El último día de trabajos del periodo ordinario en la 65 Legislatura, agremiados al Colegio de Notarios del Estado de Zacatecas encabezados por Jaime Casas se apersonaron en la sede legislativa para ser atendidos por las y los diputados locales, en un intento por hacerles entrar en razón y no aprobar la controvertida reforma a la Ley del Notariado del Estado de Zacatecas.
Como expusimos en este espacio, el pasado lunes 15 de diciembre se presentó ante el Pleno la iniciativa promovida por la diputada Ma. Dolores Trejo con la citada reforma que además de un examen de oposición, abría otra vía para ingresar al servicio notarial «de manera extraordinaria»: por dedazo del gobernador.
Bueno, no en esos términos, pero equivale a lo mismo. Pues la iniciativa planteaba que ante una vacancia, y «cuando a su juicio la necesidad del servicio lo requiera», el Ejecutivo estatal podría designar de manera directa a quien ocuparía dicha vacante, hasta cuatro por periodo de gobierno (dos mujeres y dos hombres), siempre y cuando las personas aspirantes comprobaran experiencia de un año.
En ausencia de la diputada promovente (por encontrarse en Estados Unidos), la iniciativa fue turnada directamente a la Comisión de Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo (presidida por Eleuterio Ramos y como secretarios Marco Vinicio Flores y Saúl Cordero) para su estudio y dictamen.
Tal proceso de estudio y dictamen se realizó en menos de 24 horas, pues en la primera y segunda sesiones del día siguiente (martes 16 de diciembre) se presentó ante el Pleno el dictamen correspondiente para su discusión y votación, sin antes haber dado audiencia al Colegio de Notarios del Estado de Zacatecas.
Lo anterior fue mero trámite, pues con 15 votos a favor (de MORENA, PVEM y Nueva Alianza) y 10 en contra (del PRI, PAN y PT), el dictamen fue aprobado sin siquiera una defensa o argumentación de quienes estaban a favor de las reformas, con la salvedad de una reserva presentada por la misma diputada promovente de la iniciativa, Ma. Dolores Trejo, para que quienes aspiraran a una notaría por la vía extraordinaria comprobaran una experiencia de cinco años y no uno, como proponía el dictamen.
La reacción no se hizo esperar. Este miércoles 17 de diciembre, integrantes del Colegio de Notarios del Estado de Zacatecas rechazaron las reformas aprobadas e hicieron un llamado al gobernador David Monreal Ávila para vetar la publicación del decreto correspondiente, llamado al que se sumó el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas, por representar un retroceso.
Y sí, porque a excepción de los estados de Aguascalientes y Tlaxcala, donde estas designaciones quedan al arbitrio del Ejecutivo estatal, prácticamente en todo el país sólo existe una vía para acceder a una notaría: el examen de oposición, más la experiencia y preparación comprobables (con periodos variables, según la entidad de la que se trate).
El tema no es cosa menor. Lo dijimos en este espacio: en Zacatecas hay 11 notarías vacantes, de las cuales el gobernador David Monreal, con las reformas aprobadas, podría designar a su antojo hasta cuatro notarías que podrían utilizarse para premiar lealtades, como se presume ocurrió con la pasada elección judicial.
Y más grave aún que entre las reformas propuestas, por la vía de designación extraordinaria, primero se premie y luego se prepare a las y los premiados en los próximos 20 meses a partir de su designación. Como quien dice, todo al revés.
Curiosamente, este dictamen fue el último asunto aborado por el Pleno de la 65 Legislatura al término del periodo ordinario (con todo y extensión de periodo), luego de la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026 y de las 58 Leyes de Ingresos municipales, como si se pretendiera esconder las acciones buenas que parecen malas… o malas que parecen buenas.
Mientras se hacen del delito, habrá que esperar si en la Coordinación General Jurídica dan celeridad a la publicación del decreto correspondiente en la edición del Suplemento del Periódico Oficial de este sábado 20 de diciembre o antes de concluir este 2025. Recordemos que, según los plazos de ley, el Ejecutivo estatal tiene sólo 10 días para ejercer su derecho a objetar la publicación de un decreto (el llamado «veto»).
En todo caso, si se llegara a publicar el decreto correspondiente, el Colegio de Notarios ha advertido que todavía quedaría la alternativa de presentar un amparo ante la controvertida reforma. Sólo que ahora estamos a expensas de juezas y jueces del bienestar… con todo lo que ello implica. Pero, pues, cada quién…
