Aunque a nivel nacional las llamadas Mesas de Diálogo han sido más una herramienta política para calmar las aguas previo al Mundial de Futbol 2026 y la antesala del proceso electoral 2026-2027, sin intenciones reales para llegar al fondo de los asuntos, eso no evita que haya instituciones que de verdad hagan el esfuerzo por dar resultados.
El evento realizado este jueves en el Centro Platero (de acceso restringido, hay que decirlo) convocó a autoridades nacionales e internacionales, lo que no ameritó ni un comunicado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) o de la Fiscalía General de la República (FGR), ni siquiera una mención en sus redes sociales institucionales.
En el aire queda la duda sobre las razones por las que Zacatecas fue la sede regional de esta Mesa de Diálogo con familiares y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas no sólo de nuestra entidad, sino también de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro, considerando que el vecino estado de Jalisco, además de ser una de las tres sedes oficiales para el Mundial de Futbol 2026, enfrenta una de las peores crisis de personas desaparecidas en el país.
El evento, además, representó la primera ocasión que el gobernador David Monreal ha dado la cara y se ha sentado con familiares y colectivos de búsqueda (a medias, también hay que decirlo, porque se excluyó de la convocatoria a los colectivos que han alzado la voz ante las omisiones de la «nueva gobernanza»). Sí: a nada de concluir su quinto y penúltimo año de gobierno.
Ciertamente, el tema ha tenido una baja significativa en las estadísticas oficiales que, curiosamente, coinciden con un relevo en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), una vez que Francisco Murillo Ruiseco ahuecó el ala y dejó el espacio a Cristian Paul Camacho Osnaya.
No es secreto que Murillo Ruiseco tuvo una pésima relación con familiares y colectivos de búsqueda, como quedó de manifiesto en sus últimos días como fiscal en las mesas de trabajo realizadas en el Vestíbulo del Congreso del Estado, donde poco le faltó para sacar esa expresión tellista de «yo no la maté«.
Su sucesor en la Fiscalía, Camacho Osnaya, parece tener más tacto al abordar el tema, y los números hablan de que este relevo en la titularidad de la FGJEZ sí se reflejó en cambios para bien, aunque aún no sean suficientes.
Más allá de las, dicen, 3 mil acciones de búsqueda realizadas en lo que va de este año, una parte importante ha sido el avance en la identificación de cuerpos, tema del que había un rezago más que significativo, como aquellos más de 100 cuerpos resguardados en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) que llevaban casi una década sin ser identificados.
Para la «nueva» fiscalía, hay acciones que no requieren mucho presupuesto, pero sí la voluntad para querer resolver, como los convenios firmados con el Instituto Nacional Electoral (INE) o con la Universidad Goethe de Frankfurt y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, o incluso el Instituto Nacional de Medicina Genómica, con los cuales se ha trabajado de manera importante en la identificación de personas.
Gracias a la coordinación con el INE se han logrado 303 identificaciones, y derivado del material genético recabado, se han obtenido 1 mil 83 perfiles genéticos que han derivado en la identificación de 36 personas por genética.
Significativa también es la estadística de inhumaciones y exhumaciones: de 2020 a 2023 (en tiempos de Murillo Ruiseco) se documentaron 381 inhumaciones y 12 exhumaciones; pero de 2024 a la fecha (durante la gestión de Camacho Osnaya) se han registrado 111 exhumaciones (para identificación de cuerpos) y ni un solo caso de inhumación.
Sin embargo, no es gratuita la insistencia de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, sobre la importancia de la coordinación interinstitucional para abatir el delito de la desaparición de personas, más en una entidad que ha tenido varios ejemplos de revictimización de familiares y colectivos de búsqueda, por no decir que se les ha agredido como en la manifestación durante el cuarto Informe de Gobierno de David Monreal.
En el fondo, las familias que son víctimas indirectas de este grave delito esperan respuestas, soluciones concretas, porque mientras se dan discursos en recintos de acceso controlado (no vaya a ser que se manifiesten por las fallas persistentes), corre tiempo valioso que se puede aprovechar en buscar a sus familiares desaparecidos.
Habrá que ver en qué terminos vendrá el anunciado protocolo Homologado de Investigación que será sometido a la aprobación de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para su aplicación en todo el país.
Lo cierto es que, desde los cambios realizados por Camacho Osnaya en la Fiscalía, sobre todo para la identificación forense, tal parece que Zacatecas se adelantó a la nueva etapa para atender el problema, especialmente ante la importancia que dio la fiscal Ernestina Godoy a la alimentación del Banco Nacional de Datos Forenses, que lleva ya un avance del 86% en la carga de información y que a partir del 8 de junio incorporará nuevos datos.
No es suficiente, los retos aún son bastantes, pero hay avances. Ojalá rivalidades triviales entre instituciones, o pleitos baratos de egos, no terminen en retrocesos, mucho menos en una bandera de campaña para una aspiración electoral, siendo un tema tan sensible.
Se agotan los plazos
Como era de esperarse, este jueves nuevamente se rompió el quórum de la sesión ordinaria convocada en la 65 Legislatura (también en sede alterna) debido a que el oficialismo aún no reúne los 20 votos necesarios para que proceda el dictamen de una pretendida reforma constitucional que lleva camuflado un cambio en el artículo 53 para que secretarios y subsecretarios del gobierno estatal no tengan que renunciar a su cargo a más tardar este sábado si pretender contender por una diputación local.
Claro que aún queda tiempo para hacer reformas en materia electoral, no obstante, la fracción tan polémica que ha estado en la discusión pública ha generado resistencias en el Pleno de la 65 Legislatura, no tanto por sus implicaciones, sino como estrategia para darse a respetar ante las omisiones del Poder Ejecutivo.
Porque no ha sido una sola ocasión que el desastre de la «nueva gobernanza» ha avidado diferentes protestas que, ante oídos sordos y palabras necias del gobierno estatal, han recurrido al Poder Legislativo para hacerse escuchar, cuando en el fondo no está en las y los diputados la solución de fondo a sus problemas.
Y todo indica que en la 65 Legislatura ya se cansaron de ser el saco de boxeo en temas que no atiende la «nueva gobernanza», así que la aprobación (o no) del dictamen de reforma constitucional hoy está sujeto a que el gobierno estatal asuma lo que le corresponde y deje de endilgarles problemas que no atiende.
Que ya de paso le pongan piedritas en el camino a quienes buscan una diputación local en el próximo proceso electoral, eso ya es lo de menos. Pero, pues, cada quién…
