El pasado lunes 4 de mayo, la secretaria de Finanzas, Ruth Angélica Contreras, dio a conocer un balance de las finanzas estatales, particularmente en lo relativo al cumplimiento de obligaciones correspondientes a la deuda pública heredada.
Sin embargo, otro punto que merece una mención especial es el comportamiento de la recaudación por el impuesto de remediación ambiental, mejor conocido como impuestos ecológicos.
Dichos gravámenes fueron aprobados en diciembre de 2016 y entraron en vigor desde el ejercicio fiscal 2017, cuando se proyectó una recaudación anual de 1 mil 230 millones de pesos por este concepto.
De entonces a la fecha, las proyecciones de recaudación han sido heterogéneas, con tendencia a la baja debido a convenios de pago anticipado, pero también considerando los amparos promovidos por diversas empresas (en especial del sector minero) que se negaban a pagar esta contribución, pese a que ya existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor del Gobierno de Zacatecas.
No se trata de cobrar por cobrar. Miles de millones de pesos son extraídos del subsuelo zacatecano cada año, pero la mayor parte de esa riqueza va a parar al extranjero y las comunidades donde se asientan los proyectos de extracción no ven los frutos de esa riqueza.
Y seamos claros: no hay industria minera que sea amigable con el medio ambiente. De ahí la imposición de estos gravámenes «de remediación ambiental», un objetivo distinto a cuando se creó el llamado «impuesto minero», que luego daría paso al Fondo Minero con el que se financiaban proyectos de obra pública en comunidades con actividades mineras para promover su desarrollo.
No obstante, la negativa de consorcios extranjeros y empresas mineras (como Pan American Silver, una de las tantas amparadas contra este gravamen) para cumplir con el pago de estos impuestos ecológicos o «de remediación ambiental» sí ha representado un serio impacto negativo a las finanzas estatales y, en consecuencia, a las medidas que pudieran implementarse para la remediación ambiental (valga la redundancia).
Hagamos cuentas: entre 2017 y 2026 se ha proyectado una recaudación por impuestos ecológicos de 7 mil 170 millones de pesos; en ese lapso, se han recaudado a la fecha 1 mil 983 millones de pesos; es decir, apenas el 27.66% de lo proyectado, según los informes financieros trimestrales que publica la Secretaría de Finanzas.
Lo anterior significaría que en la última década prácticamente quedarían pendientes por recaudar algo así como 5 mil 186 millones 918 mil 609 pesos, que representan el 72.34% de lo proyectado en recaudación en el mismo lapso.
Los mismos informes financieros muestran que a partir de la actual administración, la recaudación de estos impuestos creció en un 96.38% respecto a la pasada administración estatal. El cambio más significativo fue en 2021, el año posterior a la pandemia del COVID-19, pues esta recaudación se incrementó en 1,295.03% respecto a 2020.
Esto no es cosa menor cuando, después del impuesto sobre nómina, los impuestos ecológicos son el segundo concepto de mayor recaudación propia para el estado de Zacatecas y en la medida en que aumente o disminuya esta recaudación, también impacta en la fórmula de reparto de participaciones y aportaciones federales hacia la entidad. A mayor crecimiento de ingresos propios, mayor presupuesto federal.
De ahí la importancia del llamado que hiciera la secretaria de Finanzas, Ruth Angélica Contreras, a las empresas mineras (que no son las únicas obligadas a pagar este impuesto, pero sí las de mayor contribución por este concepto) a cubrir el saldo de sus obligaciones tributarias con el estado.
Porque hablamos de unos 300 millones de pesos al año, aunque el principal beneficio sería la recaudación acumulada de ejercicios fiscales anteriores y que representaría prácticamente dos años de solventar el déficit en la nómina educativa y poco más del 100% de la recaudación propia de cada ejercicio fiscal para el estado de Zacatecas. O lo que es lo mismo: casi casi equivaldría a construir dos viaductos elevados.
¿Se imagina cuántas acciones de remediación ambiental se podrían realizar con esos más de 5 mil millones de pesos pendientes de recaudar por este gravamen en la última década?
