Hace unos meses en Lalalá News advertíamos sobre un vacío legislativo en torno a la normatividad que regula la paridad en las candidaturas a algún cargo de representación popular, pues mientras se precisa este obligatoriedad 50/50 en cargos de regidurías, alcaldías, diputaciones locales y federales, nunca se especificaba esta paridad en el caso de las gubernaturas.
La semana pasada hubo una controversia nacional por una iniciativa promovida desde el Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar esta paridad en las candidaturas a las gubernaturas, que para el proceso electoral 2020-2021 implicaría otorgar a las mujeres una candidatura en al menos siete de las 15 gubernaturas que serán renovadas el próximo año.
La iniciativa no gustó al senador Ricardo Monreal Ávila, quien a finales de la semana pasada, a nombre de la Junta de Coordinación Política en el Senado (JUCOPO), anunció que podrían interponer un recurso contra dicha propuesta, al considerar que el propio INE se extralimitó en sus facultades de reglamentación.
El problema inició cuando la senadora Geovanna Bañuelos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), desmintió que este partido político estuviera de acuerdo con el posicionamiento que hizo el senador Ricardo Monreal y se deslindó de esas declaraciones arguyendo estar en pro de la paridad y la defensa de los derechos políticos de las mujeres.
Hasta este punto el senador Ricardo Monreal Ávila podría haber tenido razón respecto a la extralimitación de las facultades del INE, a pesar de que el tema sea una demanda histórica de las mujeres y feministas para lograr la igualdad sustantiva.
Pero la situación se puso más ríspida cuando el mismo jueves 5 de noviembre, diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una iniciativa al respecto.
Así, en caso de que proceda la controversia que pretende interponer el senador Ricardo Monreal, se tiene ya el antecedente en el propio Congreso de la Unión, facultado para hacer este tipo de modificaciones a la legislación en la materia, como argumenta el senador, pues esta reforma al segundo párrafo de la fracción I del artículo 116 constitucional señala: “Para garantizar el cumplimiento de lo previsto en la base I del artículo 41 de esta Constitución, en las candidaturas a gobernadores los partidos políticos nacionales deberán postular a una mujer en al menos la mitad de las entidades federativas en las que se renueve el Poder Ejecutivo en un mismo año”.
El tema cobra otra dimensión cuando se sabe que entre los promoventes de la iniciativa se encuentran los diputados federales Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés y Carlos Alberto Puente Salas, ambos del Partido Verde Ecologista y este último, quien hace unos meses había anunciado que el PVEM apoyaría la candidatura de David Monreal a la gubernatura de Zacatecas.
Por si fuera poco, la propia hija del senador, Caty Monreal Ávila, desde que inició su incursión en la vida pública y política del país en las filas de MORENA ha promovido este tipo de iniciativas para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y en diversas ocasiones se ha pronunciado en contra de la violencia política por razones de género que tanto han obstaculizado el avance de las mujeres en la política.
Tal vez uno no sea muy leído en temas legislativos, pero entiende que moralmente es incorrecto el actuar del senador, quien parece traicionar incluso el trabajo impulsado por su propia hija al interior del partido en el que ambos militan. Pero es un tema sobre el cual no hemos visto las posturas de otras figuras de interés, como Claudia Anaya, Soledad Luévano, Noemí Luna o incluso la propia síndica Ruth Calderón Babún, quien ha hecho historia al ganar el primer juicio donde se declara violencia política por razones de género a un representante de elección popular.
De cualquier modo, el tema podría poner en serios aprietos a MORENA en el próximo proceso electoral, pues incluso si prosperara la controversia del senador Ricardo Monreal contra el INE, aún quedaría pendiente la iniciativa promovida en la Cámara de Diputados y que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, considerando que actualmente este partido lidera las preferencias en al menos 14 de los 15 estados que renovarán sus gubernaturas en el 2021, según diversas encuestas.
El gran problema es que la mayoría de esas posiciones las encabezan hombres y no mujeres y las pocas que han sido consideradas en las mediciones de diferentes casas encuestadoras muestran que tienen menor posicionamiento frente a otros partidos políticos. En consecuencia, una iniciativa así implicaría para MORENA poner en riesgo gubernaturas que parecería que ya tienen ganadas.
Esta coyuntura debería poner a reflexionar a los diferentes partidos políticos sobre sus propias acciones para empoderar a la mujer en la política y si realmente se han traducido en un mayor posicionamiento de las mujeres, atendiendo al objetivo de lograr una igualdad sustantiva también en la vida pública y política del país.
Tan solo en Zacatecas se tienen 15 mujeres al frente de un Ayuntamiento, eso significa que una de cada cuatro alcaldías es encabezada por una mujer y la mayoría pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Una situación similar se aprecia entre las diputaciones locales, pues de las 18 que existen por mayoría relativa, solo cinco son encabezadas por una mujer.
Tal vez esta coyuntura permita repensar el trabajo político que realizan los diferentes partidos e integrar nuevos mecanismos para la selección de sus candidatos. Por ejemplo, se podría hacer una medición demoscópica en cada municipio y/o distrito donde se puedan incluir aspirantes hombres y mujeres para evaluar el nivel de posicionamiento logrado para cada uno y así elegir con mayor apego a esta paridad que tanto se ha buscado.
Quién sabe si esta tercera década del siglo XXI nos depare un nuevo paradigma en torno a la idea de poder y cómo es ejercido por las mujeres. ¿México está preparado?
