El llamado «Año del Progreso» pinta para ser el año con la mayor inversión en obra pública. Al menos en teoría. Y aún así habrá qué preguntarse a qué costo, pues los informes financieros al cierre de 2025 confirman por enésima ocasión una pésima ejecución del gasto, particularmente en obra pública.
De acuerdo con los informes financieros del último trimestre del año pasado, la «nueva gobernanza» cerró el ejercicio fiscal con 43 mil 55 millones 628 mil 814 pesos devengados, que corresponden al 100% del Presupuesto de Egresos modificado (por ampliaciones y reducciones).
Sin embargo, al cierre del ejercicio fiscal únicamente había pagado 41 mil 97 millones 161 mil 251 pesos; es decir, había unos 1 mil 958 millones 467 mil 563 pesos pendientes de pagar, y que corresponden a recursos comprometidos, pero que no se ejercieron en el mismo ejercicio fiscal.
Si bien la normatividad federal permite que el estado deje comprometida una parte de sus recursos al cierre de cada ejercicio fiscal, con un plazo para ejercerlos al 100% antes del 31 de marzo (so pena de devolverlos a la Federación, cuando se trata de recursos federales), no es menor la proporción de recursos que quedaron pendientes de ejercer al cierre de 2025.
Si analizamos el presupuesto devengado y el recurso pagado por cada capítulo que integra el Presupuesto de Egresos 2025, los recursos que al cierre del ejercicio fiscal quedaron pendientes de pagar resultan de la siguiente manera:
- Capítulo 1000 (servicios personales): $476,139,610 (corresponde al 2.89% del presupuesto devengado)
- Capítulo 2000 (materiales y suministros): $327,232,618 (24.12%)
- Capítulo 3000 (servicios generales): $151,876,039 (11.56%)
- Capítulo 4000 (transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas): $49,571,078 (0.35%)
- Capítulo 5000 (bienes muebles, inmuebles e intangibles): $181,989,163 (43.96%)
- Capítulo 6000 (inversión pública): $771,648,322 (70.23%)
- Capítulo 7000 (inversiones financieras y otras previsiones): $0
- Capítulo 8000 (participaciones y aportaciones): $10,733
- Capítulo 9000 (deuda pública): $0
De lo anterior, tres capítulos llaman la atención por su nivel de rezago en el ejercicio del recurso público. En primer lugar, en el Capítulo 2000 el principal rezago entre el recurso devengado y el pagado está en la partida 2400, relativa a «Materiales y artículos de construcción y reparación», pues quedaron 258 millones 205 mil 913 pesos pendientes por pagar al cierre del ejercicio fiscal, equivalentes al 50.79% de lo asignado a dicha partida.
Y no es sorpresa que la Secretaría de Obras Públicas (SOP) que encabeza Mildret Karla Montes Incháurregui sea la de mayor rezago, con 253 millones 735 mil 719 pesos pendientes de pagar al cierre del año pasado.
Otro caso importante es la partida 5600, relativa a «Maquinaria, otros equipos y herramientas», donde la Secretaría del Campo (SECAMPO) que encabeza Gerardo Luis Cervantes Viramontes cerró el 2025 con 34 millones 21 mil 512 pesos pendientes de pagar, equivalentes al 99.28% del presupuesto devengado, pero que no se aplicó en el mismo ejercicio fiscal.
En la misma partida hay otro caso emblemático: la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que dirige Arturo Medina Mayoral dejó pendientes de pagar unos 28 millones 546 mil 462 pesos al cierre del ejercicio fiscal, es decir, el 98.95% de su presupuesto devengado en dicha partida.
El apartado más relevante corresponde al Capítulo 6000, pues más del 70% de los recursos devengados quedaron pendientes de pagar al cierre del ejercicio fiscal. Y hablamos de casi 800 millones de pesos, que no es poca cosa, más si se considera que la obra pública incide en dinamizar unos 40 subsectores de la economía.
Por ejemplo, en la partida 6100, relativa a «Bienes de dominicio público», la SOP cerró el año con 389 millones 580 mil 227 pesos pendientes de pagar, equivalentes al 67.46% del presupuesto devengado.
Más grave resulta el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que encabeza Bennelly Hernández, pues dejó pendientes de pagar 72 millones 172 mil 493 pesos al cierre del ejercicio fiscal; es decir, el 100% de lo que le fue asignado en dicha partida y que corresponde principalmente a las obras convenidas con municipios.
En el caso de la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDUVOT) que encabeza Luz Eugenia Pérez Haro, el rezago alcanzó los 94 millones 192 mil 610 pesos pendientes por pagar al cierre del ejercicio fiscal, equivalentes al 63.46% del presupuesto devengado en dicha partida.
Ahora bien, en el caso de la partida 6200, relativa a «Obra pública en bienes propios», el principal rezago se documenta en la SSP, con 110 millones 529 mil 695 pesos pendientes de pagar al cierre del ejercicio fiscal; es decir, el 83.59% del presupuesto devengado en dicha partida.
Otro caso emblemático es el de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) que encabeza Susana Rodríguez Márquez, pues dejó pendientes por pagar 94 millones 192 mil 610 pesos al cierre del ejercicio fiscal, equivalentes al 63.46% del presupuesto devengado en dicha partida.
No obstante, en el caso de la SAMA, es una dinámica típica de cada ejercicio fiscal que no ha ameritado la devolución de recursos a la Federación, pues se trata de proyectos que se diseñan a lo largo del año, para ejecutarse al cierre de cada ejercicio fiscal y en el primer trimestre del siguiente, siempre en tiempo y forma conforme lo planeado en su Programa Operativo Anual (POA).
Lo más significativo de lo que se muestra en los informes financieros es que no importa que el presupuesto destinado a la obra pública haya incrementado en 56.46% (unos 620 millones 372 mil 668 pesos) para este 2026, porque si la mayor parte la van a pagar hasta 2027, el «Año del Progreso» quedará en veremos.
Por lo que sabemos, a finales del año pasado el secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, se reunió con las coordinaciones administrativas de todas las dependencias de la «nueva gobernanza» para llamarles la atención por el nivel de rezago en el ejercicio del presupuesto.
En respuesta, todos los enlaces coincidieron en que el principal problema se llama Carlos Zúñiga, jefe de Oficina del Gobernador y quien decide cuándo, cómo y con quién se contratan obras, bienes y servicios.
Lástima que el zar anticorrupción no pretende tocar ni con el pétalo de un procedimiento administrativo (mucho menos con una investigación) a quien aspira a imponerse como candidato a la presidencia municipal de Fresnillo abanderado por la secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas… perdón, por MORENA. Pero, pues, cada quién…
