Este martes se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum remita al Congreso de la Unión la muy anunciada reforma electoral cuestionada no sólo desde la oposición, sino también por sus propios aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Aunque ficticios, como ejercicios de mera simulación, durante el 2025 se realizaron diversos foros a lo largo del país dizque para recoger las propuestas de la ciudadanía que permitieran construir la dichosa iniciativa de reforma electoral previo al proceso electoral 2026-2027.
Sin embargo, ya desde el 28 de enero de este año, cuando las dirigencias nacionales de MORENA, PT y PVEM fumaron la pipa de la paz en el acto denominado «La Transformación más fuerte que nunca» para ratificar la coalición en 2027 (y hasta 2030), había visos de que la susodicha reforma electoral no tendría el respaldo de los aliados de la 4T en los términos que se planteaba desde la Presidencia de la República.
Entre otras disposiciones, la propuesta inicial implicaba la reducción de espacios plurinominales en el Congreso de la Unión, el recorte al financiamiento público a partidos políticos (especialmente en años no electorales), la no reelección, además de la posible reducción de consejerías electorales y su método de elección.
Al menos esos han sido parte de los puntos de mayor discusión en lo que va de este 2026, particularmente entre representantes del PT y el PVEM, y aunque se niegue en público, mucho se ha especulado sobre la posiblidad de un chantaje político para imponer candidaturas a las gubernaturas en el próximo proceso electoral a cambio de respaldar la pretendida reforma electoral en los términos planteados por la Presidenta.
Tampoco es fortuito que se piense en la posibilidad de una rebelión en el Congreso de la Unión. Ya en 2025 dieron un ejemplo bastante elocuente con la reforma «antinepotismo» electoral, que inicialmente se había planteado para entrar en vigor desde 2027 y el Legislativo federal decidió que no, que eso se podía dejar hasta 2030.
¿Quién quedó mal? La presidenta Claudia Sheinbaum no, como tampoco la dirigente nacional de MORENA, Luisa Alcalde, quienes se mantuvieron firmes en mantener (al menos en los estatutos del partido) esta disposición a partir de 2027 para no postular a familiares directos de actuales gobernantes en el próximo proceso electoral.
Si bien el tema aún tiene vacíos legales que permitirían a sus aliados del PT y PVEM sortear este «veto» (particularmente en San Luis Potosí, Guerrero y Zacatecas), el muy cuestionado Félix Salgado Macedonio (padre de la actual gobernadora Evelyn Salgado) ya ha declarado que acatará los estatutos de MORENA contra el nepotismo en 2027 y no participará en la elección por la gubernatura en Guerrero.
No ha sido el caso de la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Manuel Gallardo, quien legalmente podría ser postulada para la eventual candidatura porque no le afectan los estatutos de MORENA (por militar en el PVEM) y la reforma «antinepotismo» electoral entraría en vigor hasta 2030.
Tampoco ha sido el caso del senador Saúl Monreal, quien no ha desistido de su intención de contender por la gubernatura de Zacatecas en 2027, pese a tres llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum para esperar seis años más, y aun en contra del llamado del diputado federal Ricardo Monreal para disciplinarse.
Porque no sólo hablamos de un tema de legalidad. Se trata de un acto de responsabilidad moral en sintonía con los principios de MORENA como movimiento (como partido político ya es otro cantar) y con aquellos ideales en los que se fundó lo que denominaron Cuarta Transformación.
El mismo principio de responsabilidad moral impacta en la disusión que surgirá con la pretendida reforma electoral que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum. De apegarse a su propuesta original, pese a las muchas voces en contra, es mantener congruencia con dicho principio.
Porque al final, si la propuesta recibe o no el respaldo de sus aliados en el Congreso de la Unión, esa responsabilidad moral ya recae entre quienes comulgan con este principio o a quienes les gana más la vulgar ambición (Andrés Manuel López Obrador dixit). Y eso se paga en las urnas…
De no respaldar la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, le harían un gran favor a quien hoy, después del abatimiento del principal líder criminal en el país, mantiene una aprobación ciudadana superior al 73 por ciento. Aspirar a esa legitimidad, sólo para quien conserva la congruencia entre el decir y el hacer. Pero, pues, cada quién…
Llenar los vacíos
El cargo que hoy ostenta Rodrigo Reyes Mugüerza como secretario general de Gobierno es quizá el más impopular después del del secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral. Más considerando las fallas y vacíos que ha tenido la «nueva gobernanza» en la estrategia de seguridad.
Sin embargo, en ambos se puede reconocer que algo están haciendo bien, aún en contra de la «nueva gobernanza» (¿o era la secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas?), pues cuesta arriba no sólo ha habido una disminución notable de homicidios dolosos y hasta de personas desaparecidas y no localizadas, sino que también han coadyuvado a una mejora en la percepción de seguridad, según el INEGI.
La mayor carga, sin duda, ha sido para un joven Rodrigo Reyes que ha tenido que llenar los vacíos dejados por gran parte del gabinete y por el gobernador David Monreal, incluso si eso implica un desgaste como ningún otro secretario.
Tras los hechos ocurridos el pasado fin de semana en Jalisco que repercutieron en al menos 20 entidades del país, es de reconocerse el trabajo del secretario general de Gobierno para ofrecer información oportuna a la población frente a estos hechos, y para desmentir también de manera oportuna la información falsa o sacada de contexto que en mucho contribuyó al miedo y al caos.
Porque en tiempos de infodemia y de política carroñera, se agradecen las voces que dan certidumbre ante ese caos. Es cuanto.
