La mañanera de este miércoles 25 de febrero fue apenas una probadita de lo que contendría la propuesta de reforma electoral que remitirá la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión en próximos días.
Y como advertíamos el pasado martes, la Presidenta se apegó a una responsabilidad moral, pese a las resistencias entre partidos políticos (incluyendo aliados de la 4T), porque ante todo se trata de una cuestión de principios.
Por una parte, la propuesta expuesta plantea reducir el costo de las elecciones, pero también reducir el gasto en representaciones populares a través de las llamadas «plurinominales» coptadas por las cúpulas partidistas.
Así que no sólo hablamos de un gasto por más de 14 mil millones de pesos asignados como presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) para este ejercicio fiscal. La propuesta también impactará en más de 7 mil 737 millones de pesos como prerrogativas para partidos políticos en este 2026.
A ello se suma el presupuesto por más de 5 mil 103 millones de pesos asignados al Senado de la República; o los más de 9 mil 602 millones para la Cámara de Diputados; o los más de 3 mil 749 millones para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Y eso apenas en el nivel federal, porque a todo ello habría que sumar los mismos gastos en las 32 entidades federativas.
Ciertamente, el gasto electoral y de financiamiento público a los partidos políticos en México resulta una obscenidad. De ahí la propuesta de reducir hasta en 25% este gasto. Si en el Congreso de la Unión respaldan o no este recorte, ahí se verá esa «austeridad republicana» como cuestión de principios.
En congruencia con esta premisa, también se plantean cambios en la integración del Congreso de la Unión. Adiós a las listas de plurinominales con las que los mismos de siempre se perpetuaron en los cargos sin salir a territorio. Y eso aplica en todos los partidos.
Por ello, aunque se mantienen las 300 diputaciones federales de mayoría relativa, las 200 restantes se distribuirían entre 97 candidaturas que no resulten ganadoras pero obtengan los mejores resultados de su partido; 95 de votación directa por circunscripción y partido político (respetando el principio de paridad), así como 8 diputaciones migrantes.
El cambio más importante será en el Senado de la República, donde se recortan 32 escaños correspondientes a las llamadas «plurinominales» para quedar únicamente 64 de mayoría relativa y 32 asignadas a la primera minoría.
Este recorte, de aprobarse, representaría un ahorro por 87 millones 324 mil 37.44 pesos al año en el gasto del Senado de la República. Y si estos criterios de reducción de espacios (y de cambios en el método de elección) bajan a los Congresos locales, y hasta los Cabildos (que tendrían máximo 15 regidurías), haga cuentas sobre los ahorros que se podrían generar.
Además, parte de los ahorros que se buscan estarían en la reducción de sueldos y bonos de consejerías electorales y altos mandos en el INE y en los órganos públicos locales electorales, como el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), cuyo consejero presidente, Manuel Frausto, percibe ingresos superiores a los del propio gobernador David Monreal Ávila.
Una parte muy importante en la propuesta expuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum es lo relativo a la fiscalización electoral, en especial por la prohibición de las aportaciones en efectivo, como los famosos sobres de Pío López Obrador, o las ligas de René Bejarano.
Sin embargo, es bien sabido que prohibir no necesariamente significa inhibir este tipo de prácticas; por el contrario, fomenta la clandestinidad. Y el principal riesgo es que se abra la puerta al financiamiento ilícito proveniente del crimen organizado, con todo lo que ello implica.
Entre otras disposiciones, la propuesta de reforma electoral expuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum también implica facilitar el voto de mexicanos en el exterior, la reducción de tiempos en radio y televisión para spots electorales (pasan de 48 a 35 minutos diarios por emisora), y se plantra que los cómputos distritales inicien al término de la jornada electoral, eliminando el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Además, se mantienen las herramientas de democracia participativa (como el plebiscito, referéndum, consulta popular o revocación/ratificación de mandato); se conserva la disposición contra el nepotismo electoral; y se prohíbe la reelección consecutiva en todos los cargos de elección popular (pero hasta 2030, como la reforma «antinepotismo» electoral).
Evidentemente, la propuesta toca intereses, sobre todo de las cúpulas partidistas, por lo que es natural que haya resistencias aunque impliquen ir en contra de la voluntad popular. El punto de mayor discusión quizá sea la reducción de «plurinominales», esas que abrieron camino a la izquierda en un México donde se había arraigado el priísmo más rancio. Lo que cambia es la obligatoriedad de salir a territorio para ganarse una curul, un escaño.
Por lo pronto, la presidenta Claudia Sheinbaum se mantuvo apegada a esa cuestión de principios sobre los cuales se fundó y cimentó el movimiento al que representa y que le fue heredado por Andrés Manuel López Obrador.
Que esta propuesta de reforma electoral cuente o no con el respaldo suficiente para avanzar en sus términos, o si impactará en el estira y afloja para la rebatinga de candidaturas en el próximo proceso electoral, eso ya es otro cantar. Solamente no hay que olvidar que el tiempo corre y que, si se pretende que estos cambios entren en vigor a partir de la elección de 2027, el plazo es corto. Muy corto.
