A diferencia de la dinámica entre Palacio Nacional y el Congreso de la Unión, la relación entre la «nueva gobernanza» y el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas ha sido hostil, por decir lo menos.
Pongamos un ejemplo para ilustrar estas dinámicas. Cuando el Legislativo federal aprobó la llamada reforma «antinepotismo» en los términos que quisieron las y los legisladores (y no en los planteados por la presidenta Claudia Sheinbaum), el decreto fue publicado tal cual en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los plazos legales.
En cambio, sobran los ejemplos en los que el Ejecutivo estatal de Zacatecas publica o veta decretos a conveniencia. Ahí está el caso de la reciente reforma a la Ley del Notariado, que a pesar de las críticas por su retroceso, se publicó de inmediato en el Periódico Oficial para su entrada en vigor.
Sin embargo, van dos Legislaturas en las que se omite la publicación del decreto correspondiente a la Ley de Salud Mental (uno de tanto decretos), lo que ha impactado en otras iniciativas detenidas ante la falta de entrada en vigor de dicha normatividad.
De hecho, a finales de 2025, la diputada local panista Karla Estrada, presidenta de la Comisión de Salud, advirtió que tenían más de 11 iniciativas pendientes de dictaminación debido a que no se habían publicado diversos decretos en el Periódico Oficial. De hecho, enfatizó que varias de estas iniciativas tendrían que haberse descartado ya debido a esta omisión del Ejecutivo estatal.
Al respecto, en sesión de la Comisión Permanente de este martes, la diputada local petista Renata Ávila trajo el tema a colación al presentar una iniciativa de reforma a los artículos 62 y 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a fin de regular el llamado «veto de bolsillo».
Para dimensionar: en lo que va de la 65 Legislatura (que entró en funciones en septiembre de 2024), van 63 productos legislativos aprobados por el Pleno que no han sido publicados en el Periódico Oficial del Estado, pese a haber agotado todas las etapas del procedimiento legislativo.
No es el primer intento en modificar estas disposiciones. Ya en 2012, la entonces diputada Ma. de la Luz Domínguez Campos (hoy consejera electoral) había presentado una iniciativa de reforma constitucional para permitir que el Legislativo ordenara la publicación de letes no promulgadas por el Ejecutivo.
En 2020, el entonces diputado Javier Calzada también presentó una iniciativa en el mismo sentido, con énfasis en conservar el equilibrio entre poderes y evitar la concentración del poder en el Ejecutivo mediante actos de omisión, como el «veto de bolsillo».
Sobra decir que ambas iniciativas no se concretaron, al grado que los artículos 62 y 63 constitucionales se mantienen tal cual: un plazo de 10 días hábiles para que el Ejecutivo haga observaciones a los decretos correspondientes, sin más disposiciones respecto a los actos de omisión.
El tema tampoco ha sido sencillo. Como se recordará, en la 64 Legislatura el entonces diputado local petista Xerardo Ramírez ya había propuesto una iniciativa mediante la cual se establecía que el Ejecutivo estatal tendría que dar respuesta en un plazo determinado a los puntos de acuerdo aprobados por el Legislativo, pues con frecuencia la «nueva gobernanza» hacía oídos sordos a estos llamados de las y los legisladores.
Lo anterior evidencia la mala relación que ha tenido el gobernador David Monreal con el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, lo que ha motivado la iniciativa hoy propuesta por la diputada Renata Ávila, quien plantea ampliar a 30 días naturales para que el Ejecutivo haga las observaciones correspondientes a los decretos aprobados por el Legislativo o, de no haber observaciones, establecer 10 días naturales adicionales para la publicación de dichos decretos en el Periódico Oficial.
De incumplir con ambos plazos, la reforma propone facultar al Legislativo (mediante la presidencia de la Mesa Directiva o de la Comisión Permanente) a instruir la publicación de dichos decretos en el Periódico Oficial, sin que se requiera refrendo del Ejecutivo, para su entrada en vigor.
Lo anterior claro que agilizaría la actualización de normas aprobadas por el Legislativo, sin embargo, ¿y si también se proponen nuevos criterios para la dictaminación de iniciativas en comisiones legislativas?
Recuérdese que durante la 64 Legislatura sólo tres iniciativas fueron dictaminadas en la Comisión de Justicia, pese a ser la de mayor carga y a pesar de tener sólo 40 días de plazo (según la normatividad) para dictaminar en consecuencia. Y es una dinámica que se repite en varias comisiones de la 65 Legislatura, especialmente al incumplir con el plazo de 40 días. Pero, pues, cada quién…
Entes públicos omisos
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó hace unos días los listados de contribuyentes incumplidos al cierre de 2025 y en el caso de Zacatecas hay entes públicos que no se salvan de observaciones.
Porque hubo al menos seis municipios y un instituto de educación superior que incurrieron en omisiones, al no haber presentado sus declaraciones mensuales (algunos por varios periodos consecutivos), conforme lo establece la Fracción VII del Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
Por ejemplo, el más inclumplido fue el Ayuntamiento de Luis Moya, que de enero a noviembre omitió la presentación de sus declaraciones; le siguen el Ayuntamiento de Apulco, que incumplió en sus declaraciones de marzo a noviembre de 2025; el Ayuntamiento de Río Grande no presentó sus declaraciones de marzo a julio y de septiembre a noviembre; el Teúl de González Ortega incurrió en omisiones de febrero a abril y de agosto a noviembre; el Ayuntamiento de Pinos, de septiembre a noviembre, mientras el Ayuntamiento de Vetagrande, en el bimestre septiembre-octubre.
Además, el Instituto Tecnológico Superior de Jerez incurrió en la misma omisión en sus declaraciones en el periodo de septiembre a noviembre de 2025.
Todos ellos se mantendrían en alerta para el SAT, y estas omisiones podrían agravarse con otros procedimientos de fiscalización sobre sus finanzas, lo que ya de por sí sugiere que la opacidad se está volviendo costumbre. Más cuando ya no hay órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información.
