De los pocos resultados positivos que legará la «nueva gobernanza» están los informados por la secretaria de Finanzas, Ruth Angélica Contreras, durante su comparecencia ante la 65 Legislatura con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.
Si bien aún quedan áreas de oportunidad, como la mejora en los mecanismos de transparencia (sobre todo en un lenguaje comprensible a la ciudadanía para que comprenda qué se recauda y a qué se destina cada peso), en cinco años de administración se puede hablar de saneamiento financiero, fortalecimiento presupuestal y crecimiento sostenible de las finanzas públicas.
No es menor lo informativo respecto a la deuda pública, que actualmente asciende a 6 mil 345 millones de pesos, es decir, 807 millones menos que al inicio de la actual administración. Porque en el fondo se han pagado más de 3 mil 366 millones de pesos únicamente en intereses, un monto bastante significativo porque representa casi tres ejercicios fiscales de presupuesto asignado a la Secretaría de Obras Públicas, por poner un ejemplo.
Además del cumplimiento de estas obligaciones, el fortalecimiento de las finanzas estatales ciertamente responde a varios factores:
- No ha habido contratación de nueva deuda, ni de corto ni de largo plazo.
- Los ingresos propios se han incrementado en 113% en cinco años de gobierno (para este 2026 se proyecta recaudar 4 mil 949 millones de pesos).
- Los ingresos totales crecieron de 33 mil 969 millones en 2021 a 48 mil 12 millones este año (41.3% aproximadamente).
- En el último Zacatecas fue la entidad con mayor crecimiento en participaciones federales (3.14%), con 421 millones de pesos adicionales en el ajuste definitivo de 2025.
Asimismo, de acuerdo con lo informado por la secretaria Ruth Angélica Contreras, este fortalecimiento financiero permitió inversiones importantes en diversos rubros en cinco años de administración:
- 17 mil 618 millones en seguridad y justicia (hasta 56% más que en administraciones anteriores).
- 12 mil 320 millones en inversión pública productiva (hasta tres veces más que en gobiernos anteriores).
- 7 mil 701 millones de pesos en política social (programas de apoyos, vivienda, asistencia alimentaria, campo y cultura, hasta 67% más que en administraciones pasadas).
- 97 mil millones de pesos en educación, incluyendo la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
- Más de 20 mil millones de pesos de transferencias de participaciones a los 58 municipios.
- 135 millones de pesos del Fondo de Saneamiento Financiero para solventar adeudos por créditos fiscales de los municipios.
En medio, también, quedan los estímulos fiscales y descuentos a las y los contribuyentes, con un máximo de hasta 65% y que implicaron una recaudación superior a los 170 millones de pesos.
Hasta aquí las cifras concretas. Y si bien muchos de los cuestionamientos de las y los diputados podrían tener su respuesta si se consultaran los informes financieros trimestrales que publica la SEFIN, insistimos, quedan retos en materia de transparencia, como el destino de los recursos del Viaducto elevado que nadie pidió (y que intuimos que fueron transferidos a otro fideicomiso) o proyectos como el Platabús, la Presa Milpillas o la coordinación con el esquema IMSS-Bienestar (y los desafíos que implica).
También los hubo, como el diputado Alfredo Femat, que solicitaron atención presupuestal a temas urgentes, como destinar al menos 5 millones de pesos de impuestos ecológicos a la Junta Intermunicipal de Operación del Relleno Sanitario (JIORESA) para prevenir un problema ambiental en la zona conurbada, además de apoyar en otros adeudos fiscales del organismo.
El rescate financiero del Issstezac salió a colación durante las intervenciones, así como la posibilidad de implementar un programa de retiro voluntario al cierre de la administración, el saneamiento financiero de subsistemas educativos, entre otros.
Más allá de los mensajes políticos cada vez más absurdos y teatralizados, queda claro que el desempeño de Ruth Angélica Contreras al frente de la SEFIN ha superado sus propias metas planteadas desde el Plan Estatal de Desarrollo, no obstante, quedan algunas reflexiones que serán importantes no sólo para el cierre de una administración, sino para futuros gobiernos.
Porque al final no sólo se trata de fortalecer las finanzas para garantizar suficiencia presupuestal; tambiés es fundamental cuestionarse en qué se invierte ese crecimiento presupuestal, un tema que ya escapa de las atribuciones de la SEFIN y compete más a las obligaciones de las demás dependencias de la administración pública.
Además, a propósito de la iniciativa de «Cero Deuda» que aún se discute en comisiones legislativas, ésta restringe la solicitud de nueva deuda a situaciones extraordinarias como una contingencia ambiental. Sin embargo, ya no incluye el factor de inversiones públicas productivas, un tema que se limita a lo que se pueda hacer únicamente con recursos propios.
Recordemos que la única entidad con una legislación similar es Tlaxcala, pero no necesariamente ha destacado por su gran inversión pública productiva.
Alternativas, en caso de aprobarse esta legislación para Zacatecas, pueden darse con los proyectos plurianuales que ya se han dado en esta administración, como fue el Viaducto elevado que nadie pidió (mediante un fideicomiso que se financiaba con economías internas) o los llamados PPS, proyectos de prestación de servicios en los que participa la iniciativa privada (un esquema con el que se edifició Ciudad Administrativa mucho antes de que este esquema fuera reconocido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
Más importante debió ser para las y los diputados cuestionar qué garantías hay para que el inicio de la siguiente administración, gane quien gane, no se enfrente a las arcas vacías como dicen que arrancó la «nueva gobernanza». Porque no hay que olvidar que ese fue el motivo que originó tantas protestas al inicio de la actual administración. Pero, pues, cada quién…
