El jitomate, hoy a un costo promedio de 56 pesos por kilogramo. Y la población paga el precio, no sólo conciente de que el valor del producto responde a factores no atribuibles a las y los productores, sino porque además se trata de un producto básico en la dieta de las y los mexicanos. Lo mismo aplica con cada incremento en el precio del pan, la tortilla, la carne y otros productos que forman parte de la canasta básica.
Uno puede renegar, hacer críticas y quejarse de precios que están por las nubes, pero al final paga el costo porque se trata de productos indispensables, y como no se puede prescindir de ellos, uno estira el dinero lo más que se pueda, procurando ahorrar unos centavos por aquí y por allá.
En medio de esta escalada de precios (previsible, como lo dejaron ver las últimas manifestaciones de productores y productoras ante las múltiples fallas del programa de Precios de Garantía), no es menor el impacto que generó el anuncio de un posible incremento en la tarifa del transporte público, de hasta 30% para la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe para quedar en 13 pesos en promedio.
Si bien se trata de un servicio (no producto) indispensable en la vida cotidiana, este incremento anunciado podría llegar a representar hasta un 25% del gasto diario por hogar, ya de por sí afectado por la inflación que encarece los productos de la canasta básica.
A ello súmele el gasto realizado en vivienda (un sector también encarecido por la especulación inmobiliaria), que en teoría no debería representar más del 30% del ingreso diario del hogar; más el gasto en educación, salud, vestido y, con suerte, destinar algunos pesos al entretenimiento (que también debería ser un derecho). Eso deja un margen casi nulo para el ahorro y mucho menor para abatir los índices de precariedad.
De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para marzo de este año el costo de la canasta alimentaria y no alimentaria en México ascendía a unos 4 mil 940.45 pesos al mes en la zona urbana, es decir, hasta el 51% del ingreso mensual por salario mínimo para este 2026.
Al respecto, hay que considerar que de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe hay hasta 49 mil 590 personas que perciben hasta un salario mínimo como ingreso; es decir, una tercera parte de la población ocupada en la entidad y que sería la principal afectada con el incremento a la tarifa del transporte público.
El principal argumento para este incremento sería el alza en el precio de los combustibles, aunque eso no justifica que se mantegan las condiciones deplorables en el servicio, no sólo por unidades de transporte obsoletas, por las intermitencias o por la mala calidad en el servicio, todas con promesas de mejora cada vez que se anuncia un incremento en la tarifa, igualito que pasa con el servicio de taxis, que hace mucho ya se olvidaron del taxímetro para cobrar tarifas al antojo de cada chofer.
Se trata de un servicio indispensable, sí, pero deficiente. Es más, ya ni siquiera responde al crecimiento de la macha urbana, y basta ver por qué no existe una ruta que atraviese desde Tránsito Pesado a la vialidad Manuel Felguérez, pese a que ahora ahí se concentra el crecimiento poblacional y de oferta de productos, bienes y servicios, ya no sobre el bulevar Eje Metropolitano, que además es la principal vía bloqueada con cada manifestación.
En ese sentido, convendría recordar que hace unas dos o tres décadas en Zacatecas se entregaba un boleto al pagar la tarifa del transporte público, boleto que era el «seguro» para las y los usuarios en caso de un percance o accidente. ¿Hoy tenemos la garantía de que la tarifa que se está pagando (y por la cual ya no se emite boletaje, lo que poco abona a la fiscalización) también cubre este seguro?
Estos factores deberán ser puestos sobre la mesa en las reuniones de trabajo que ha establecido el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, con el gremio de transportistas. Y no será tarea sencilla, considerando que existen intereses detrás de las y los concesionarios.
No hay que olvidar que este anuncio en el incremento a la tarifa del transporte público también se da en el preámbulo de un proceso electoral y el resultado podría implicar una decisión tal vez necesaria, pero también impopular. ¿Prevalecerá la razón?
Por encima de todo, habrá qué preguntarse si esto no favorece más bien el tan prometido proyecto del Platabús, que no tiene para cuándo terminar y cuyo costo, a estas alturas, ya no queda tan claro para la población.
Llamado a renunciar
No debería sorprender el llamado del senador Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado de la República, para que legisladores y legisladoras de MORENA se separen del cargo si preteden participar en el proceso interno para la selección de candidaturas para el próximo proceso electioral.
De hecho, ha sido una regla interna del partido que se ha aplicado en los últimos procesos electorales y, en teoría, tiene su razón de ser para favorecer condiciones de equidad en la contienda.
Porque una cosa es administrar recursos públicos con los cuales se puedan repartir prebendas y apoyos, y otra ejercer un cargo legislativo que, legalmente, no dispone de recursos para ayudas sociales (las llamadas «herramientas legislativas»). Y eso marca la diferencia, pues por esta condición la decisión de separarse del cargo de quienes ocupan una posición legislativa responde más a una cuestión ética que legal.
El peso de esta decisión, en el caso de Zacatecas, recae en primer lugar entre quienes por MORENA ya han levantado la mano para buscar la gubernatura: Verónica Díaz, Saúl Monreal, José Narro y Ulises Mejía. Y a la lista se han de agregar los nombres de quienes buscarán cualquier otro cargo a competir en la próxima elección de 2027, ya sea para una diputación o una presidencia municipal.
Sin embargo, es un llamado que por el momento sólo abarca a la militancia de MORENA, pero que no obliga a sus compañeros de coalición en el PT y el PVEM, lo que no evita la presión social ante una decisión de ética, más allá de la legalidad. Pero, pues, cada quién…
