Recordarán, estimados lectores y lectoras, cómo se aprobó el dictamen que reformaba (valga la redundancia) la reforma que nunca debió ser a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a fin de que quienes aspiraran a una diputación local no se vieran obligados a separarse de sus cargos un año antes de la elección.
Se trató de la sesión de las mociones que no eran mociones, pero que deja un claro antecedente de lo que podría ocurrir en el séptimo periodo extraordinario de la 65 Legislatura, aprobado en sesión de este jueves por la Comisión Permanente.
En dicho periodo extraordinario, a celebrarse los días 6, 7 y 8 de julio, se han considerado al menos cinco puntos a abordar, entre designaciones de magistraturas vacantes y la aprobación de tres dictámenes: uno de reformas al Código Penal; otro sobre la regulación de aplicaciones para servicios de hospedaje; y el más polémico, la desincorporación del Hotel Parador y su posterior enajenación en favor del Gobierno del Estado.
Sobra decir que el procedimiento de dictaminación sobre este último punto ha sido peculiarmente rápido, como pocas iniciativas, y si bien ha habido resistencias, no han sido en la misma magnitud que en otros temas que competen al Issstezac y sus derechohabientes.
Desde la lectura de la iniciativa ante el Pleno de la 65 Legislatura ha habido algunos diputados y diputadas que han expresado desde ya su postura en contra de aprobar el dictamen por el que se busca la «dación en pago» a través de este inmueble, a fin de saldar un adeudo el Instituto por 315 millones de pesos con el Gobierno del Estado.
En nuestra última colaboración, de hecho, cuestionábamos qué representaciones sindicales con voz y voto en la Junta Directiva del Issstezac habían avalado esta desincorporación.
Hoy sabemos (y no precisamente porque la institución haya cumplido con sus obligaciones en materia de transparencia) que los votos los aportaron los líderes sindicales de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Marcelino Rodarte, y del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundarias del Estado de Zacatecas (SITTEZ), Ernesto Macías Silva.
Recuérdese que el Acuerdo 3664/085/2025 JDI fue aprobado por unanimidad de cinco votos de las representaciones presentes en aquella sesión de la Junta Directiva, el 9 de junio de 2025, un periodo en el que la dirigencia del SUTSEMOP aún estaba en controversia.
Un año después, según la Gaceta Parlamentaria de la sesión legislativa de este 2 de julio, se da cuenta de que tanto el Comité Ejecutivo Estatal como un grupo de pensionados y jubilados del Issstezac han remitido al Poder Legislativo del Estado de Zacatecas la solicitud para que se posponga cualquier determinación sobre el Hotel Parador hasta que se agote el proceso de diálogo.
El problema es que, al igual que el dictamen de reforma a la reforma que nunca debió ser, el dictamen correspondiente a la desincorporación del Hotel Parador ya tuvo su primera lectura ante el Pleno de la 65 Legislatura, lo que obligaría (según el procedimiento legislativo) a continuar con la segunda lectura, discusión y votación.
A diferencia de una reforma constitucional, en este caso bastaría mayoría simple para aprobar el dictamen, mayoría que fácilmente se reúne con los votos del oficialismo, incluso si se excluye a la bancada del Partido del Trabajo (PT) o las rémoras de Movimiento Ciudadano (MC).
Sobre este dictamen, para el lunes 6 de julio en que se pretende someter a consideración del Pleno puede preverse una larga discusión (con mociones que no son mociones de por medio) a fin de prolongar el momento de votar, incluso si las y los diputados se ven obligados a sesionar en sede alterna por una posible toma del Congreso del Estado.
La única posibilidad de que a esta decisión se le dé marcha atrás será al momento en que la presidencia de la Mesa Directiva abra espacio para la discusión del dictamen en lo general, sólo si la Comisión dictaminadora de Presupuesto y Cuenta Pública que preside la diputada Ruth Calderón así lo solicita.
Por lo que se sabe, ha quedado en manos del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y coordinador de la bancada de MORENA, Jesús Padilla Estrada, el cabildeo para reunir los votos necesarios para aprobar el dictamen (aunque tampoco es que vaya a batallar, al requerir mayoría simple).
Más allá de la discusión y las mociones que no son mociones que surjan el próximo lunes durante el periodo extraordinario, habrá que reflexionar sobre la pertinencia o no de mantener un patrimonio que hace tiempo está en números rojos y genera pérdidas millonarias al Issstezac, o desincorporar este bien para saldar adeudos y compromisos de corto plazo, con la garantía (en palabras del gobernador David Monreal) de que el inmueble se convertirá en una Casa del Bienestar que seguirá dando servicios a la derechohabiencia. Y ya de paso, cerrar la llave a las pérdidas millonarias que representa mantenerlo como parte de los activos del Issstezac (habrá que ver cuánto representaría este beneficio a las finanzas del Instituto).
Además, está el plus de que la plantilla laboral del Hotel Parador pasaría a la nómina del Gobierno del Estado, lo que ya de por sí representa no sólo una despresurización de las finanzas del Issstezac, sino una seguridad en sus ingresos para las y los trabajadores, sin olvidar que el inmueble recibiría mantenimiento (y hasta mejoras) que hoy no se pueden permitir las finanzas comprometidas del Instituto.
Por encima de todo, queda pendiente la solución de fondo a la crisis del Issstezac, pues aunque la desincorporación del Hotel Parador ayudaría en el corto plazo a sus finanzas, es un hecho que el Instituto sigue estando con la soga al cuello para cumplir con el pago de derechos y prestaciones a la derechohabiencia. ¿Cuánto representa un rescate financiero? Y si la Ley actual sigue siendo insuficiente para el saneamiento, ¿qué alternativas han hecho falta para darle viabilidad a la institución?
