Lo más evidente en el sétpimo periodo extraordinario de sesiones de la 65 Legislatura, sin duda, fue que a las y los diputados locales les urgen unas clases de lectura (y, de paso, de comprensión lectora). Y pondremos dos ejemplos bastante elocuentes.
Cuando la presidenta de la Mesa Directiva, Imelda Mauricio, consultaba si un dictamen estaba suficientemente discutido (es decir, por votación económica), la diputada secretaria Ma. Elena Canales respondía: «le informo, diputada presidenta, que tenemos quórum«.
Cuando intervino en tribuna el diputado Jesús Badillo, se refirió a la figura de «donación» en referencia al dictamen por el que se pretendía autorizar la desincorporación y posterior enajenación en «dación de pago» del Hotel Parador para saldar un adeudo del Issstezac con el Gobierno del Estado. Dos figuras legales diferentes.
Y no fueron pocas veces que diputadas y diputados iniciaban con fuerza sus intervenciones, y a mitad de sus discursos perdían fuerza, confundían palabras (en el peor de los casos, se las inventaban), prolongaban sus pausas y hasta bajaban el ritmo y la modulación de voz hasta concluir con un seco «es cuanto«.
Pero vayamos al show legislativo de este lunes. Desde temprana hora, jubilados y pensionados del movimiento de bases del Issstezac, pero también de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundarias del Estado de Zacatecas (SITTEZ), tomaron las instalaciones del Congreso del Estado para evitar la apertura del séptimo periodo extraordinario de sesiones en el que se pretendía discutir y votar el dictamen de referencia.
Al mismo tiempo, bloquearon los accesos a las instalaciones del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT) donde se pretendía sesionar como sede alterna. Y por unas horas las y los manifestantes evitaron que la sesión de apertura se llevara a cabo.
Sin embargo, hacia las 5 de la tarde, el auditorio del COZCYT fue declarado sede alterna sin la presencia de diputados y diputadas de oposición y así comenzó el séptimo periodo extraordinario de sesiones.
Ya desde ese momento, con las puertas cerradas del auditorio para impedir el acceso de las y los legisladores de oposición, se sabía que el oficialismo contaba con los votos necesarios para aprobar el dictamen sin mayor problema. Total, ya habían reunido quórum para iniciar sesión.
Una vez que se abrieron las puertas para permitir el acceso a los diputados relegados de la sesión, a este error se sumó que en ningún momento se les tomó asistencia adecuadamente, y en la discusión en lo general del dictamen de referencia, cuando alguien solicitaba intervención «para hechos», se le negaba y luego, tras revisar el reglamento, se le concedía el uso de la voz.
Rara vez hubo llamados al orden. De hecho, entre los gritos y empujones de las y los manifestantes que irrumpieron en el recinto una vez declarada la apertura del séptimo periodo extraordinario, la diputada Imelda Mauricio ni se inmutó. Alzando la voz, continuaba con el guión de la sesión convocada, punto por punto, incluso con errores de lectura o saltándose puntos del orden del día.
Omitida la segunda lectura del dictamen, a solicitud de la presidenta de la comisión dictaminadora, la diputada Ruth Calderón, se abrió la discusión en lo general en la que participó la mayoría de diputados de oposición para hablar en contra del dictamen. Nadie intervino para hablar a favor, aunque tampoco era de sorprender. Ya tenían los votos para aprobar el dictamen.
Y así, uno a uno, las y los diputados Renata Ávila, Isadora Santiváñez, Dayanne Cruz, Karla Rivera, Karla Estrada, Maritere López, Ana María Romo, David González, Eleuterio Ramos, Carlos Peña, Jesús Badillo, Roberto Lamas y Marco Vinicio Flores expusieron, a su parecer, el por qué había que votar en contra del dictamen.
¿Que se afectaba el patrimonio de la derechohabiencia? Sí. ¿Que no se presentó el estudio actuarial en tiempo y forma (y aún así se dictaminó)? Sí. ¿Que no se buscaron otras alternativas para saldar el adeudo con el Gobierno del Estado (como arrendamiento o concesión)? Sí. ¿Que esta «dación de pago» no solucionaba de fondo la crisis financiera del Instituto? Sí. ¿Que no se consultó a la derechohabiencia sobre esta decisión? Ahí sí hay matices.
Recordemos que, según el dictamen, la solicitud se aprobó en junio de 2025, por unanimidad, por la Junta Directiva del Issstezac, una decisión que tuvo el aval de las dirigencias sindicales de la Sección 58 del SNTE, Marcelino Rodarte, y del SITTEZ, Ernesto Macías Silva, quienes (en teoría) representaban la voz de sus agremiados. Si votaron en contra de los intereses de sus representados, eso ya es responsabilidad de quienes les eligieron como líderes sindicales y a ellos habrá que pedirles que rindan cuentas.
¿Que el dictamen no habría llegado al Pleno de no ser por la abstención del diputado Marco Vinicio Flores? Entonces se resta responsabilidad a la abstención del diputado Alfredo Femat, cuya ausencia en la sesión de este lunes tampoco habría marcado una diferencia en el resultado, pues incluso si hubiera votado en contra del dictamen, habría derivado en un empate en la votación que el oficialismo habría sorteado con el voto de calidad de la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Imelda Mauricio.
¿Que la «nueva gobernanza» ha abonado al desmantelamiento del Issstezac? En parte es cierto. No obstante, sabido es que el Instituto nació muerto desde el momento en el que se autorizaron las primeras pensiones cuando apenas había transcurrido un año de creación del instituto. Y la situación no mejoró con las pensiones doradas que se autorizaron en administraciones pasadas.
¿Que MORENA y sus aliados sólo buscan dejar al Instituto en la inoperancia? Pues tampoco es que la oposición tenga la razón. Recordemos que en la 61 Legislatura, la entonces diputada morenista Alma Gloria Dávila Luévano ya había presentado una iniciativa de reforma a la Ley del Issstezac que integraba las propuestas de la derechohabiencia y representaba un rescate real de la institución.
Sin embargo, el PRIAN tenía entonces la mayoría legislativa y, en lugar de aprobar la propuesta, la mandó a la congeladora para, eventualmente, aprobar la llamada «Ley Tello» que una y otra vez ha tenido que ser corregida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En definitiva, todas las administraciones, de todos los colores, han contribuido al deterioro de la institución (o a su saqueo). Y mientras hoy la discusión se pierde en tecnicismos o lugares comunes, la solución de fondo permanece en la congeladora legislativa.
Por encima de todo, y transcurridas varias décadas, la derechohabiencia y la población zacatecana en general se siguen preguntando ¿y dónde están las y los que desmantelaron el Instituto? Algunos hoy son diputados, otros son servidores públicos en funciones, otros más ya hasta se jubilaron. Pero todas y todos siguen gozando de la impunidad que les da hacerse de la vista gorda. Es cuanto.
