Oportunamente, en el preámbulo del proceso electoral 2026-2027, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer este jueves los resultados de la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP) 2025. Y los datos no tienen desperdicio.
Si bien, la estadística oficial muestra un avance significativo en la reducción de homicidios dolosos, la población aún percibe la delincuencia, la violencia y la inseguridad como el problema más importante (75.4%), seguido por el aumento de precios, la inflación y el costo de la vida (65.4%); la corrupción (46.8%), así como el empleo y desempleo (35.8%).
Como menos importantes se encuentran problemas como la inmigración (2.4%), asuntos externos como la guerra y el terrorismo (2.4%) o la defensa de la soberanía del país (3.4%), esta última, la principal base del discurso de la 4T en los últimos años, particularmente durante la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La ENCOAP 2025 muestra un particular descontento o quizás apatía de la población para participar en asuntos públicos, y sugiere que el principal motivo es que no se siente escuchada por sus autoridades, mucho menos por el sistema político de partidos en México.
Por ejemplo, aunque el 44.6% de la población considera que sí hay apertura del sistema político del país, un no muy lejano 38.3% considera que no existe tal apertura, lo que limita la participación política de la población. ¿Se mantiene la idea de que «lo mismo y los mismos«?
La misma encuesta expone que el 36.1% de la población aún considera que votar en una elección sí tiene una influencia significativa para hacer un cambio (el porcentaje más alto de confianza, y eso ya dice mucho); el 23.1% opina lo mismo respecto a votar en una consulta popular, al igual que el 22.3% cuando se trata de ser voluntario para causas sociales o ambientales.
En contraste, 54.3% de la población considera que no hay influencia en caso de boicotear determinados productos por motivos políticos; mientras que el 48.4% opina lo mismo respecto a asistir a una reunión con funcionarios electos o un 47.1% sobre asistir a una reunión de un sindicato o partido político, dos puntos relevantes que deberían poner a reflexionar en el preámbulo del proceso electoral 2026-2027.
Esta percepción de que la población no se siente escuchada también se refleja en la desconfianza de lograr un cambio al participar en una huelga (46.9%) o en una marcha (45.7%). Tal vez por eso las útlimas manifestaciones han llegado a medidas más drásticas como el bloqueo de vialidades.
Lo anterior tampoco es gratuito. Según la ENCOAP 2025, el 57.1% de la población considera que a funcionarios electos o en el poder no les importa lo que la gente quiere, una percepción a la que poco abona el hecho de que el 54.1% señala que no hay suficiente información sobre lo que hace el gobierno; mientras el 46.7% considera que falta información sobre cómo interactuar con el gobierno, o un 46.3% que opina que no hay oportunidades para hablar con funcionarios electos ni participar de otras formas.
Estos indicadores en particular reflejan el distanciamiento que prevalece entre representantes populares que llegaron al cargo con el voto popular (cuando no se trató de espacios plurinominales), pero también con sus autoridades electas.
Porque el 46.2% de la población considera que no es probable que al comunicarse con un diputado o senador responda a una inquietud sobre un tema de política que es importante para la gente, frente al 35.7% que considera que sí hay probabilidades.
Así que no parece importar cuántas asambleas informativas, reuniones vecinales o como le quieran llamar a las actividades que realizan quienes «aspiran porque respiran» a un cargo de elección popular en 2027. La ENCOAP 2025 sugiere que una vez en el cargo, la clase política y las autoridades se olvidan de quien les dio el voto.
De hecho, es significativo que aun después de la reforma judicial y la elección de nuevas personas juzgadoras, el 50.7% de la población confía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en sus jueces, la proporción más alta de confianza en autoridades electas.
Menos suerte tuvieron diputados federales y senadores que apenas alcanzaron un 41.0% de confianza; y mucho menos diputados locales en los estados, con apenas 38.8% de confianza.
Al respecto, da mucho qué pensar que el 63.3% de la población tiene mayor confianza en organizaciones internacionales, o un 51.9% que confía en medios de comunicación, frente a un 33.7% que aún confía en los partidos políticos.
La administración pública no se queda atrás en eso de la desconfianza ciudadana. Por ejemplo, el 31.2% de la población considera que no es probable que al compartir datos personales a una institución pública, éstos serán utilizados para los fines que fueron recopilados (un 51.4% considera que sí).
Y poco abona el hecho de que, luego de la extinción del órgano garante, el INAI (o el IZAI, en el caso de Zacatecas), hoy se obligue a la población a registrar sus datos biométricos para el trámite de una nueva CURP o el registro de líneas telefónicas móviles, cuando ya se han dado a conocer casos de filtración de estos datos personales sin que existan consecuencias.
Además, pese a los intentos por simplificar trámites y servicios (que en teoría también coadyuvarían a reducir los actos de corrupción), el 39.8% de la población no cree que la autoridad le ayude a corregir un error al realizar un trámite o declaración de impuestos en lugar de sancionarle.
En definitiva, la ENCOAP 2025 muestra indicadores importantes que deberían tomar en cuenta no sólo las autoridades en funciones, sino también quienes buscarán un cargo en la próxima elección, particularmente porque la población no se siente escuchada, no considera que su opinión incida en políticas públicas o en reformas al marco normativo, ni mucho menos que una vez en el cargo existan canales de comunicación, retroalimentación ni de evaluación de desempeño.
Pero si seguimos con esas prácticas de la «foto política» y vivir en una burbuja, ahí nos hallarán con la desconfianza hacia la clase política y los gobiernos de los tres niveles. Pero, pues, cada quién…
