Deepfakes, violencia digital y ciberdelitos, los nuevos retos legislativos del siglo XXI

En el marco del “4th Latin American Symposium on Education, Technology and Science”, la diputada local Renata Libertad Ávila Valadez impartió la conferencia magistral “Avances legislativos en materia de Inteligencia Artificial: retos y perspectivas para México y Zacatecas”, donde abordó los desafíos jurídicos que plantean las nuevas tecnologías y la necesidad de construir marcos normativos e instituciones capaces de proteger los derechos humanos en la era digital.

Durante su participación, la legisladora destacó que la inteligencia artificial representa una de las transformaciones tecnológicas más importantes del siglo XXI y que su impacto ya es visible en ámbitos como la educación, la salud, la economía, la seguridad pública, la investigación científica y la comunicación digital.

Ante académicos, investigadores, estudiantes y especialistas, señaló que el debate actual ya no consiste en determinar si la inteligencia artificial debe ser regulada, sino en definir cómo hacerlo sin frenar la innovación tecnológica y sin renunciar a la protección de derechos fundamentales como la privacidad, la dignidad humana, la igualdad y la libertad de expresión.

Como parte de su exposición, realizó un recorrido por los principales avances legislativos registrados a nivel internacional, destacando el modelo impulsado por la Unión Europea mediante la Ley de Inteligencia Artificial, considerada la primera regulación integral en la materia a nivel mundial. Asimismo, analizó los desafíos que enfrenta México ante la ausencia de una legislación federal especializada y la necesidad de construir mecanismos de gobernanza tecnológica que permitan responder a fenómenos como la violencia digital, la desinformación, la manipulación de contenidos y los delitos cometidos mediante herramientas de inteligencia artificial.

Al abordar el caso de Zacatecas, Renata Ávila destacó que durante los últimos años se ha venido construyendo una agenda legislativa orientada a responder a los nuevos riesgos derivados del uso de tecnologías digitales y sistemas de inteligencia artificial.

Recordó que en noviembre de 2025 la Comisión de Justicia de la LXV Legislatura emitió un dictamen que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Zacatecas para incorporar expresamente el uso de inteligencia artificial en determinadas conductas delictivas, particularmente aquellas relacionadas con la manipulación digital de imágenes, audios y videos, así como con nuevas formas de violencia digital.

Explicó que dicho avance legislativo reconoce fenómenos emergentes como los llamados deepfakes, es decir, contenidos generados o alterados mediante inteligencia artificial capaces de hacer parecer real una situación que nunca ocurrió, los cuales pueden utilizarse para vulnerar la intimidad sexual, cometer extorsiones, dañar reputaciones o afectar gravemente la integridad emocional de las personas.

La diputada subrayó que este dictamen constituye el primer avance legislativo concreto de Zacatecas en materia de inteligencia artificial, al reconocer que las nuevas tecnologías pueden convertirse en herramientas para vulnerar derechos fundamentales y que el Estado tiene la obligación de actualizar sus mecanismos de protección frente a estos riesgos.

Asimismo, informó que actualmente continúan en análisis diversas iniciativas relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y derechos digitales, entre ellas la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para crear la Fiscalía Especializada en Delitos Digitales y Cibernéticos.

Explicó que esta iniciativa busca fortalecer las capacidades institucionales del Estado para investigar y perseguir delitos cometidos mediante tecnologías digitales, incluyendo la violencia digital, el fraude informático, la suplantación de identidad, el robo de datos personales, la extorsión digital, los delitos sexuales en línea y aquellas conductas ilícitas potenciadas por el uso de inteligencia artificial.

“La tecnología del delito ha avanzado más rápido que la tecnología de la justicia. Por ello, además de actualizar nuestras leyes, necesitamos instituciones especializadas, personal capacitado y herramientas tecnológicas que permitan garantizar el acceso efectivo a la justicia en el entorno digital”, señaló.

Finalmente, la legisladora reconoció el papel que desempeñan las universidades y los espacios académicos en la construcción de soluciones frente a los desafíos tecnológicos contemporáneos, al considerar que la discusión sobre inteligencia artificial requiere la participación conjunta de especialistas, investigadores, legisladores, autoridades y sociedad civil.

“Estamos frente a una tecnología que llegó para transformar profundamente nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos. El desafío de nuestra generación no es detener la inteligencia artificial, sino asegurar que su desarrollo permanezca siempre al servicio de las personas y de los derechos humanos”, concluyó.