Las protestas de productores de frijol de los últimos días y los hechos de represión de los que fueron víctimas junto a zacatecanas y zacatecanos que simplemente apoyan las manifestaciones han sido el escenario perfecto para que la «nueva gobernanza» siga haciendo cosas buenas que parecen malas… o viceversa.
Aunque la extinción del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) fue extinguido en aras de crear lo que se conoce como Transparencia para el Pueblo de Zacatecas y así controlar desde dentro qué se transparenta y qué no, aún es posible monitorear la aplicación de recursos públicos con la escasa información que se da a conocer de manera oficial.
Como se recordará, el pasado 30 de abril venció el plazo para que los sujetos obligados publicaran su información correspondiente al primer trimestre de este año, y aunque el nivel de cumplimiento ha ido en retroceso desde la extinción del IZAI y la transparencia quedó en el limbo hasta la designación de nuevo titular de Transparencia para el Pueblo hace un par de semanas, la transparencia no ha muerto (aún).
El tema viene a colación porque está por cumplirse un año de la cancelación (o «terminación anticipada» por resolución judicial) del Viaducto elevado que nadie pidió, una cancelación que derivó en un juicio promovido por el consorcio Grupo HYCSA (contratista que ejecutaría la obra por más de 3 mil 654 millones de pesos) y que, mientras no exista resolución de por medio, dejó congelados los recursos en el Fideicomiso correspondiente.
Hablamos del «Fideicomiso irrevocable de administración, inversión y fuente de pago denominado Viaducto elevado Boulevard Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec No. 4733«, aprobado por la 64 Legislatura al votar el Paquete Económico 2023 y cuyo decreto de creación fue publicado en el Periódico Oficial el 28 de junio de ese año.
En diversas ocasiones desde este espacio informamos sobre los movimientos en los saldos trimestrales de dicho fideicomiso, el cual se financiaba con «economías» de cada ejercicio fiscal (aunque se sospecha que dichas economías eran más bien subejercicios), y advertíamos sobre la poca claridad y transparencia respecto al destino que tendrían dichos recursos luego de la cancelación del proyecto.
Porque, en teoría, mientras no se resolviera el conflicto legal entre la «nueva gobernanza» y Grupo HYCSA (que ya había recibido un anticipo por un monto que rondaba los 500 millones de pesos, de manera oficial), dichos recursos permanecían congelados.
Sin embargo, las Notas a los Estados Financieros correspondientes al primer trimestre de este 2026 muestran otra cosa. Porque al cierre de 2025, el Fideicomiso tenía como saldo un monto de 1 mil 631 millones 934 mil 624 pesos, pero bien raro que al 31 de marzo de este año (o sea, tres mes después) el saldo del Fideicomiso cayó hasta alcanzar apenas los 85 millones 931 mil 230 pesos.
Eso significa una diferencia de 1 mil 546 millones 3 mil 394 pesos que, en apariencia, nadie sabe, nadie supo a dónde se fueron. Pero eso también es relativo, pues el mismo documento muestra una nuevo Fideicomiso que no aparecía en ninguno de los informes trimestrales de los últimos años: el Fideicomiso de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública Productiva No. BM/5139.
Al 1 de enero de este año, el saldo de este Fideicomiso se encontraba en ceros; no obstante, al 31 de marzo, el saldo ya alcanzaba la cantidad de 1 mil 572 millones 482 mil 698 pesos. Es decir, apenas 26 millones 485 mil 304 pesos más que la diferencia del saldo en el Fideicomiso del Viaducto elevado que nadie pidió en el último trimestre.
Si bien se intuye que estos recursos se transfirieron entre uno y otro Fideicomiso para aplicarse, sí o sí, en obra pública y nada más, quedan varias dudas sobre la aplicación de estos recursos por varios motivos, inciando porque no se establece una dependencia en específico como administradora del Fideicomiso.
Además, al día de hoy no se ha publicado en el Periódico Oficial el decreto correspondiente a la creación de este nuevo Fideicomiso, así que desconocemos los lineamientos que lo van a regir.
Lo que se intuye, asimismo, es que no serán proyectos de inversión pública productiva de carácter plurianual, porque de otro modo habrían requerido la aprobación de la 65 Legislatura cuando las y los diputados votaron el Paquete Económico 2026 (como ocurrió en su momento con el Viaducto elevado que nadie pidió).
Sobra decir que persiste la duda respecto al por qué se realizó este movimiento de transferencias de recursos entre Fideicomisos, considerando que permanece el litigio con Grupo HYCSA. ¿O ya hay resolución judicial de por medio para descongelar las cuentas?, ¿se llegó a un acuerdo con las empresas constructoras que ejecutarían el proyecto?
Por encima de todo, nuevamente recae en la ciudadanía la tarea de vigilar que estos más de 1 mil 572 millones de pesos del nuevo Fideicomiso sean aplicados, efectivamente, en obra pública. Pero también vigilar que, como en el caso del Viaducto elevado que nadie pidió, el tema no pretenda ser capitalizado políticamente por quienes aspiran a una candidatura en el próximo proceso electoral. Si no, recuérdese cuáles fueron los amparos que no procedieron… Pero, pues, cada quién…
