Como advertimos desde hace varios meses, cuando Luisa María Alcalde aún fungía como dirigente nacional de MORENA, el oficialismo diseñaba una estrategia para contar con filtros de seguridad que eventualmente evitaran la postulación de perfiles con antecedentes a algún cargo de elección popular.
Ya desde el levantamiento de la primera encuesta (de tres que estaban proyectadas) para la definición de preprepreprecandidaturas de MORENA a las gubernaturas, a finales de 2025, en MORENA había un equipo enfocado específicamente en integrar expedientes de investigación de todas y todos los aspirantes a las candidaturas a las gubernaturas en los 17 estados que renovarán cargo en la próxima elección.
Estos expedientes no sólo incluían resultados de sondeos o notas periodísticas, sino también expedientes abiertos en las fiscalías de los estados o incluso en la Fiscalía General de la República y hasta en la Secretaría de Gobernación.
Este filtro, por lo que se sabe, era de particular interés de la presidenta Claudia Sheinbaum, mucho antes de la crisis derivada del caso Rubén Rocha Moya, hoy gobernador con licencia del estado de Sinaloa.
Ese interés, así parece, ahora cobra mayor relevancia luego de que la Presidenta anunciara en su conferencia mañanera una propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un organismo que dependería del Instituto Nacional Electoral (INE) y cuya función sería evitar la postulación de candidaturas con posibles vínculos con la delincuencia organizada.
De acuerdo con la propuesta presentada por la ahora consejera Jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, ya no sólo se investigará ante la FGR, sino también en la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Centro Nacional de Inteligencia.
El resultado de estas investigaciones a cada aspirante a alguna candidatura, con valoraciones sobre si existe o no algún riesgo, será remitido a los partidos políticos y en ellos recaerá la decisión sobre postular o no a algún perfil, incluso si tiene antecedentes, lo que no evitará que continúen las investigaciones y, de ser el caso, se presenten las denuncias correspondientes.
Si bien, a primera vista, la propuesta resulta necesaria y ya había actores políticos, como el diputado federal Carlos Puente, que insistían en la implementación de estos filtros de seguridad a las candidaturas, aún queda un sesgo de desconfianza ante la posibilidad de que estos filtros (y la eventual continuación de investigaciones, si hay elementos, hasta presentar las denuncias correspondientes) sean utilizados como herramienta política para ejercer presión y/o debilitar a opositores.
No obstante, no se puede omitir el hecho de que la propuesta también representaría un balazo en el pie para MORENA, considerando que todas y todos sus aspirantes a la candidatura a la gubernatura de Baja California tienen antecedentes. Y sólo es un ejemplo.
Importante sería también que en la propuesta que será remitida al Congreso de la Unión se consideraran disposiciones para que el INE esté obligado a hacer público el resultado que haya determinado la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, en un acto de congruencia con los principios de transparencia y combate a la corrupción e independientemente del partido político del que se trate.
Porque si de algo adolecen los partidos políticos en el país es de credibilidad y confianza ciudadana, como lo demuestra la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por lo pronto, ya se anunció que una vez recibida la iniciativa correspondiente, se discutirá en el próximo periodo extraordinario en el Congreso de la Unión. Y todo indica que será prioridad, pues el calendario electoral sigue corriendo y hay plazos que se agotan para hacer cambios en la materia, si se pretende que entren en vigor para la elección de 2027.
Zacatecanos, quienes más desconfían de su gobierno estatal
A propósito de la ENCIG 2025, cuyos resultados fueron dados a conocer este jueves por el INEGI, Zacatecas fue la entidad con menor porcentaje de población que confía en su gobierno estatal, con apenas 22.4 por ciento.
Este resultado es el valor más bajo de los últimos ocho años, en los que se han levantado cinco ediciones de esta Encuesta del INEGI. Porque hacia 2017, en Zacatecas el 31.7% de sus habitantes confiaba en su gobierno estatal y ocupaba el lugar 14 con menos confianza a nivel nacional.
Este valor se incrementó ligeramente hacia 2019, hasta alcanzar un 33.1%, aunque para entonces Zacatecas ya era la quinta entidad con menor confianza en su gobierno estatal, empatado con el estado de Morelos.
Para 2021, ya con el relevo en la administración estatal, la confianza se ubicó en apenas 35.6% de la población, pero Zacatecas ya era la segunda entidad con menor confianza en su gobierno estatal, sólo por debajo de Morelos. La misma posición ocupó para el 2023, también por debajo de Morelos, con apenas 36.6% de confianza en el gobierno estatal.
Sin embargo, la situación fue en declive para el 2025, cuando Zacatecas se ubicó como la entidad con menor porcentaje de población que confía en su gobierno estatal: apenas 22.4%, es decir, ni una cuarta parte.
Los resultados de la ENCIG 2025 sobre este indicador en particular también llaman la atención por las entidades que se encuentran en los extremos. Por una parte, las que gozarían de mayor confianza de la población en sus gobiernos estatales son: Nuevo León (59.8%), Coahuila (59.3%), Querétaro (51.9%), Aguascalientes (49.7%) y Chiapas (48.1%).
En cambio, las que tendrían menor confianza en sus gobiernos estatales son: Zacatecas (22.4%), Sinaloa (27.9%), Baja California (27.6%), Michoacán (27.7%) y Baja California Sur (29.8%).
Como se aprecia, para 2025 es curioso que los estados de mayor confianza hoy sean gobernados por la oposición (a excepción de Chiapas), mientras que en los estados con menor confianza de la población gobierna el oficialismo. Ha de ser porque el INEGI miente con sus encuestas, ¿verdad?, ¿o cómo validamos entonces los indicadores sobre la percepción de seguridad que, dicen, han mejorado en Zacatecas?
