Jerez, Melchor Ocampo, Morelos (con reservas, porque no se cargó de la forma correcta), Nochistlán (tampoco cargó la información en la forma correcta), Río Grande, Saín Alto, Tabasco, Tepechitlán, Valparaíso y Villa González Ortega.
En tanto, los municipios de Chalchihuites y Noria de Ángeles habrían tenido la voluntad, pero no publicaron la información completa, sólo de manera parcial.
En contraparte, los 42 municipios que ya ni siquiera se molestaron en cumplir con las disposiciones en materia de transparencia son: Apozol, Apulco, Calera, Cañitas, Concepción del Oro, Cuauhtémoc, El Plateado de Joaquín Amaro, El Salvador, Florencia de Benito Juárez, Enrique Estrada, Francisco R. Murguía, Guadalupe, Huanusco, Jalpa, Jiménez del Teul, Juan Aldama, Juchipila, Loreto, Luis Moya, Mazapil, Mezquital del Oro, Miguel Auza, Momax, Monte Escobedo, Moyahua, Ojocaliente, Pánuco, Pinos, Santa María de la Paz, Sombrerete, Susticacán, Tepetongo, Teúl de González Ortega, Tlaltenango, Trancoso, Trinidad García de la Cadena, Vetagrande, Villa de Cos, Villa García, Villa Hidalgo, Villanueva y Zacatecas.
De éstos, únicamente Trinidad García de la Cadena y Guadalupe se excusaban de la publicación de su información financiera debido a que aún no concluía el cierre de la contabilidad; sin embargo, en el caso de Guadalupe, es una excusa recurrente y bajo la cual se han amparado para transitar en la opacidad en los últimos tres años.
Y las amenazas (e irregularidades) no concluyen ahí, pues ya si nos vamos a la revisión en los respectivos portales de transparencia (y no en la PNT), la mayoría de los sujetos obligados ni siquiera tienen actualizada su información. Y el ejemplo más elocuente es el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, en cuyo portal de transparencia apenas hay informes financieros correspondientes al primer trimestre del año… cuando ya vamos en el tercero.
Lo peor es que ni siquiera se ha notificado a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y mucho menos al órgano denominado Transparencia para el Pueblo, que Zacatecas ya tiene nueva legislación y que la autoridad garante estatal ya no es el IZAI, sino Transparencia para el Pueblo de Zacatecas. Así que en la PNT, el IZAI continúa apareciendo como la autoridad garante estatal.
Los tiempos siguen corriendo y la «nueva gobernanza» sigue quedando mal en garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Pero quienes quedan peor son las y los diputados locales que avalaron las reformas por las que se extinguió el IZAI, más cuando juraron y perjuraron que estas reformas abonarían a garantizar estos derechos constitucionales… y eso no ocurrió.
