Del amplio espectro que abarca la diversidad sexual, la comunidad Trans* (transgénero, transexual, travesti) tal vez sea de las más desprotegidas en materia de derechos humanos y una de las que ha sufrido en mayor medida los crímenes de odio (grado último de la transfobia), especialmente en el sur del país.
Para muchos es difícil entender y asimilar que el sexo, la identidad de género, la identidad sexual y la orientación sexual son conceptos que se relacionan entre sí, pero uno no determina al otro. Es el caso de las personas Trans* y motivo de cierta “mitificación” que ha conducido a la discriminación (y exclusión) de este sector.
Partamos de un ejemplo para explicar por qué la comunidad Trans* estaría en desventaja frente a otras identidades y cómo la discriminación se presenta en distintos grados. No es lo mismo la discriminación que pueda llegar a sufrir un hombre gay, masculino, raza blanca, clase alta que una mujer transexual, no heterosexual, raza negra, clase baja. Los prejuicios sociales también permean sobre la orientación e identidades sexuales incluso al momento de discriminar.
Este escenario nos lleva a estadísticas alarmantes: en México el índice de suicidio oscila entre el 6% y el 8% de la población, de acuerdo con cifras de la OMS; en el caso de las personas Trans*, este índice se eleva al 47%, con una edad promedio de vida de 35 años, mientras que a nivel nacional la media supera los 60 años.
En el caso específico de la población transexual (hombres y mujeres), se enfrentan a la barrera del reconocimiento legal de su identidad de género, lo que deriva en la limitación para el acceso a otros derechos.
No obstante, en la última década se han impulsado reformas para revertir esta situación, a tal grado que ya es posible tramitar el cambio de acta de nacimiento que corresponda a la reasignación sexo-genérica de la persona transexual y, en consecuencia, la posibilidad de modificar otros documentos oficiales.
Entre estos trámites destaca la credencial para votar. Tan solo de abril de 2015 al 21 de junio del 2017 el Instituto Nacional Electoral (INE) tramitó 4 mil 720 cambios de credencial para votar con fotografía por modificación sexo-genérica a fin de garantizar su derecho al voto y contribuir a que esta comunidad se identifique de acuerdo con su género. De este número, en Zacatecas se realizaron 28 cambios de credencial para votar; era la tercera entidad en el país con menor número de trámites.
Destaco este punto en particular ya que garantiza uno de los derechos fundamentales de la democracia: el derecho a votar y ser votado. Aunque es un gran avance la posibilidad de identificarse con el sexo-género que corresponde a una persona Trans*, aún falta un larga lucha para integrarse a la vida política del país. Para una explicación más amplia me remito a la tesis de maestría de Luisa Rebeca Garza López, “Violencias de género y participación política electoral de las personas trans* en México desde 1990 dentro del sistema electoral mexicano”.
Rebeca Garza habla de la neutralización jurídica para la participación de la comunidad Trans* en la vida política del país. Más allá de los procesos internos de los institutos políticos, si una persona Trans* desea inscribir su candidatura a un cargo de elección popular, el órgano electoral apela al registro con documentos oficiales, donde aparece un nombre y sexo con el que no se identifica la persona Trans*; en cambio, se le ofrece registrar su nombre como alias, cuando un alias no es precisamente el nombre con el que se identifica una persona Trans*
Y aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya presentó un protocolo para la atención por orientación sexual e identidad de género, muchas instituciones no lo aplicas y se mantiene la discriminación (indirecta) por omisiones legislativas: a la persona Trans* no se le niega el derecho a ser votada, pero no puede registrarse con el nombre con el que se identifica.
Bien lo dijo esta semana Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ): “las personas transgénero están siendo víctimas de discriminación institucional por parte fundamentalmente de los registros civiles, el Instituto Nacional Electoral y otras instituciones a un derecho que debiera ser personalísimo, íntimo y sin necesidad de iniciar un juicio para cambiar su identidad de género”.
Mucho camino falta por recorrer, de ahí la importancia de iniciativas como las que impulsa la diputada local Mónica Borrego para garantizar la protección de este derecho para la comunidad Trans* y que garanticen en la práctica el derecho a ser votados no solo con enfoque de género y equidad de género, sino también con una visión de diversidad sexual.
