La extinción del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), promovida por el oficialismo en aras de construir «una nueva transparencia para el pueblo», dejó un vacío institucional de casi un año que no sólo sirvió de justificante para que MORENA y sus aliados incumplieran con una obligación constitucional.
De hecho, todo indica que el principal beneficiado con esta transición a Transparencia para el Pueblo de Zacatecas ha sido el Ayuntamiento de Zacatecas, pero en particular el alcalde Miguel Varela, pues no sólo han incumplido en el último año con una obligación básica como la publicación de sus informes financieros trimestrales, sino también de sus respectivos contratos de obras, bienes y servicios.
El tema viene a colación porque en los últimos días se hizo valer el derecho de acceso a la información, haiga sido como haiga sido, y por fin se hizo público el contrato correspondiente a la Licitación Pública Nacional LPN/PMZ/DA-M1-2025, relativa al arrendamiento de 62 vehículos para uso administrativo y de servicios, por un periodo de 28 meses, contando a partir del 19 de abril de 2025 al 19 de agosto de 2027.
Ya desde septiembre del año pasado en este espacio teníamos la sospecha de que la flamante policía turística, puesta en marcha el 9 de septiembre, no partiría de un patrimonio propio. Hablamos de las 15 patrullas en las que dicen que se habrían invertido unos 12 millones de pesos.
Porque de acuerdo con la opacidad del Ayuntamiento de Zacatecas, que se sigue negando a transparentar mínimamente su información financiera, para el Presupuesto de Egresos 2025 no tenía etiquetado un solo peso en el Capítulo 5000, mucho menos para la partida correspondiente a la adquisición de vehículos y equipo de transporte, o en equipo de defensa y seguridad.
En cambio, según la poca información disponible, sí tenían presupuestados unos 13 millones de pesos en servicios de arrendamiento. Y ahí surgió la sospecha de que las dichosas patrullas de la Policía Turística correspondían a un parque vehicular rentado.
De hecho, todo indicaba que se trataba de la licitación Licitación Pública Nacional LPN/PMZ/DA-M1-2025, por mucho que de manera extraoficial se pretendía aclarar que el Cabildo de Zacatecas había autorizado una reasignación presupuestal para el Capítulo 5000 con el que se justificaría la adquisición de unidades.
Las inconsistencias en torno al tema persisten a la fecha ante el nulo cumplimiento en obligaciones de transparencia, donde ya ni siquiera se ocupan de publicar las actas de las sesiones de Cabildo. Sin embargo, hoy sabemos que la empresa ganadora de la citada licitación fue Jet Van Car Rental SA de CV, cuyos antecedentes turbios ya han sido dados a conocer por el periodista Andrés Vera en su portal Periómetro.
Si bien el monto del contrato por 70 millones 699 mil 466.04 pesos para el arrendamiento de 62 vehículos por un periodo de 28 meses resulta preocupante (sobre todo por la opacidad del procedimiento), el monto podría ser mayor y se sumaría a una larga lista de irregularidades que arrastra Miguel Varela Pinedo, incluso desde su tiempo como alcalde de Tlaltenango.
Porque resulta que hubo una segunda licitación, la LPN/PMZ/DA-M2-2025, cuyo fallo se dio el 23 de abril de 2025. Y desde entonces en el portal del Ayuntamiento de Zacatecas no se ha publicado alguna otra licitación de adquisiciones.
Esta segunda licitación, de la cual se publican hojas en blanco en lugar de las actas correspondientes a la Junta de Aclaraciones, la apertura de propuestas y el fallo, implicaba la contratación del servicio de mantenimiento para 62 unidades vehiculares arrendadas, y mantenimiento al equipo de carburación con sistema de inyección gas LP de 71 vehículos.
Nuevamente, no hay evidencias del contrato respectivo, pero fuentes internas del Ayuntamiento de Zacatecas han compartido evidencia documental con este espacio en el que se establece que el monto contratado ascendió a 33 millones 874 mil 146 pesos.
Así pues, surgen más dudas en torno al carísimo arrendamiento de vehículos en la administración de Varela Pinedo, más allá de la opacidad del proceso de licitación. Porque resulta harto curioso que según los anexos de las licitaciones LPN/PMZ/DA-M1-2025 y LPN/PMZ/DA-M2-2025, ya en el desglose de unidades vehiculares, sean exactamente la misma cantidad y los mismos modelos, en el mismo orden en sus respectivos listados.
Tampoco se puede obviar el hecho de que en el contrato original para el arrendamiento de las 62 unidades vehiculares no se incluyera una cláusula específica para el mantenimiento de dichos vehículos. Ambas licitaciones, de hecho, sólo tienen un mes de diferencia. Y eventualmente se sabrá que el fallo fue, si no en favor de la misma empresa, sí de empresas asociadas.
Así que lo anterior nos daría un total de 104 millones 573 mil 612.04 pesos, entre el contrato de arrendamiento y el contrato para el mantenimiento de las unidades vehiculares rentadas. ¿De dónde si no estaba presupuestado? Pues todo indica que por algo Varela Pinedo lleva ya tres tesoreros (y contando), porque se sospecha que estos contratos se están financiando con otras partidas, incluso sin el aval del Cabildo, lo que sí o sí ameritaría observaciones de la Auditoría.
Pero quien aspira a la candidatura a la gubernatura tiene una larga (muy larga) cola que le pisen. Porque ya desde su tiempo como alcalde de Tlaltenango tenía una relación muy sospechosa con las empresas Tresel y el proyecto Transformando Energía, así como Grupo Ingusa. Pero, pues, cada quién…
