Muy austero fue el informe de labores del magistrado Arturo Nahle García al frente del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, una austeridad que contrastó con las multitudes que en años anteriores se congregaban en el Palacio de Justicia y que hoy se redujeron a una reducida audiencia debido a la pandemia por el COVID-19.
La contingencia sanitaria evidentemente ha hecho mella en muchos sectores, incluyendo a la administración pública; sin embargo, la impartición de justicia, por ser actividad esencial, no se detuvo durante el 2020 y así lo demostró el magistrado riograndense en su balance anual.
En un año se atendieron 19 mil 296 nuevos asuntos en las diferentes áreas que abarca el Poder Judicial. Eso significa unos 1 mil 608 asuntos por mes o 52 asuntos por día y todo eso bajo las condiciones a las que obligó la contingencia, como la restricción de actividades, el cierre de oficinas, la suspensión de actividades presenciales, el trabajo a distancia, modificar los términos y plazos legales, entre muchos otros cambios.
¿Cómo garantizar una impartición de justicia pronta y expedita bajo estas circunstancias? El propio Arturo Nahle ha reconocido las dificultades que enfrentaron (y que aún deberán sortear en buena parte de este 2021), pero la obligación constitucional y el espíritu de servir distinguieron al Poder Judicial durante este periodo.
El Pleno emitió 15 acuerdos para ajustarse a cada etapa de la pandemia y seguir garantizando la impartición de justicia en todo el estado, implementando las sesiones virtuales o las audiencias telefónicas, entre muchas otras estrategias que no dejaran desprotegida a la población en una de sus demandas más esenciales: la justicia.
Dos áreas fueron fundamentales durante este periodo y nunca dejaron de atender los asuntos que llegaban al Poder Judicial: en materia familiar y penal. En el primer caso, porque las condiciones de la pandemia propiciaban desigualdades y violencias en el seno familiar que debían ser resueltas en la instancia adecuada.
En el segundo caso, porque el crimen no descansa y la seguridad es una de las principales demandas de la ciudadanía, pero para ello también hay que garantizar que se haga justicia. Una labor titánica debieron enfrentar los jueces durante la contingencia y aun así lograr que el 92.1% de las sentencias en materia penal fueran condenatorias.
¿Ha sido suficiente?, ¿aún no cubre las expectativas?, ¿no ha estado a la altura el trabajo del Poder Judicial? Pensemos que durante nueve meses trabajaron con el 30% del personal, en algunos casos menos, y aunque cada día llegaban nuevos casos que se sumaban a los litigios de años anteriores, el trabajo tenía que salir.
El empeño no cejó. Con gran esfuerzo y la persistencia de Arturo Nahle, hoy Zacatecas es punta de lanza en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Laboral, se actualizó la página de internet para que la justicia sea más accesible a la ciudadanía, se lanzó la revista del Poder Judicial como órgano de difusión para socializar temas de interés en la impartición de justicia (y ha habido artículos muy interesantes cuya aplicación en el Poder Legislativo serían de mucha ayuda).
Hoy el reto no es menor. Ante los efectos de la pandemia y los nuevos ordenamientos legales, el Poder Judicial asume el compromiso de cumplir con el mandato de la Ley General de Transparencia para la publicación de sus sentencias, respetando la protección de datos personales. De esta manera también se contribuye a transparentar el actuar en la impartición de justicia.
Todos estos logros tampoco son cualquier cosa y aunque en otras circunstancias hubieran ameritado echar la casa por la ventana en un gran festejo, ni la pandemia lo permite ni hubiera sido “moralmente” correcto llegar al dispendio cuando se busca una política de austeridad.
Pensemos en lo simbólico de que un magistrado presidente haya rendido su informe de labores en el Salón de Plenos del Palacio de la Mala Noche, un recinto que no había sido utilizado con esta finalidad en casi 20 años, pero que recobró su sentido con Arturo Nahle y la presencia del gobernador Alejandro Tello y el diputado Raúl Ulloa, presidente de la Mesa Directiva de la 63 Legislatura.
Los tres poderes reunidos en una sede histórica, con la mínima audiencia, sin la acostumbrada pasarela de personalidades invitadas, las porras y las olas de aplausos, los grandes banquetes o los brindis carísimos con cargo al erario. Ni siquiera un canapé. Una austeridad franciscana como la que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que no se refleja en los perfiles que hoy impulsa la 4T para las gubernaturas. Ojalá continúen los resultados en el Poder Judicial, por el bien de todos.
