Sin diálogo con productores, sin consecuencias para los responsables del conflicto, encerrados en su burbuja del bienestar y progreso, así se dio por concluido el programa de Precios de Garantía. Y el que entró, entró; y el que no, que bien le vaya.
En lo que dicen que fue una conferencia de prensa (que no lo fue), el gobernador David Monreal, la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, y el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño, prácticamente dieron a entender que «aquí no pasó nada«, pese a los ocho días (y contando) de protestas por pequeños productores relegados del programa federal.
Palabras más, palabras menos, se dijo que con la meta ampliada se logró un acopio de 96 mil toneladas y una inversión de casi 2 mil 600 millones de pesos para beneficiar a unos 11 mil pequeños productores. Y que con estas cifras se da por concluido el ciclo primavera-verano 2025.
La ausencia de representantes de las y los productores durante la conferencia de prensa (que no lo fue) es un ejemplo muy elocuente de la cerrazón de la autoridad y el aval a intermediarios (incluyendo figuras políticas) que sacaron provecho a costa de la complicidad de quienes operaban el programa. Pero lo negaron tres veces.
Lo negó el gobernador David Monreal cuando agradeció la inversión federal para Zacatecas y enfatizó que estos recursos llegaban directamente a pequeños productores; «nadie puede argumentar otra cosa«. Inlcuso se aventuró a declarar que «hay algunos productores que por desconocimiento o con engaños los traen en la manifestación, pero ya tienen su costal«.
Lo negó la directora María Luisa Albores cuando insistió que el programa de Precios de Garantía estaba dirigido a pequeños productores porque «no se trabaja con listas o intermediarios» y cuando remató que «no se vale la gestoría porque minimizan al productor«.
Lo negó el subsecretario Leonel Cota luego de exponer los programas en operación y la ministración de recursos, cuando insistió que «no estamos tratando con intermediarios» y llamó a pequeños productores a «acudir a los centros de acopio» para llevar su frijol.
Una y otra vez insistieron en que se cumplió con el programa. Y a lo que sigue: el anuncio de una eventual instalación de una cribadora en el municipio de Sombrerete, que sería inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y sanseacabó.
Esta negativa al diálogo con las y los productores afectados por un evidente coyotaje, sin embargo, no es la mejor antesala a la próxima visita de la Presidenta a Zacatecas, dizque para «dar seguimiento a los programas sociales y productivos«. (aunque la actual gira de Sheinbaum Pardo por el país ha sido para entregar las tarjetas del programa «Pensión Mujeres Bienestar», a propósito de las actividades conmemorativas por el 8 de Marzo).
Ya los manifestantes han amagado con continuar las protestas y bloqueos, incluso si eso implica boicotear la 40 edición del Festival Cultural de Zacatecas. Y este miércoles quedó muy claro que motivos sobran: finalmente ninguna autoridad les escuchó (al contrario, se les criminalizó). En su cerrazón, bajaron la cortina y «aquí no pasó nada«.
Lo dijimos en este espacio desde el pasado 19 de marzo: los padrones de beneficiarios mostraban que los grandes productores (y hasta intermediarios) fueron prioridad en el programa «Precios de Garantía» frente a los pequeños productores relegados del programa, y que son precisamente quienes han endurecido sus protestas.
Porque si bien Zacatecas acaparó una tercera parte de la inversión, ésta se repartió de forma inequitativa, pues una tercera parte de las y los beneficiarios (y hay que ver los nombres porque los más beneficiados parecen prestanombres) habría recibido entre 300 mil y 405 mil pesos de apoyo; es decir, el 33.42% de las y los beneficiarios acaparó el 52.36% de la inversión (unos 413 millones de pesos).
Con estas evidencias, y las acusaciones de privilegiar a intermediarios por encima de pequeños productores, no sorprende el cinismo del gobernador David Monreal al insistir en que «el campo es solución y no problema«. Porque si la solución es la cerrazón y «aquí no pasó nada«, así se avizora el «Año del Progreso» y el cierre de administración.
Tampoco es como que la «nueva gobernanza» vaya a salir al quite en este embrollo (menos con la ayuda del subsecretario Omar Carrera), no sólo porque esos más de 1 mil 500 millones de pesos del Fideicomiso del Viaducto elevado que nadie pidió se encuentran en un litigio que va para largo (y en todo caso, son recursos que irían a obra pública).
Según el Presupuesto de Egresos 2026 aprobado por el Poder Legislativo, para el Capítulo 4000 se le destinarían 11 mil 327 millones 267 mil 572 pesos, pero de ese monto, unos 10 mil 314 millones 394 mil 73.94 pesos (alrededor del 91.05% de dicho Capítulo) correspondería a transferencias internas y asignaciones al sector público (Poderes Legislativo y Judicial, ASE, organismos autónomos, organismos descentralizados, UAZ, municipios, etc.).
Quedarían sólo 1 mil 12 millones 873 mil 498.06 para subsidios y subvenciones, así como para ayudas sociales, más o menos lo equivalente a la bolsa de mil millones de pesos que se propuso este martes ante el Pleno de la 65 Legislatura, pero que significaría dejar de operar todos los programas de ayuda social de todas las dependencias (incluyendo el convenio para la Pensión Universal para Personas con Discapacidad) para invertir esos recursos únicamente en respaldar el acopio de frijol.
Y en todo caso, la prioridad hoy sigue siendo electoral, particularmente para impulsar a una secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas. Pero, pues, cada quién…
