En reiteradas ocasiones desde este espacio hemos dado a conocer investigaciones en torno a los programas alimentarios que opera el Sistema Estatal DIF. En su momento, durante el quinquenio de Alejandro Tello, expusimos el esquema por el cual se favoreció a la empresa Dominus Messico SA de CV mediante diversos contratos, esquema con el cual luego se beneficiaría no sólo a la misma empresa, sino también (y pricipalmente) a Comercializadora Don Cacahuato S de RL de CV durante la «nueva gobernanza».
La sospecha (fundada) de sobrecostos, mala calidad de los productos entregados y hasta inconsistencias en los padrones de beneficiarios (entre muchas otras irregularidades) llegaron a tal punto que en su momento el tema fue llevado a la tribuna de la 64 Legislatura.
Y es que, como expusimos en este espacio en diversas ocasiones, estos sobrecostos podían alcanzar hasta el 70% del valor real de una canasta alimentaria o despensa del programa de asistencia alimentaria en las cuatro vertientes que se financian mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
Pero ya desde la administración anterior cuestionábamos por qué, a pesar de ser licitaciones, seguían fallando una y otra vez por las mismas empresas e incluso se probaba la existencia de contratos de ampliación a dichas licitaciones, en compras fraccionadas para evadir el procedimiento de licitación.
La sospecha era más evidente al momento de constatar que en los procesos de licitación participaban también las mismas empresas como meros testigos, pues en la mayoría de los casos se abstenían de presentar propuestas técnicas y económicas o intencionalmente (así parecía) omitían la presentación de algún documento para así favorecer a las empresas sobre las cuales finalmente recayeron los fallos.
Lo mismo ocurría en el caso de adquisiciones por ampliaciones de contrato: mismas empresas que presentaban cotizaciones a un costo más elevado que la empresa que al final resultaba contratada. Y sólo hablamos de la estrategia alimentaria.
No obstante, al analizar la evolución del gasto en la adquisición de productos alimentarios para esta estrategia operada desde el SEDIF, se advierte que en la actual administración se ha incrementado de manera muy significativa el gasto realizado, aunque una sola empresa ha se ha beneficiado: NOMADA CO S de RL de CV, con domicilio fiscal en el estado de Chihuahua.
Hablamos de un monto por 762 millones 926 mil 143.75 pesos en diversos contratos de 2024 a la fecha, de los cuales el 88.30% (unos 673.7 millones de pesos) fueron casualmente por licitación.
En estos procedimientos (ya sea por licitación o por adjudicación por ampliación de contrato) casualmente encontramos también los mismos nombres de las mismas empresas que participan como meros testigos: Comercializadora Don Cacahuato S de RL de CV, Recursos Navarro SA de CV, MOBA Alimentos, Minsa Comercial SA de CV y más recientemente, Comercializadora de Productos Nutricionales y Bienestar SA de CV.
Será que desde el edificio A de Ciudad Administrativa, especialmente en la oficina de la Jefatura de Oficina del Gobernador, pero también desde las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, hay quienes han participado en este esquema para favorecer a NOMADA CO. Pero no quisiéramos pensar que en ambas instituciones estarían cobrando un diezmo (que en algunos casos, dicen, alcanza hasta el 30% de los contratos).
Porque resulta curiosa la evolución de los montos contratados con dicha empresa. Por ejemplo, en 2024 el monto ascendió a 270 millones 589 mil 785.54 pesos, como consta en los contratos: LP-SEDIF.ZAC-EA-1-2024, AMP-LP-SEDIF.ZAC-EA-1-2024/1, AMP-LP-SEDIF.ZAC-EA-1-2024/2, AMP-LP-SEDIF.ZAC-EA-1-2024/3, AMP-LP-SEDIF.ZAC-EA-1-2024/4, AMP-LP-SEDIF.ZAC-EA-1-2024/5 y AMP-LP-SEDIF.ZAC-EA-1-2024/6.
Para el 2025, este monto contratado con NOMADA CO se incrementó a 434 millones 16 mil 358.21 pesos mediante los contratos: LP-SEDIF.ZAC-EA-05-2025, LP-SEDIF.ZAC-EA-033-2025, LP-SEDIF.ZAC-EA-72-2025, AMP-LP-SEDIF.ZAC-EA-05-2025/1, AMP-LP-SEDIF.ZAC-EA-05-2025/2, AMP-LP-SEDIF.ZAC-EA-05-2025/3, AMP-LP-SEDIF.ZAC-EA-033-2025/1, y AMP-LP-SEDIF.ZAC-EA-72-2025/1.
Hablamos de que, entre 2024 y 2025, el monto contratado con NOMADA CO tuvo un crecimiento del 60.39% (casi 163.5 millones de pesos), una dinámica que podría mantenerse para este año, considerando que la estrategia alimentaria tuvo un incremento en su financiamiento público, especialmente con recursos de origen estatal (ingresos de libre disposición).
Para este 2026, el pasado 23 de abril fue el fallo en favor de la misma empresa, correspondiente a la licitación LP-SEDIF.ZAC-EA-15-2026, por un monto de 58 millones 320 mil pesos. Y si apenas es el primer contrato de este ejercicio fiscal para la estrategia alimentaria, uno se puede dar una idea del monto final a contratar, con tendencia para favorecer a la misma empresa. ¿En las narices de la SFP, o con su aval?
No se puede omitir el hecho de que, en esta administración, la estrategia alimentaria no ha estado excenta de polémicas, como las protestas en varios municipios por la intervención del SEDIF en los padrones de beneficiarios, o por el incremento en el costo de los paquetes alimentarios.
A ello se agregan los señalamientos por el presunto uso electoral del programa alimentario, sobre todo si se consideran los eventos de entrega en los que parecería que se busca favorecer las aspiraciones políticas de una sola persona: la senadora Verónica Díaz Robles.
Pero como suele ocurrir con cada investigación hacia la «nueva gobernanza», las consecuencias no llegarán, mucho menos una investigación de oficio por parte del órgano de control, en especial si la SFP forma parte de este esquema mientras se llenan la boca con discursos anticorrupción. Pero, pues, cada quién…
