Las mujeres constituyen poco más de la mitad de la población y a la fecha se siguen exigiendo condiciones para asegurar la igualdad de género, en todos los aspectos. Ahora, además de la pandemia de la COVID-19, nos encontramos con una pandemia de violencia hacia las mujeres, problema que no solo persiste, sino que tiende a aumentar. El respeto y protección de mujeres y niñas es un derecho humano que deben garantizar los gobiernos.
La violencia de género no solo afecta a las víctimas, lacera a las familias y daña a la sociedad, que han pasado de situaciones socialmente reprobables para convertirse en actos sancionables. La violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable y un acto que no debe ser ignorado, ya que constituye una grave violación a los derechos de la mujer.
Un gran porcentaje de mujeres y niñas enfrentan situaciones de violencia física y/o sexual, acoso, ciberacoso, abuso, explotación, maltrato, feminicidio. No solo estamos en semáforo rojo por la pandemia, también por la violencia hacia las mujeres y niñas y esto no se puede invisibilizar, es algo que no se puede quedar al margen, es un problema que se está agravando y se debe enfrentar.
Al parecer cada año, en el “Día internacional de lucha contra la violencia hacia la mujer”, la participación de los gobiernos y de los políticos queda en el discurso, o en un doble discurso, como para cumplir con el compromiso, cuando es un derecho fundamental que el gobierno cuente con infraestructura y personal especializado que asegure la realización de acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que sufren hoy en día, mujeres y niñas.
Al cierre de 2019 se registran en el país 1 mil 458 unidades administrativas en las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia, de las cuales, el 12.6% fueron fiscalías especiales, Zacatecas y Nayarit cuentan con 11 fiscalías especiales cada entidad, mientras que Aguascalientes, 56; Tlaxcala, 13; Campeche, 21; Baja California Sur, 23; y Colima, 26, siendo estados con menos población que Zacatecas.
En lo que respecta a la infraestructura para la atención de la violencia de género en contra de las mujeres, el estado de San Luis Potosí tiene el mayor número de Agencias del ministerio público especializada, y el estado de Morelos cuenta con el mayor número de oficinas de atención a víctimas. Zacatecas es de los que menos infraestructura tiene, aunado a esto, el presupuesto asignado no es suficiente para dar respuesta a los servicios de atención.
La deficiente infraestructura es una limitante para las víctimas que enfrentan una situación de violencia y tomando en cuenta que desde que se presentó la pandemia por el COVID-19 se ha intensificado la violencia contra las mujeres y niñas principalmente en los hogares, además, con las restricciones de movilidad por las medidas de confinamiento, aunado al miedo, muchas mujeres en situación de peligro no denuncian.
Si bien es cierto que en los últimos años se han realizado importantes adecuaciones a la legislación nacional, estatal y municipal para proteger y garantizar los derechos de la mujer, existen diferencias en la manera de concebir y dimensionar el problema de la violencia de género contra la mujer. No debemos ir en retroceso, es necesario y urgente redoblar esfuerzos en la implementación de acciones para garantizar una vida libre de violencia para mujeres y niñas.
