Ya desde junio pasado, Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, daba visos de que no habría coalición para la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí.
Ahora lo dice con mayor convencimiento, aunque insiste en que, al menos en las otras 16 entidades que renovarán gubernatura en 2027, la coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sí se mantendrá.
Ese convencimiento, sin embargo, empieza a tener reservas en los casos de Baja California, Colima y, a partir de este fin de semana, Zacatecas, no sólo por las diferencias en días pasados entre la senadora Geovanna Bañuelos y la «nueva gobernanza» en torno a un «atentado» calificado como «accidente».
La reforma electoral aprobada por las bancadas de MORENA y PVEM en la 65 Legislatura de Zacatecas el pasado domingo 16 de agosto ya tuvo sus primeras consecuencias. Este lunes el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PVEM hizo pública la «expulsión» del partido de sus representantes legislativos Lyndiana Bugarín, Georgia Fernanda Miranda y José Luis González, e instruía las notificaciones correspondientes para efectos legales.
Lo anterior significa que quedará disuelto el grupo parlamentario en la 65 Legislatura, al ya no contar con representantes, lo que implicará un voto menos del oficialismo en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y en el Órgano de Administración y Finanzas (OAF).
Además, a menos que se declaren independientes, obligaría a sustituir sus espacios en las presidencias de las comisiones de Vigilancia, de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, así como la de Derechos Humanos.
Minutos antes del «domingazo», el diputado federal Carlos Puente, coordinador de la bancada Verde en la Cámara de Diputados y aspirante a la coordinación estatal de defensa de la Cuarta Transformación (y de sabe qué tanto, el eufemismo larguísimo para las preprepreprepreprecandidaturas a las gubernaturas), había advertido que el Partido Verde se oponía a la reforma electoral que se votaría el 16 de agosto en el noveno periodo extraordinario de sesiones.
Y aunque dijo que las y el diputado de la bancada local tenían «libertad» para emitir su voto en torno a la reforma, respaldarla implicaría ir contra la postura institucional del partido, una postura que en su momento fue la misma cuando se discutía en el Congreso de la Unión el llamado Plan A presidencial.
La inmediatez de las consecuencias por el «domingazo» también se debió a que una secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas subestimó a quien ha jugado ya hace tiempo en las grandes ligas, incluso como dirigente nacional del partido, y como tal Carlos Puente hizo ver que no es «chiquito» ni «orejón». Y que, si se lo propone, puede ser factor decisivo entre mantener una coalición para la elección de 2027 o darla por terminada, un escenario que para nada conviene a MORENA en este momento.
Pero el tema de la reforma electoral del vergonzísimo «domingazo» aún no deja ver todos sus efectos. Ya varias voces han anunciado que se recurrirá a una controversia constitucional para dar marcha atrás a lo aprobado el 16 de agosto.
Pero en todo caso aún quedaría una alternativa menos lesiva para evitar los tribunales: la facultad del Ejecutivo estatal para ejercer el denominado «veto de bolsillo», es decir, que el decreto correspondiente no sea publicado en el Suplemento del Periódico Oficial.
Ese podría ser uno de los planteamientos del coordinador de la JUCOPO en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, una vez que intervenga para aplacar las aguas y limar asperezas a fin de mantener la coalición, una intervención que, dicen, ya se dio este mismo lunes.
Habrá que ver otras consecuencias, por ejemplo, para el diputado Santos González, promotor de la reserva que cambió por completo el dictamen votado en el «domingazo» y en la cual se olvidaron por completo del discurso de la austeridad que caracterizó al Plan A presidencial, para optar por persuadir de que la reforma electoral aprobada abonaba a un reparto más democrático de las plurinominales… aunque fuera para unos cuantos y se relegara a las minorías.
Porque no es secreto que el morenista Santos González es emanado de la «escuela» de Ricardo Monreal, quien ya varias veces ha tenido que intervenir en Zacatecas para limpiar el cochinero de una secta que tanto daño ha hecho a la entidad y que la «nueva gobernanza» transite. Más ahora que se acerca el último año de administración. Y el error del «domingazo» en medio de un proceso interno en MORENA que se antoja ríspido (por decir lo menos), por supuesto que lo que menos despierta son ovaciones.
En el aire, por otra parte, queda el futuro inmediato para Susana Rodríguez y Jorge Miranda, dos perfiles que aún militan en el Partido Verde y que se han ganado su espacio en la «nueva gobernanza», luego de la decisión del CEN del PVEM para expulsar a sus diputados en la 65 Legislatura. ¿Les alcanzarán las consecuencias, o una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa?
Finanzas sanas
A propósito del último año de la «nueva gobernanza», quizás uno de los pocos resultados positivos que merezca la pena destacar es el saneamiento de las finanzas estatales durante la actual administración, un tema sobre el cual habló puntualmente la secretaria de Finanzas, Ruth Angélica Contreras, en «La Informativa» de este lunes.
Porque en cinco años de administración, además de hacer efectiva la política de no contratar más deuda pública que siguiera comprometiendo las finanzas estatales, la deuda pública (de corto y largo plazo) se redujo en 7 mil 348 millones de pesos hasta llegar a un saldo (únicamente en obligaciones de largo plazo) de 6 mil 401 millones de pesos; es decir, apenas 1 mil 800 millones de pesos más que el total de los ingresos propios proyectados para este ejercicio fiscal.
De hecho, parte del fortalecimiento de las finanzas estatales ha sido producto del crecimiento en los ingresos propios en un 20.26% en los últimos cinco años, pero que en un solo año representan más del 100% de los ingresos propios que se tuvieron en el sexenio 2010-2016.
Estos factores contribuyeron a que Zacatecas fuera la entidad con mayor crecimiento en participaciones federales, con 8.7% real en el primer ajuste de 2026, cuando el promedio nacional cayó 3.0 por ciento.
Todo lo anterior influyó para que, en cinco años, la entidad mejorara su calificación crediticia y pasara de positiva a estable, producto de un manejo responsable de las finanzas, disciplina presupuestal y el crecimiento en los ingresos (propios y de origen federal), sin la contratación de nueva deuda.
Esa tal vez sea la mejor herencia que pueda dejar esta administración.
