Sin siquiera considerar el posicionamiento del movimiento en favor de las 40 horas laborales, y desestimando los razonamientos de quienes pedían precisiones en el dictamen, el Pleno del Senado de la República avaló la reforma al artículo 123 constitucional por el que (en apariencia) se reduce a 40 horas la jornada laboral semanal en el país.
Y en apariencia, todo muy bonito, al menos para el oficialismo que se desvivió en discursos sobre la justicia laboral y el derecho al descanso y sabe qué más de tanto lugar común. Sólo que ese discurso hacía caso omiso a precisiones que nunca quedaron asentadas en el dictamen: el derecho a dos días de descanso a la semana y fijar un límite de horas extra.
Estas fueron parte de las 18 reservas presentadas por diferentes grupos parlamentarios, y una a una fueron rechazadas con el voto mayoritario del oficialismo, votos entre los cuales figuraban los de las senadoras Geovanna Bañuelos y Verónica Díaz, así como del senador Saúl Monreal. Los tres, aspirantes a la candidatura a la gubernatura de Zacatecas.
El pasado martes en este espacio advertíamos que la iniciativa, en lugar de reducir la carga laboral, agudizaría la explotación y precarización de las y los trabajadores debido a estos vacíos, y aunque en la discusión en lo particular se insistía en hacer las precisiones demandadas, el oficialismo optó por no enojar al poder económico que perpetúa la explotación laboral.
Porque el dictamen aprobado conserva una jornada laboral de seis días a la semana, pero aumenta hasta 16 horas extra de trabajo a la semana (4 horas diarias, 4 veces por semana). Y si consideramos que la reducción de la jornada laboral sería de manera paulatina, las dichosas 40 horas se lograrían hasta 2030. Curiosamente, año electoral en el que se renovará la Presidencia de la República.
Desde el oficialismo se argumentó que las precisiones sobre los dos días de descanso semanales, o los límites al número de horas extra, se incluirían en la legislación secundaria. Pero para llegar a ese paso primero hay que esperar la aprobación de la minuta correspondiente en la Cámara de Diputados (y habrá qué ver cómo votan las y los zacatecanos), y luego los Congresos de los Estados.
Imaginemos por un momento que todo se aprueba tal como está. ¿De verdad creeremos que se harán las precisiones demandadas en la legislación secundaria, cuando sobran los ejemplos de que nunca ha sido así en reformas constitucionales?
Porque en el fondo no se trata de una reforma que haga justicia a las y los trabajadores; por el contrario, parece más una protección a los intereses del empresariado, particularmente del que incurre en prácticas de explotación laboral, una explotación que hoy ha tenido el aval del oficialismo, ese del que también emanan perfiles que buscan alguna candidatura a las gubernaturas en 2027.
No es menor el voto en contra de las senadoras Amalia García Medina y Claudia Anaya, quienes respaldaban parte de las 18 reservas presentadas a fin de hacer las precisiones citadas. De otro modo, ni se garantizaba el derecho al descanso ni mucho menos a una jornada laboral justa (especialmente si la reducción de la jornada laboral será gradual). Porque no todo se reduce al incremento en el salario mínimo.
Finalmente, ¿debemos agradecer a los senadores Geovanna Bañuelos, Verónica Díaz y Saúl Monreal por dar manga ancha al empresariado para continuar (y agudizar) la explotación laboral?, ¿por darle la espalda a la demanda de la clase trabajadora para gozar de dos días de descanso a la semana?, ¿por hacer caso omiso a la exigencia de fijar topes a las horas extra y no dejarlas al arbitrio del patrón?
Por último, y no menos importante: ¿de qué manera coadyuva esta reforma a la formalización del empleo? Porque no hay que olvidar que los beneficios de esta reforma constitucional sólo se reflejarán en los empleos formales, pero al menos en el caso de Zacatecas, casi el 60% de las y los trabajadores se desempeñan en la informalidad.
Pero, pues, cada quién con sus 40 horas que en realidad son hasta 56 horas laborales y sólo un día de descanso… Y todavía quieren gobernar Zacatecas.
De salida
Dicen en Movimiento Ciudadano en Zacatecas que rechazan tajantemente cualquier alianza con la familia Monreal, «por principios éticos».
Nada más que se les olvidó que tienen un exalcalde acusado de vínculos con la delincuencia organizada. Y la situación en Jalisco, con la crisis de inseguridad y de personas desaparecidas (y hasta fosas clandestinas), no habla muy bien del partido naranja.
