En conferencia de prensa, el alcalde de Guadalupe, José Saldívar, anunció que por fin se saldó el adeudo de 180 millones de pesos contratados en la administración de Roberto Luévano en el trienio 2013-1016 con Bansi SA y que durante más de una década comprometió las finanzas públicas del municipio.
Ciertamente, aunque el contrato del crédito simple establecía que el monto de este empréstito se destinaría a «inversión pública productiva», no existe evidencia de que así haya ocurrido, no obstante, esta contratación convirtió a Guadalupe en el municipio con el mayor monto en deuda en el estado de Zacatecas durante la última década.
Tan sólo para este ejercicio fiscal, según el Presupuesto de Egresos 2026 del municipio, se proyectaban unos 45 millones 351 mil 19.35 pesos específicamente para el Capítulo 9000, correspondiente al pago de deuda pública, y que representan el 4.41% de sus ingresos totales, y hasta 16.88% de sus ingresos propios.
Si bien en adelante se tratará de recursos que estarán disponibles para invertirse en otras prioridades del municipio (como en mantenimiento para las calles de Guadabache), los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran un matiz importante en ese saneamiento financiero.
Porque al 31 de marzo de este año, el crédito por 180 millones de pesos contratados con Bansi SA ya aparece liquidado… pero a qué costo, pues implicó la contratación de otro crédito, ahora con Banobras, por 161 millones 300 mil pesos que se destinarían a «refinanciamiento». Nada más que este empréstito no habría tenido autorización.
Recordemos que en mayo de 2022, el Ayuntamiento de Guadalupe entonces encabezado por Julio «N», había remitido al Poder Legislativo una solicitud para el refinanciamiento de la deuda pública del municipio, una solicitud que recayó en la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal entonces presidida por la morenista Violeta Cerrillo Ortiz, actual rectora de la Utzac, y que en ese entonces acusó una intentona de desplazarla de la presidencia de la Comisión, la misma que autorizó la concesión hasta por nueve años del servicio de recolección de residuos sólidos.
No obstante, la solicitud de refinanciamiento no fue aprobada y así consta en los registros de la SHCP, donde al 31 de marzo de este año el municipio de Guadalupe aún mantenía un saldo de 8 millones 868 mil 750 pesos pendientes por pagar.
Haiga sido como haiga sido, lo importante es que la administración del alcalde José Saldívar sí se ha destacado por el saneamiento financiero del municipio, tal vez no de manera legal, quizá no en los mejores términos, y posiblemente con consecuencias que aún no se aprecian del todo.
Recordemos que el empréstito de 180 millones de pesos contratados en la administración de Roberto Luévano no ha sido la única obligación financiera del municipio, pues también se enfrentaba un serio adeudo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por cuotas obrero patronales y de cesantía y vejez (entre muchos otros conceptos) que no habían sido enteradas a la Federación, lo mismo que retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR), adeudos que en su momento Julio «N» estimó en más de 300 millones de pesos y alertando sobre un inminente embargo.
Lo cierto es que desde el 21 de diciembre de 2022 el Ayuntamiento de Guadalupe signó un convenio con el IMSS para el reconocimiento de adeudo y autorización de prórroga para el pago a parcialidades. Para entonces, se reconocía un adeudo por 154 millones 730 mil 882.88 pesos de adeudo al IMSS, de los cuales al 10 de junio de 2025 ya habían pagado 64 millones 471 mil 201.20 pesos y restaba un saldo de 90 millones 259 mil 681.68 pesos pendientes de amortizar.
Lo conveniente fue la solicitud que hiciera el Ayuntamiento de Guadalupe, ya bajo la administración de José Saldívar, para la desincorporación y posterior enajenación en la modalidad de «dación en pago» del inmueble donde se ubica la Alberca municipal, una solicitud que fue aprobada por la 65 Legislatura sin el escándalo que hoy ha generado el caso del Hotel Parador, aunque se trate de las mismas condiciones.
De acuerdo con el decreto 137 de la 65 Legislatura, publicado en el Suplemento 56 del Periódico Oficial el 12 de julio de 2025, para entonces se estimaba un valor comercial del bien inmueble por 102 millones 227 mil pesos.
De concretarse la autorización de la solicitud de desincorporación, el IMSS condonaría ciertos conceptos del adeudo, lo que permitiría al municipio contar con un saldo a favor por 25 millones 522 mil 203.84 pesos, monto que no le sería transferido al municipio, sino que se elaboraría una nota de crédito a favor del ente público por el importe excedente. Y además el municipio asumiría los costos de escrituración, igualito que con el caso del Hotel Parador.
No se omite el hecho de que en su momento también se autorizó la desincorporación, en la modalidad de donación, del bien inmueble ubicado en el polígono del Cerro San Simón que se destinaría al proyecto del C5 (que no tiene para cuándo) y que en varias ocasiones en este espacio expusimos los yerros para su aprobación.
En definitiva, el Ayuntamiento de Guadalupe sí ha avanzado en el saneamiento de sus finanzas (falta transparentar lo correspondiente a los adeudos de ISR), pero a costa de desprenderse del patrimonio de las y los guadalupenses. ¿Por qué este caso no ha tenido el mismo impacto que el del Hotel Parador?
