Esta fue la afirmación que me encontré por diversos medios y hasta en persona respecto al segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quisiera creer que es así, pero van dos años, muchos señalados, algunos detenidos y ninguna sentencia condenatoria que cause estado.
Se creó el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y tuvieron que “renunciar” al titular por presunción de robo. Se detuvo a Rosario por el caso de la Estafa Maestra y hoy es más un testigo protegido para convertirse en “soplón”, pero ¿cuánto tiempo ha pasado y no se le ha podido vincular a proceso? García Luna, Salvador Cienfuegos, el Chapo y el Chapito y más nombres que durante un tiempo acapararon la agenda mediática nacional e internacional y nada ha pasado.
Lo mismo ocurre al interior de la administración federal, donde también hay denuncias por diversas irregularidades, con una larga lista de señalados (incluyendo zacatecanos), sin ver hasta el momento algún resultado concreto en el combate a la corrupción. O la justicia es lenta o esta demora más bien se estaría capitalizando para el proceso electoral 2021.
De pronto desaparecen fideicomisos para disponer de más de 33 mil millones de pesos que ahora serán de libre disposición, pero nunca se vio una denuncia que justificara esta desaparición. ¿Qué pasó? Bastó con exhibir un listado de empresas “beneficiadas” con estos fideicomisos, incluso algunos proyectos que a primera vista parecerían absurdos e innecesarios, para legitimar una decisión. El mensaje que dejan es que tal vez moralmente no fue correcto el manejo de los fideicomisos, pero estaban en la legalidad. De ahí la necesidad de “criminalizar”.
Quisiera estar equivocado. Quisiera pensar que de verdad esta Cuarta Transformación, este “cambio verdadero”, en realidad está cumpliendo con el compromiso de combatir la corrupción, una de las principales demandas de la ciudadanía que le dio la confianza al proyecto que hoy se encuentra en el gobierno. Pero incluso en el gobierno ha habido grandes figuras que han abandonado el barco, algunos en silencio y otros comentando algunas decisiones con las que no están de acuerdo.
¿Qué hay detrás? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que sigue en el hangar el avión presidencial que se puso en venta y nadie lo adquirió, que se puso en rifa y al final no se rifó, e incluso los premios de esa rifa tuvieron retraso en su entrega (y quién sabe si en su aplicación), como ocurrió en el municipio de Fresnillo. Sabemos que a dos años de administración, aún hay padres y madres de menores con cáncer que continúan molestos porque sus hijos siguen sin tener garantizado el tratamiento para sus hijos.
Las cifras alegres de la seguridad tampoco dan confianza cuando los delitos de alto impacto siguen haciendo mella y aunque los delitos del fuero común vayan a la baja, la percepción de inseguridad aumenta, incluyendo la incidencia de delitos que afectan a las mujeres, como el feminicidio, y de eso ya vivimos un duro ejemplo recientemente.
La pandemia por el COVID-19 es tema aparte. Ha sido un estira y afloja desde todos los niveles de gobierno y partidos políticos, donde la iniciativa privada y hasta la ciudadanía ha tenido mucho que ver en su grado de responsabilidad o irresponsabilidad. Lo cierto es que las cifras siguen y siguen en aumento y el presidente sigue desestimando las medidas sanitarias básicas para prevenir más contagios.
Y aunque hoy los programas sociales se han elevado a rango constitucional, sigue preocupando las instituciones que se encargan de ejecutarlos, pues continúan sin transparentarse los padrones de beneficiarios y en las pocas revisiones de la Auditoría Superior de la Federación que han trascendido vaya que han resultado serias observaciones. Pero en este gobierno ya no hay corrupción.
Como analista, tampoco me cuadra que ciertos programas se concentren en la región sur del país, sin diagnóstico previo, mientras se recortan programas o fondos para el resto del país. Incluso los cambios en la política presupuestaria para “alentar” la recaudación propia de estados y municipios, pero sin darles herramientas, pintan un panorama muy difícil para el 2021.
Van dos años del voto de confianza, es un tercio de esta administración federal. ¿Hasta cuándo resultados concretos? ¿o habrá que esperar al año electoral? ¿por fin veremos sentencias condenatorias en esa pretendida lucha contra la corrupción? ¿o seguirán haciéndose de la vista gorda?
